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TCP

0093/2025-O

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de noviembre de 2025SALA TERCERA
Resumen del caso

Auto 0093/2025-O

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0093/2025-O Sucre, 20 de noviembre de 2025

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 37426-2021-75-AAC Departamento: Cochabamba

La queja por sobrecumplimiento de la , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rodrigo Ariel Rojas Peredo contra Stephan Müller, representante legal de la empresa "WINDOWS AND OFFICE".

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la queja por sobrecumplimiento

Por memorial presentado el 27 de agosto de 2024, cursante de fs. 186 a 192 vta., Stephan Müller, extranjero y ahora activante de queja, alegó el sobrecumplimiento de la , manifestando que, conforme al , y a la doctrina constitucional desarrollada en los , y , el art. 16 del Código Procesal Constitucional (CPCo) estableció que la ejecución de fallos constitucionales correspondía al juez que conoció la acción, mientras que las quejas por incumplimiento o sobrecumplimiento competían al Tribunal Constitucional Plurinacional, señaló que dichas resoluciones precisaron que la Sentencia Constitucional plurinacional, debía cumplirse a cabalidad, sin exceso ni ampliaciones, permitiendo a la parte accionante denunciar incumplimiento y a la parte demandada denunciar sobrecumplimiento cuando la ejecución excedía lo dispuesto; trámite que además, tenía efecto suspensivo, en ese marco, presentó la queja por sobrecumplimiento al advertir irregularidades que ponían en riesgo sus derechos fundamentales.

Indicó que, la Resolución RAC-SCIII-0090/2020 de 10 de diciembre, dio lugar a la , relativa a la acción de amparo constitucional, interpuesto por Rodrigo Ariel Rojas Peredo, quien le atribuyó de manera errónea la representación de la empresa "WINDOWS AND OFFICE", refirió que dicha persona alegó haber sido contratada para la venta de códigos de actualización y soporte informático y haber sido retirada de manera indirecta; motivo por el cual, presentó denuncia ante la Jefatura Departamental del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que emitió la conminatoria MTEPS-JDT CO-057/2020 de 25 de septiembre, instruyendo su reincorporación y el pago de salarios. Señaló que dicha conminatoria, le fue notificada de manera indebida como supuesto representante legal, pese a que no fue ni era representante ni titular de la referida empresa, existiendo únicamente coincidencia de domicilio comercial con el "Club de Fútbol Exótico de Tiquipaya", del cual sí es representante.

Adujo que desde la notificación con la conminatoria del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, hasta el emplazamiento con la acción tutelar, se actuó dolosamente en su contra, careciendo de legitimación pasiva, pues la acción debió dirigirse contra la persona que ostentara la condición de propietario o representante legal real de "WINDOWS AND OFFICE", identificable mediante personería jurídica, licencia de funcionamiento o Número de Identificación Tributaria (NIT), requisitos necesarios para evitar inducir en error a la autoridad jurisdiccional; sostuvo que, sin embargo, tanto la Sala Constitucional como el Tribunal Constitucional plurinacional se dejaron llevar por la deslealtad procesal del accionante, tramitando primero la denuncia de incumplimiento de la conminatoria, materializada en la RA 294-23 con calidad de Título Coactivo, y luego la propia acción de amparo constitucional, lo que generó una persecución penal en su contra y actualmente un proceso laboral de ejecución de restitución de derechos, pretendiendo incluso que reincorpore al accionante y pague Bs 344 931,84.- (trecientos cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y uno 84/100 bolivianos), por una empresa de la cual no era representante ni titular, configurándose así un claro sobrecumplimiento de la , con vulneración del debido proceso y de derechos constitucionales.

Señaló también que la vulneró el derecho al debido proceso, al llevar adelante una audiencia de amparo constitucional sin su notificación, mientras se encontraba fuera del país, y al atribuirle responsabilidades sobre la empresa "WINDOWS AND OFFICE", de la cual no era titular ni representante legal, generando absoluta indefensión y negándole la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa, presentar prueba o contradecir los hechos, afirmó que esa actuación ignoró garantías esenciales del debido proceso reconocidas en la Constitución Política del Estado y en la jurisprudencia constitucional, tales como la defensa, la legalidad, la imparcialidad, la igualdad procesal y la legitimación pasiva, imponiéndole obligaciones y sanciones indebidas y constituyendo un acto arbitrario que justificaba la interposición de la queja por sobrecumplimiento.

Finalmente, manifestó que la legitimación pasiva constituía un presupuesto esencial para la validez de una acción de amparo constitucional, pues exigía que el recurso se dirija contra la persona o autoridad que efectivamente ejecutó el acto ilegal u omitió la actuación que vulneró derechos, conforme a la jurisprudencia contenida en la , , , , y , expuso que no bastaba la simple interposición del recurso, sino que debían cumplirse los presupuestos procesales de forma -demanda, capacidad procesal y competencia- y de fondo -existencia del derecho y legitimidad para obrar-siendo la legitimación pasiva la coincidencia entre la autoridad demandada y quien cometió la vulneración, añadió que los poderes o cartas de representación debían ser auténticos y fehacientes, pues documentos como fotocopias simples o firmas no reconocidas carecían de validez para conferir representación, evitando así la vulneración de garantías procesales de la parte afectada.

Asimismo, enfatizó que la representación legal de una persona jurídica en Bolivia no podía acreditarse de manera informal ni por simple declaración de un trabajador, sino que requería prueba solemne, como el certificado de existencia y representación legal registrado en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC) y comunicado a los organismos fiscales, documento que permitía al representante legal asumir compromisos y actuar en nombre de la empresa, firmar contratos y representar a la sociedad en juicios, afirmó que, en el marco de un amparo constitucional, el juez debía verificar que el demandado fuera efectivamente el titular o representante legal de la empresa, siendo esa la única forma válida de acreditar tal condición y garantizar el debido proceso, asegurando la participación, la defensa y la contradicción en toda actuación administrativa o judicial.

I.1.2. Petitorio

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