Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0093/2026-CA Sucre, 23 de marzo de 2026
Expediente: 82386-2026-165-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Cochabamba
En consulta la Resolución de 9 de marzo de 2026, cursante de fs. 338 a 340, pronunciada por la Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Santibáñez del departamento de Cochabamba, por la que resolvió rechazar la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Carlos Parra Gutiérrez en representación legal de la empresa Cerámica Rio Grande Sociedad Anónima (S.A.) demandando la inconstitucionalidad del Código Procesal del Trabajo -Decreto Ley 16896 de 25 de julio-, por ser presuntamente contrario a los arts. 12.I, 115, 116,II, 145, 162, 163, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 27 de febrero de 2026, cursante de fs. 317 a 326 vta., la parte accionante interpone acción de inconstitucionalidad concreta dentro del proceso por infracción a la ley social que se le sigue, el cual se encuentra en etapa de producción de prueba, pendiente de emisión de resolución. Señala que, en dicha decisión, se aplicará el Código Procesal del Trabajo, normativa que considera inconstitucional por vulnerar de manera directa el principio de legalidad previsto en el art. 116.II de la CPE, así como el derecho y garantía al debido proceso consagrados en los arts. 115 y 180 de la Norma Suprema, y las garantías establecidas en el art. 8 de la CADH. Refiere que se le somete a un proceso cuyo procedimiento fue establecido de manera formalmente inconstitucional, exponiéndolo al riesgo de ser sancionado mediante una sentencia dictada en inobservancia de los procedimientos legalmente establecidos, con afectación a los derechos y garantías previamente descritos.
Señala que, el Código Procesal del Trabajo es una norma contraria al fin del Estado de derecho, debido a que no ha conseguido el iter constitucional necesario para su promulgación y existencia legal, derivando de ello en su inconstitucionalidad formal, debido a que vulnera la infracción al procedimiento legislativo, al principio de separación de funciones relacionado con la potestad única de legislar del Órgano Legislativo y al principio de primacía constitucional, establecidos por los arts. 12.I, 145, 162, 163 y 410 de la CPE, bajo los siguientes argumentos:
- a)El procedimiento legislativo se encuentra claramente establecido en la Constitución; sin embargo, no fue observado en la emisión del señalado Decreto Ley, el cual no fue tramitado por iniciativa legislativa ante las Cámaras de Diputados ni de Senadores, incumpliendo lo previsto en el art. 162 de la Norma Fundamental, en concordancia con el art. 71 de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg.);
- b)Al no haber sido objeto de iniciativa legislativa, la norma no fue considerada ni aprobada por mayoría absoluta en ninguna de las Cámaras, ni remitida a una Cámara revisora para su consideración, aprobación u observación, en contravención a lo dispuesto por los arts. 163.5, 6, 7 y 8 de la CPE y 72, 74 y 75 de la CPEabrg.; y,
- c)Al haber sido emitida directamente por el Órgano Ejecutivo, la norma no fue objeto del procedimiento de observación, devolución o promulgación previsto constitucionalmente, contrariando lo establecido en el art. 163 numerales 10, 11 y 12 de la Ley Fundamental, en concordancia con los arts. 76, 77 y 78 de la CPEabrg. En consecuencia, sostiene que la normativa impugnada es inconstitucional en su origen, por haber sido emitida por un órgano incompetente y al margen del procedimiento previsto en la Constitución Política el Estado y la ley para su expedición.
Con relación al principio de separación de funciones, previsto en el art. 12.I de la CPE, señala que constituye un pilar esencial del Estado constitucional de derecho, estrechamente vinculado al sistema de frenos y contrapesos, mediante el cual se distribuyen las funciones del poder público entre los distintos órganos del Estado. Finalmente, respecto al art. 410 de la CPE, refirió que, el Decreto Ley es una norma que no se encuentra reconocida en el Estado Plurinacional de Bolivia, puesto que, conforme al señalado artículo, la única normativa reconocida en Bolivia es la que forma parte del bloque de constitucionalidad. En ese sentido, afirma que, al ser un Decreto Ley, la normativa impugnada no se encuentra reconocida por el Estado Boliviano, lo cual atenta contra las bases esenciales del estado constitucional de derecho; ya que, éste se encuentra afectado por una inconstitucionalidad de carácter formal; por lo que, solicita se promueva la acción de inconstitucionalidad concreta contra el Código Procesal del Trabajo debiendo declararse su inconstitucionalidad formal y diferida.
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