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TCP

0093/2020-S4

Tribunal Constitucional Plurinacional
14 de julio de 2020SALA CUARTA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0093/2020-S4

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0093/2020-S4 Sucre, 14 de julio de 2020

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional

Expediente: 29224-2019-59-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 0011/2020 de 21 de enero, cursante de fs. 481 a 485, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sorca Zulema Segovia LLanos contra Laslo Juan de la Cruz Vargas Vilte, Fiscal Departamental de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 14 de mayo de 2019, cursantes de fs. 337 a 340 vta., y aclaratorio de 17 del mes y año señalados (fs. 343), la accionante, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal instaurado contra María Elva Rodríguez Galvez, por el delito de lesiones, los Fiscales de Materia dictaron la Resolución de Sobreseimiento de 29 de mayo de 2018, desestimando su denuncia. Objetada que fue, el Fiscal Departamental de Cochabamba -ahora demandado-, mediante la Resolución Jerárquica OVE IS 269/2018 de 18 de julio, incurriendo en omisión valoratoria de la prueba aportada en la investigación, consistente en el muestrario fotográfico, acta de buena conducta suscrita por la imputada, declaración informativa de la sindicada que reconoció la autoría del hecho, "mechones de cabello que le fueron arrancados" (sic), y declaración de la testigo presencial, confirmó el sobreseimiento impugnado.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante, señaló como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, motivación de las resoluciones y valoración de la prueba; así como los principios de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115.II, 117 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

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