Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0093/2026-S1 Sucre, 3 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 72326-2025-145-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 59/2025 de 24 de marzo, cursante de fs. 366 a 369 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hebert Nelson Cortez Justiniano contra Jerry Harold Fletcher Torrico, Gerente General; Carlos Remy Terceros Peredo, Gerente de Talento; Carolina Martínez Mercado, Edwing Fernández y Richard Durán Chuquimia, miembros del Comité Disciplinario Interno, todos de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Sociedad Anónima (YPFB S.A.).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante por memoriales presentados el 7 y 20 de enero de 2025, cursantes de fs. 37 a 48 vta.; y, 128 y vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Ingresó a prestar funciones en la empresa YPFB Chaco S.A. el 1 de octubre de 1992, iniciando desde niveles operativos básicos y ascendiendo progresivamente, en mérito a su desempeño laboral, hasta ocupar el cargo de Encargado de Planta, manteniendo una relación laboral de carácter indefinido y de larga data.
El 20 de junio de 2024, fue notificado con el inicio de un proceso disciplinario interno instaurado en su contra por una denuncia de supuesto acoso laboral hacia una persona que se desempeñaba como mucama en otra empresa y, al momento de iniciarse dicho proceso, no se le entregaron los antecedentes ni elementos que sustentaban la denuncia, y que el Auto de apertura no fue emitido por el Comité Interno Disciplinario, sino por Carlos Remy Terceros Peredo, Gerente de Talento Humano ahora coaccionado, otorgándosele el plazo de cinco días para presentar descargos.
La conducta que se le atribuía no se encontraba prevista como falta en el Reglamento Interno de YPFB Chaco S.A., particularmente en lo establecido en el art. 99 (incisos a-l) ni en el art. 101 del citado Reglamento, relativos a prohibiciones, faltas y sanciones.
Ante dicha situación, se efectuó consulta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social respecto al alcance del art. 3 de la Resolución Ministerial "196/2021", recibiéndose criterio legal en sentido de que el acoso laboral presupone conductas reiteradas dentro de una misma relación laboral, no pudiendo configurarse entre trabajadores de distintas empresas.
Dentro del mismo proceso disciplinario dos personas fueron sometidas a sumario por la misma supuesta falta; sin embargo, únicamente él hubiese sido sancionado severamente; por lo que, existió un trato desigual.
Como consecuencia de su desvinculación se le retiró la cobertura de su seguro de salud, pese a padecer enfermedades crónicas de larga evolución, entre ellas diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensión arterial y bloqueo completo de rama izquierda idiopático, requiriendo tratamiento permanente; aspectos que no fueron considerados por la instancia disciplinaria.
Asimismo, cuestionó la Resolución de Recurso de Apelación 02/2024 de 12 de septiembre, señalando que vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, pese a que su Reglamento Interno establecía el régimen de faltas y sanciones, la decisión de destitución se hubiese sustentado en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 de su Decreto Reglamentario, normas que no tipificaban como causal de despido la conducta atribuida; además, la Resolución Ministerial 196/2021, relativa al procedimiento por acoso laboral, no establecería como sanción el despido, sino medidas de cese de la conducta.
En ese contexto, sostuvo que se le impuso la máxima sanción de destitución sin base normativa clara, afectando sus derechos sin considerar su antigüedad y condición de trabajador indefinido.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la seguridad social, a la salud, debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; y, dignidad; así como al principio de legalidad; citando al efecto los arts. 14.I y II; 15.I; 16.I y II; 18, 35, 37, 46, 49 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:
- a)Dejar sin efecto la Resolución Final CDI-001/2024 de 30 de agosto y la Resolución de Recurso de Apelación 02/2024 de 12 de septiembre, inclusive hasta la notificación con el Auto de Inicio de Proceso Sumario Interno de 20 de junio de 2024;
- b)Declarar nulo y sin efecto el memorándum de despido de 13 de septiembre de dicho año; y,
- c)Ordenar su inmediata reincorporación laboral, en el mismo puesto, más el pago de sueldos devengados. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 21 de marzo de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 352 a 366, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo; manifestó que:
- 1)Contaba con más de treinta años de antigüedad laboral, desempeñándose como Encargado de Planta, y que en junio de 2024 fue notificado con el auto de apertura de un proceso sumario que, desde su inicio, presentó irregularidades; puesto que, dicho Auto no fue suscrito por el Tribunal Sumariante, sino por el Gerente de Talento Humano -hoy coaccionado-;
- 2)Al momento de la notificación no se le entregó el acervo probatorio que sustentaba la denuncia, enterándose posteriormente de que se trataba de una supuesta infracción de acoso laboral;
