Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0092/2026-RCA Sucre, 17 de marzo de 2026
Expediente: 82103-2026-165-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Oruro
En revisión la Resolución de 20 de febrero de 2026, cursante de fs. 11 a 13, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elizabeth Rosario Villanueva Michel contra Hernán Ocaña Marzana y José Luis Rodríguez Alanez, Vocales de la Sala Civil Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Ana Adela Quispe Cuba, Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del citado departamento.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial de 18 de febrero de 2026, cursante de fs. 9 a 10 vta., dentro del proceso ejecutivo con Número de Registro Judicial (NUREJ) 40136717, seguido por Jenny Jeaneth Delgado Bustamante en su contra, se constató el extravío total del expediente judicial, incluyendo documentación probatoria esencial, entre ellas, recibos de pago que acreditan el cumplimiento de obligaciones y desvirtúan la pretensión ejecutiva.
Mediante Auto Interlocutorio de 17 de abril de 2025, la Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la capital del departamento de Oruro -codemandada-, dispuso la reposición del expediente, conforme al art. 104.2 del Código Procesal Civil (CPC), intimando a las partes a presentar la documentación correspondiente en el plazo de diez días; no obstante, la reposición efectuada resultó incompleta y meramente aparente; puesto que, la parte ejecutante presentó únicamente alrededor de cincuenta fojas, omitiendo deliberadamente los recibos de pago originales que acreditaban el cumplimiento de la obligación; asimismo, no se dictó el auto interlocutorio previsto por el art. 104.3 del citado Código, mediante el cual debía declararse formalmente repuesto el expediente y disponerse la prosecución del proceso, permitiendo irregularmente la continuación del trámite sin la integridad de las pruebas esenciales. Dicha actuación tampoco le fue debidamente notificada, máxime cuando el proceso había permanecido paralizado por más de un año, circunstancia que debía ser explicada por la parte ejecutante.
El 11 de septiembre de 2025, interpuso incidente de nulidad procesal, denunciando la vulneración de los principios del debido proceso, verdad material, impulso procesal de oficio, publicidad y transparencia, contemplados en los arts. 1.2, 4 y 16 del CPC, así como la situación de indefensión al haberse impedido su derecho a la defensa, por la falta de incorporación de los recibos de pago que fueron ocultados por la ejecutante y que posteriormente obtuvo mediante acción constitucional; por lo que, solicitó se declare la nulidad de obrados, al amparo de los arts. 104 del CPC y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Sin embargo, la Juez codemandada, mediante Auto Interlocutorio de 25 de septiembre de 2025, rechazó el incidente de nulidad, argumentando que se habría dado cumplimiento al art. 104 del CPC y que no existiría indefensión, pese a la evidente reposición incompleta del expediente y el perjuicio irreparable ocasionado, el 1 de octubre de 2025, planteó recurso de apelación contra dicho Auto Interlocutorio, solicitando su revocatoria y la consiguiente declaración de nulidad del proceso, denunciando error de hecho y de derecho, preclusión indebida de plazos, posible encubrimiento de actuaciones irregulares y vulneración de derechos constitucionales.
No obstante, la Sala Civil Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -codemandada-, mediante Auto de Vista 623/2025 de 18 de noviembre, declaró inadmisible el recurso de apelación, argumentando que debió interponer recurso de reposición con alternativa de apelación, conforme el art. 344.1 del CPC, al haber optado por la apelación directa, esta decisión impidió el análisis del fondo de los agravios planteados, aplicando un formalismo excesivo que desconoce el principio pro actione y la gravedad del vicio denunciado, consistente en el extravío doloso del expediente, la reposición incompleta y la consecuente indefensión.
Habiendo sido notificada con el citado Auto de Vista 623/2025, interpuso la presente acción de defensa, dentro del plazo de seis meses, de acuerdo a lo previsto por los arts. 130.II de la CPE y 52 del Código Procesal Constitucional (CPCo); Además, no existe otro medio o recurso idóneo y eficaz para la protección inmediata de sus derechos fundamentales; toda vez que, el excesivo formalismo aplicado por el Tribunal de alzada, impidió el acceso efectivo a la doble instancia y al análisis de fondo de las vulneraciones denunciadas.
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