Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0094/2017 Sucre, 29 de noviembre de 2017
SALA PLENA Magistrado Relator: Juan Oswaldo Valencia Alvarado Acción de inconstitucionalidad abstracta
Expediente: 12157-2015-25-AIA Departamento: La Paz
En la acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Rolando Villena Villegas, Defensor del Pueblo, cursante de fs. 6 a 15 vta., demandando la inconstitucionalidad del Decreto Supremo (DS) 29033 de 16 de febrero de 2007, y en particular los artículos 10 inc. a), 11 inc. c) y 19, modificados los dos primeros por el art. 2, y el último incorporado por el art. 3 del DS 2298 de 18 de marzo de 2015, por ser presuntamente contrarios a los arts. 2, 30.II.4 y 15, 304.I.21, 403.I y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 6, 7 y 15 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; y, 3, 23 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la acción
Por memorial presentado el 27 de agosto de 2015, cursante de fs. 6 a 15 del expediente, el accionante impugna la constitucionalidad del DS 29033 , en particular en los arts. 10.a) y 11.c) y 19. los dos primeros modificados por el art. 2 y el último, incorporado por el art. 3, ambos del DS 2298 de 18 de marzo de 2015, en base a los siguientes argumentos:
I.1.1. Síntesis de la acción.
Citando la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes , que sostiene son vulnerados, el accionante refiere que la libre determinación de estos pueblos, está directamente relacionada con su aspiración de controlar sus instituciones, su forma de vida, su desarrollo económico, sus derechos sobre la tierra y los recursos naturales como mecanismos que garanticen su supervivencia y la conservación de su integridad cultural, evitando que la asimilación externa atente contra su cosmovisión.
En ese contexto, el art. 7 del Convenio 169 de la OIT, determina que los pueblos indígenas tienen el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual; a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico social y cultural. Para consolidar estos postulados, los Pueblos Indígena Originario Campesinos (PIOC) deben participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. En coherencia, el art. 2 de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza su libre determinación: "...en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley".
Continúa alegando que las normas internacionales relativas a los pueblos indígenas, tienen un objetivo general doble: por una parte se esfuerzan por subsanar la discriminación ejercida contra estos, a fin de que puedan beneficiarse plenamente de las actividades de desarrollo para lograr un nivel de vida adecuado; y por otra, estas normas pretenden asegurar el respeto de su derecho a definir y seguir las sendas de desarrollo libremente determinadas, preceptos desarrollados en las y entre otras. Esta última refiere: "... pues no sólo reconoce a los pueblos indígenas como culturas diferentes -en el marco de una noción multicultural- sino como 'naciones', entendiendo a éstas no únicamente como comunidades históricas con un territorio natal determinado que comparte lengua y cultura diferenciada, sino como pueblos con capacidad política para definir sus destinos (libre determinación) aunque en el marco de la unidad del Estado, de acuerdo a lo previsto por el art. 2 de la CPE". En consecuencia, reclaman el derecho de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales dentro de su jurisdicción territorial.
En ese entendido, el DS 29033 que aprueba el "Reglamento de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas", fue modificado por el DS 2298 ,en los arts. 10 inc. a) y 11 inc. c) por el art. 2 y el art. 3 introduce el art. 19. El art. 2 del texto modificatorio, contraviene la Norma Suprema porque de forma arbitraria, al disponer que un órgano o entidad estatal, ante la falta de concreción de una reunión o de una respuesta escrita de los PIOC y comunidades campesinas, o en caso de no concretarse la metodología, cronograma y presupuesto, establecerá de forma unilateral dichos aspectos; inobservando lo prescrito por el art. 30.II.15 de la CPE, que garantiza a las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC), el derecho a ser consultados de forma obligatoria, de buena fe y de forma concertada mediante procedimientos apropiados, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.
Por otro lado, el art. 19 del DS 29033, incorporado por el art. 3 del DS 2298, en la frase: "...la simple asistencia de las instancias representativas de los PIOs y CC..." (sic), es también atentatoria contra los derechos de las NPIOC, pues da a entender que esta simple asistencia a cualquiera de las fases previstas, validará las fases anteriores, ya que se dará continuidad a la ejecución de la consulta y participación en el estado en que se encuentre, es decir, que se viola nuevamente el derecho a la libre determinación de los PIO, considerando que no importa si asisten o no a las fases del proceso de consulta, de todas formas esta se llevará a cabo; lo que es contrario a los postulados constitucionales, pues todo el proceso de la consulta debe hacerse de forma concertada, por lo que no debía existir la posibilidad que los PIO no participen desde el principio en el mencionado proceso, lo contrario sería validar la posición arbitraria y unilateral del Estado.
