0093/2020-S1

De esta manera, los Vocales ahora demandados vulneraron el debido proceso vinculado al derecho a la libertad física, toda vez que:

1. a)Modificaron de oficio, sin que exista pedido de la víctima o del Ministerio Público, las medidas sustitutivas dispuestas inicialmente por el Juez a quo, por la detención preventiva;
2. b)Se apartaron injustificadamente de los aspectos cuestionados por la parte recurrente, quebrantando el principio de congruencia y lo previsto por el art. 398 del CPP;
3. c)Soslayaron su obligación de fundamentar y motivar la existencia de los supuestos defectos absolutos en los principios que rigen las nulidades procesales, conforme determinó la jurisprudencia constitucional; y,
4. d)Omitieron explicar de qué manera la concurrencia de un solo riesgo procesal consistente en el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP sería suficiente para ordenar la medida extrema de detención preventiva, cuando el Juez de primera instancia sostuvo que existen otras medidas menos gravosas que garantizan la averiguación de la verdad histórica del hecho investigado.

Solicita se conceda la tutela y se disponga:

1. 1)La "nulidad" del Auto de Vista de 28 de agosto de 2019; y,
2. 2)Se emita una nueva Resolución con la debida fundamentación y motivación.

José Eddy Mejía Montaño por sí y en representación de Patricia Torrico Ortega, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito de 11 de septiembre de 2019, cursante de fs. 35 a 36 vta., manifestó lo siguiente:

1. i)Mediante Auto de Vista de 28 de agosto de igual año, se declaró "procedente" la apelación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Colomi del referido departamento, contra el Auto de 30 de julio de similar año, revocándose el mismo y rechazando la cesación a la detención preventiva del ahora impetrante de tutela;
2. ii)Cita jurisprudencia constitucional relativa a la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales, enfatizando en que a esta jurisdicción constitucional no le corresponde ingresar a pronunciarse sobre aspectos propios de la jurisdicción ordinaria;
3. iii)Este Tribunal de alzada se limitó a la observancia estricta de las disposiciones contenidas en el art. 239.1 del CPP, y la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0385/2017-S2;
4. iv)El Auto de Vista cuestionado no vulnera el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, puesto que, expresa las razones legales por las cuales se revoca el citado Auto apelado, consiguientemente, nuestra actuación se ha circunscrito a los parámetros establecidos por la uniforme jurisprudencia constitucional, así como a los antecedentes del caso específico, debiendo tener presente en este punto que con la referida acción de libertad se pretende restablecer la Resolución revocada, petición que no se encuentra sustentada en ninguna disposición legal; y,
5. v)Debe tomarse en cuenta que, en contraposición a los derechos del procesado dentro del proceso penal, se encuentran involucrados los derechos de la víctima menor de edad en situación de vulnerabilidad; y,
6. vi)Por el principio de revisabilidad y temporabilidad las medidas cautelares no causan estado; es decir, son modificables aún de oficio conforme prevé el art. 250 del CPP, motivo por el cual, el ahora accionante cuenta con las vías respectivas para solicitar la cesación de la detención preventiva, demostrando objetivamente su pretensión a través de nuevos elementos de convicción que desvirtúen los motivos que la fundaron, por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada.

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 11 de septiembre de 2019, cursante de fs. 37 vta. a 43 vta., denegó la tutela solicitada, en mérito a los siguientes fundamentos:

1. a)El art. 398 del CPP, circunscribe la competencia de los tribunales de alzada para emitir pronunciamiento sobre los agravios que pone en consideración el recurrente; sin embargo, en la línea jurisprudencial establecida en la SC 1471/2012 de 24 de septiembre, las circunstancias de excepción a esta "restricción" se da cuando concurren defectos absolutos no susceptibles de convalidación o cuando se motiva la afectación de derechos de las partes o una afectación al debido proceso que resulte evidente; así como verificar que el pronunciamiento sea establecido en el marco normativo que regula al tratarse de una institución reglada;
2. b)A su vez, debe tomarse en cuenta lo previsto en el art. 403.3 interpretado conforme al art. 406 ambos del CPP, que establecen el deber del Tribunal de apelación de resolver el fondo de la situación sin que se pueda disponer por la nulidad de obrados, ya que su decisión involucra de forma directa el derecho a la libertad del imputado; lo que permite inferir un reconocimiento tácito de la concurrencia de facultades a los tribunales de apelación de disponer, revisar, modificar o inclusive revocar las medidas cautelares impuestas, más aun cuando como en el presente caso, se advierte la concurrencia de incongruencia interna en la Resolución apelada que motivó la intervención del Tribunal de apelación con la finalidad de corregir el razonamiento erróneo aplicado por el Juez aquo;
3. c)En relación a la falta de fundamentación, hace hincapié que, en ningún momento se dispuso por la nulidad de la resolución del Juez cautelar ya que tal circunstancia motivaría el acto procesal o la resolución se tuviese como si nunca se hubiera realizado, correspondiendo la reposición del mismo por la misma autoridad que la pronunció, lo que en la especie no aconteció, ya que las autoridades demandadas determinaron la revocatoria, lo que implica que la misma persiste pero no surte efectos al haber sido sustituida por el Auto de Vista de 28 de agosto de 2019, razón por la que resulta innecesario ingresar a analizar los principios vinculados con tal instituto;
4. d)El Tribunal de alzada no dispuso la detención preventiva del imputado en el recinto penitenciario, conforme señala el peticionante de tutela, pues aquella medida ya fue dispuesta por el Juez instructor que tuvo a su cargo la aplicación de medidas cautelares en su oportunidad, y que no fueron modificados de modo alguno por las autoridades demandadas;
5. e)En la audiencia verificada en apelación, se consideraron aquellos argumentos objeto del debate así como los fundamentos que viabilizaron la cesación a la detención preventiva y de forma indirecta motivaron la revisión de la fundamentación de la resolución del Juez a quo, fundamentando su decisión en la identificación de una incongruencia interna;
6. f)Los argumentos detallados en el Auto de Vista impugnado, permiten concluir que los Vocales demandados emitieron con la debida fundamentación y congruencia, enunciaron los preceptos que apoyaron su determinación, motivaron la procedencia del recurso interpuesto por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Colomi del citado departamento y no la improcedencia del mismo como el impetrante de tutela erróneamente alega; y,
7. g)Debe considerarse que la intervención de oficio efectuada por el Tribunal de alzada como emergencia de haberse identificado una inadecuada y errónea aplicación de la normativa en na resolución pronunciada por un Juez inferior, de no ser observada y rectificada motivaría una afectación al debido proceso, pues se estaría favoreciendo indebidamente a una de las partes máxime cuando se advierte en el caso, se ventilan derechos respecto de sujetos en condición de vulnerabilidad y que merecen protección reforzada.