- 3)El Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de la empresa, vigente desde 1998 y conocido por el Ministerio de Trabajo, regula las faltas e infracciones laborales, no encontrándose tipificada en ninguno de sus artículos la figura de acoso laboral como causal sancionable;
- 4)En ese sentido, el proceso disciplinario se inició por una conducta no prevista ni tipificada, vulnerando el principio de legalidad en materia sancionatoria, como componente del derecho al debido proceso previsto por el art. 115 de la CPE;
- 5)Se debe considerar que en el expediente constitucional cursa un informe jurídico emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que establece que no puede configurarse acoso laboral entre trabajadores de distintas empresas, al requerirse una relación laboral común y una situación de hostigamiento reiterado y, en el caso concreto, la supuesta víctima no pertenecía a la empresa YPFB Chaco S.A., sino a una empresa subcontratista; extremo que no fue considerado por el Tribunal Sumariante;
- 6)En la Resolución Administrativa Final se sostuvo que infringió el art. 102 inc. d) del Reglamento Interno de la Empresa, referido a la rescisión de contratos sin goce de haberes, pese a que, por su antigüedad, mantenía una relación laboral indefinida reconocida por la legislación laboral, no encontrándose sujeto a contrato escrito;
- 7)Asimismo, invocó los arts. 16 inc. e) de la LGT y 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario, relativos al incumplimiento de contrato o reglamento interno, señalando que resultaba arbitrario fundamentar simultáneamente la sanción en normativa interna y en normativa laboral general para una conducta no prevista expresamente;
- 8)Por los mismos hechos, otro trabajador fue procesado, recibiendo únicamente sanción de suspensión sin goce de haberes, mientras que su persona fue destituido, evidenciándose trato desigual y discrecional; y,
- 9)Tales actuaciones vulneraron el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, citando jurisprudencia constitucional relativa a la obligación de las autoridades de expresar las razones que sustentan sus decisiones y además se vulneró el principio de legalidad y sus derechos al trabajo y a la salud, este último por la interrupción de la cobertura médica pese a padecer enfermedad de base.
I.2.2. Informe de las autoridades accionadas
Jerry Harold Fletcher Torrico, Gerente General; Carlos Remy Terceros Peredo, Gerente de Talento; Carolina Martínez Mercado, Edwing Fernández y Richard Durán Chuquimia, miembros del Comité Disciplinario Interno, todos de la empresa YPFB S.A., a través de su representante legal Richard Durán Chuquimia mediante informe presentado el 5 de febrero de 2025, cursante de fs. 331 a 337 vta., y en audiencia, manifestó que:
- i)De la lectura del memorial de interposición de la acción tutelar, se puede ver la inexistencia de relación de causalidad entre los hechos expuestos y la vulneración acusada, señalando que se formularon agravios imprecisos, limitándose a enumerar derechos supuestamente vulnerados sin explicar de qué manera los actos atribuidos a los ahora accionados hubiesen generado una vulneración concreta; además, el memorial de acción no individualiza el hecho específico que hubiese vulnerado derechos constitucionales ni establece el nexo causal entre la actuación de los ahora accionados y la afectación alegada, incumpliendo los requisitos previstos por el art. 33. 4 y 5 del Código Procesal Constitucional (CPCo);
- ii)El petitorio se circunscribía a la reincorporación laboral y pago de sueldos devengados, sin formular adecuadamente una pretensión de restitución de derechos fundamentales; por lo que, correspondería declarar la improcedencia sin ingresar al fondo;
- iii)Existe incumplimiento del principio de subsidiariedad; ya que, la acción de amparo constitucional, conforme a los arts. 129.I y. 54.I del CPCo, procede únicamente cuando no existan otros medios o recursos legales idóneos y el accionante no justificó que el amparo constitucional fuera el único mecanismo de protección, omitiendo señalar que el 19 de septiembre de 2024 habría acudido ante la autoridad administrativa competente denunciando presuntas vulneraciones laborales;
- iv)Se debe considerar que el caso debía tramitarse por las vías ordinarias laborales y administrativas, conforme al Decreto Supremo 0495 de 1 de mayo de 2010 y la línea jurisprudencial establecida por la ;
- v)Además, existe una ausencia de derechos o garantías vulnerados; puesto que, el accionante invocó normativa que no sería aplicable al procedimiento disciplinario interno de la empresa YPFB Chaco S.A., el cual se encontraría vinculado a la Ley General del Trabajo y no al régimen del procedimiento administrativo;
- vi)La desvinculación laboral derivó de un proceso disciplinario interno desarrollado con respeto a dichas garantías y, el accionante no observó oportunamente la supuesta irregularidad relativa a la firma del Auto de Apertura, ni en la etapa de descargos ni en el recurso de apelación; por lo que, hubiese operado la convalidación de actos procesales, no configurándose indefensión ni presupuestos de nulidad;
- vii)Los hechos expuestos por el accionante son controvertidos y de competencia de la judicatura laboral; por lo que, la jurisdicción constitucional no podría ingresar a definir derechos no consolidados ni resolver controversias probatorias propias de la vía ordinaria.