Las fases a las que hace referencia el precitado art. 19 del DS 29033 incorporado por el art. 3 del DS 2298, están detalladas en su art. 9:
- a)Coordinación e información;
- b)Organización y planificación de la consulta;
- c)Ejecución de la consulta;
- d)Concertación, listado que a su vez componen la fase inicial de convocatoria, mismos que deben respetar el mandato establecido en el art. 30.II.15 de la CPE. Contrariamente la norma impugnada, faculta al órgano estatal a tomar determinaciones unilaterales ante la inasistencia de una de las partes a una reunión o ante la falta de una respuesta escrita a una convocatoria, o en caso de no poder concertarse la metodología, cronograma y presupuesto para ejecutar el proceso de consulta y participación. La ausencia a una reunión o la falta de una respuesta escrita, pueden ser interpretadas como una negativa de las PIOC o las comunidades campesinas (CC) para llevar adelante un proceso de consulta en función del derecho a su libre determinación, lo cual también debiera ser respetado y no interpretado en una forma que puede dañar sus intereses.
Finalmente, el accionante sostiene que los enunciados observados transgreden además, el principio de jerarquía normativa, el principio de supremacía constitucional y el bloque de constitucionalidad, integrado por los arts. 6, 7 y 16 del Convenio 169 de la OIT, así como los arts. 3, 23 y 323 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos que no solo tienen jerarquía constitucional al ser parte del bloque de constitucionalidad, sino que a partir del principio de favorabilidad y pro persona, tiene una jerarquía mayor que le otorga la propia Ley Fundamental de supra-constitucionalidad, al prever normas más favorables para el ser humano, en conformidad con el art. 256 de la CPE, por lo que corresponde declarar su inconstitucionalidad.
I.2.Admisión y citación
Por , cursante de fs. 17 a 22, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, admitió en parte la acción planteada por Rolando Villena Villegas, Defensor del Pueblo, disponiendo que la acción y el Auto de Admisión sean puestos en conocimiento de Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, como personero del Órgano generador de las normas impugnadas, actuados que se cumplieron el 26 de noviembre de 2015 (fs. 44).
I.3. Alegaciones del Órgano que generó la norma impugnada
Juan Marcelo Zurita Pabón, Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de la Presidencia, en representación y por mandato del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, mediante memorial, presentado el 17 de diciembre de 2015, informa lo que sigue: 1). La presente acción no indica en parte alguna el cómo las normas reglamentarias impugnadas tendrían contradicción manifiesta con la Constitución Política del Estado (CPE), ya que no se logró fundamentar la duda razonable sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, ya que no basta con el describir y transcribir las normas de la Ley fundamental, de normas supranacionales, y hacer citas teóricas no es suficiente para sustentar una acción dirigida a derogar normas reglamentarias vigentes y que son parte del ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional, a las cuales todos sus ciudadanos tienen deber de respeto y cumplimiento; la acción presentada se basa en sospechas, supuestos o conjeturas infundadas de casos de consultas no realizadas aun, acusando de inconstitucionalidad sin siquiera demostrar objetivamente los efectos de la supuesta incompatibilidad de las normas impugnadas con el texto constitucional; 2). De manera descriptiva se denuncia que el Órgano Ejecutivo no ejecutó el proceso de consulta previa, al momento de proyectar el Decreto Supremo cuestionado, por lo que se habría desconocido el derecho de las NPIOC a la libre determinación; al respecto se tiene que el DS 2298 que modifica e incorpora reglas en el DS 29033 fue aprobado y emitido por el Gobierno Nacional al amparo de sus competencias constitucionales (art. 178.8 de la CPE), con la finalidad de complementar el DS N° 29033 Reglamento de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas, para mejorar la aplicación de ese procedimiento en defensa de los derechos e intereses de las NPIOCs; siendo ese el espíritu profundo que lleva el DS 2298, que no modifica ni niega el derecho a la consulta, solo intenta mejorar su pleno ejercicio, ya que de acuerdo a la legislación ambiental, toda actividad, obra o proyecto con carácter previo debe contar con su licencia ambiental; asimismo, para las actividades hidrocarburíferas, el art. 114 de la Ley de Hidrocarburos , establece que en cumplimiento de los arts. 4, 5, 6, 15 y 18 del Convenio 169 de la OIT, las comunidades y pueblos campesinos, indígenas y originarios, independientemente de su tipo de organización deberán ser consultados de manera previa, obligatoria y oportuna cuando se pretenda desarrollar cualquier actividad hidrocarburíferas; el art. 3 del precitado DS 29033, establece a su vez que el proceso de consulta y participación se aplicará de manera previa, obligatoria, oportuna y de buena fe cada vez que se pretenda desarrollar todas las actividades hidrocarburíferas detalladas en el art. 31 de la Ley de Hidrocarburos, en tierras comunitarias de origen, propiedades comunitarias y tierras de ocupación y acceso tradicional de los PIO y comunidades campesinas (CC) respetando su territorialidad, usos y costumbres en todo el territorio nacional, por lo que se advierte que el proceso de consulta y participación está plenamente garantizado en el sector de hidrocarburos, dado que dicha consulta se ejecutará durante el trámite de licenciamiento ambiental, y la Autoridad Ambiental Competente no otorga la Licencia Ambiental si no se ha ejecutado la consulta; dado el dinamismo del sector de hidrocarburos, este decreto está siendo plenamente aplicado, con gran aceptación de los pueblos indígenas. 