I.2.3. Intervención de la tercera interesada
Hilda Morales, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 141. I.2.4. Resolución
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Tercero-, mediante Resolución 59/2025 de 24 de marzo, cursante de fs. 366 a 369 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:
- a)Sobre la alegación de subsidiariedad, se examinó en primer término la excepción de subsidiariedad planteada por los accionados que sostuvo que la controversia relativa a la presunta injusticia o arbitrariedad en la desvinculación laboral del accionante debía ser conocida previamente en la vía jurisdiccional o administrativa laboral, con base en los arts. 53 y 54 del CPCo y la jurisprudencia mencionada en audiencia; no obstante, conforme a criterios asumidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional en casos vinculados a procesos sancionatorios administrativos internos, cuando la vulneración denunciada emerge de la imposición de una sanción disciplinaria que concluye con la desvinculación laboral, no resulta exigible la subsidiariedad en sentido estricto, en tal entendido, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada;
- b)En ese entendido, el accionante cuestiona la Resolución Final CDI-001/2024, emitida dentro del proceso disciplinario interno, y al respecto, se tiene que el control debía centrarse en verificar si los agravios expuestos en dicho recurso fueron o no resueltos por la instancia interna, careciendo de relevancia constitucional otros cuestionamientos que no hubiesen sido parte de esa impugnación; además, se debe tener presente que las decisiones del Comité Disciplinario y su ratificación en apelación formaban parte de una misma decisión institucional de la empresa YPFB Chaco S.A. orientada a la desvinculación del trabajador;
- c)La base del juzgamiento disciplinario radicó en informes y transcripciones de comunicaciones vía WhatsApp, en las que el accionante habría dirigido expresiones de connotación íntima y sexual hacia una trabajadora de limpieza perteneciente a una empresa tercerizada que desarrollaba funciones en el mismo entorno laboral, dichas conductas fueron calificadas como constitutivas de acoso laboral y, tales extremos no fueron negados de manera fáctica por el accionante, quien en su nota de descargo más bien intentó justificar su comportamiento aludiendo a circunstancias personales, lo que, bajo el principio de verdad material, llevó a considerar acreditados los hechos objeto del proceso disciplinario; en ese marco, se estimó que la controversia planteada en la acción se dirigía principalmente a cuestionamientos de orden normativo y legal, antes que a la inexistencia de los hechos;
- d)Del análisis al Reglamento Interno de la empresa YPFB Chaco S.A., se estableció que la normativa laboral permite la desvinculación como sanción disciplinaria cuando esta se encuentra prevista en disposiciones internas, haciendo referencia a los arts. 99 inc. d), 101 y 102 del Reglamento de dicha empresa, que contemplaban faltas vinculadas al respeto y consideración entre compañeros de trabajo, así como la posibilidad de aplicar la sanción de rescisión de contrato de acuerdo con la gravedad de la falta. Consideró que estas disposiciones resultaban aplicables al caso;
- e)Se debe considerar que aun cuando la persona afectada pertenecía a una empresa distinta, existía un ámbito laboral común; puesto que, ambas partes desarrollaban funciones en el mismo espacio de trabajo; en tal sentido, sostuvo que la interpretación efectuada por las autoridades disciplinarias ahora accionadas, orientada a proteger el ambiente laboral inmediato, resultaba razonable y concordante con un enfoque de protección frente al acoso en el trabajo, aun en contextos de tercerización; vi) En el presente caso corresponde realizar un enfoque de género, señalando que, conforme al art. 3 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, las conductas de violencia o acoso contra mujeres deben ser consideradas faltas de especial gravedad, incluso cuando no configuren delito; asimismo, relacionó esa obligación con el art. 15 de la CPE, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, entendiendo que dicha protección también se extiende al ámbito laboral; y,
- f)La sanción de desvinculación resultaba proporcional, considerando la gravedad de los hechos y la existencia de llamadas de atención previas al accionante. Señaló que el régimen disciplinario laboral no tiene una finalidad punitiva en sentido estricto, sino correctiva y orientada a reconducir la conducta del trabajador dentro de estándares compatibles con el marco constitucional y convencional, concluyendo que la decisión adoptada por la empresa no resultaba arbitraria desde la perspectiva constitucional. La empresa YPFB Chaco S.A., a través de su representante legal, mediante memorial presentado el 24 de marzo de 2025, solicitó "corrección" y enmienda. En mérito a esa solicitud la Sala Constitucional respondió "En atención memorial que se antecede, estese al acta de audiencia de 21 de marzo de 2025" (sic).
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