3). El DS 2298 de 18 de marzo de 2015, tiene como base los arts. 30 parágrafo II numeral 15; 351; 352; 359 parágrafo I de la CPE, además de la Ley de Hidrocarburos y el DS 29033, por lo que, debe considerarse que nos encontramos ante una norma reglamentaria de carácter general que no regula ni tiene disposiciones específicas sobre el derecho de las NPIOC a la libre determinación, cuya materialización no ha sido demostrada; la norma impugnada realiza modificaciones al Reglamento de Consulta y Participación, por lo cual no se podría afirmar la vulneración de derecho alguno mediante una norma que solamente establece el procedimiento para hacer efectiva y garantizar que los PIO y comunidades campesinas (CC) sean consultados, ya que solamente complementa el procedimiento para la participación de los mismos y la ejecución del proceso de consulta, a través de mecanismos de notificación para transmitirles la información sobre el proyecto; se tiene además que el DS 2298 es una de las modificaciones (hay otras como del DS 29194 de 9 de mayo de 2007 y el DS 29574 de 21 de mayo de 2008) el DS 29033 tiene por objeto el aprobar el reglamento de consulta y participación para actividades hidrocarburíferas, normas que para su emisión no requieren ser consultadas a los pueblos indígenas; de ahí que dichos decretos fueron aplicados a distintos procesos concluidos con un acuerdo de validación de fecha previa a la emisión del DS 2298; de ahí se tiene que el DS 29033 no requirió ser consultado a los accionantes, al igual que su última modificación realizada mediante el DS 2298 no tendría por qué ser consultado, ya que no afectan a la consulta de los PIOC y comunidades campesinas (CC), sino que regula los procedimientos para la ejecución de dicho proceso, siempre que una actividad, obra o proyecto se encuentre dentro de la categoría 1; las modificaciones incorporadas al reglamento mencionado tienen como finalidad garantizar la participación de los PIOC y comunidades campesinas (CC) a través de tres tipos de notificación que complementan lo previsto por el DS 29033; 4). La comunicación escrita prevista en el reglamento se le adiciona una publicación en un medio de comunicación escrita de circulación local, regional y/o nacional; y la publicación en un medio de comunicación radial de alcance regional y/o nacional; también se prevé un comunicación directa en la zona pasible de ser consultada y finalmente, si corresponde, una convocatoria mediante carta notariada, todo con la finalidad de poder informar a los PIOC y comunidades campesinas (CC) sobre la actividad, obra o proyecto hidrocarburífero que se pretenda desarrollar en sus tierras y asimismo, coordinar el plan metodológico y un cronograma para la ejecución de la consulta y participación, en resguardo del cumplimiento al derecho a la consulta y participación de los PIOC y comunidades campesinas (CC); se tiene que el art. 4 del Reglamento de Consulta y Participación, vigente a la fecha, establece las bases y principios, que no han sido modificados, como ser el respeto y la garantía a la consulta y participación de los PIOC y comunidades campesinas (CC), a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energía y la Autoridad Ambiental correspondiente , así como lo derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, el habitad y formas de organización, así como la integridad y propiedad de las tierras y propiedades de los PIOC y comunidades campesinas (CC), que se encuentran garantizados por la Constitución Política del Estado (CPE), los Pactos Convenios y Declaraciones Internacionales de los Derechos Humanos; al mismo tiempo establece que se respetará las instancias de decisión de representación y las tierras y territorios de cada uno de los PIOC y comunidades campesinas (CC), así como sus formas de organización, usos y costumbres, en el marco de la independencia de las organizaciones susceptibles de ser afectadas por actividades hidrocarburíferas, guardando de efectuar cualquier tipo de interferencia intromisión o influencia en asuntos inherentes a sus organizaciones o instancias de representación; el precitado art. 4 también prevé que el Estado Boliviano, deberá asegurarse que los PIOC y comunidades campesinas (CC) que formen parte del proceso de consulta y participación, reciban de forma previa y oportuna la información suficiente y necesaria, de acuerdo a las características lingüísticas del área, sobre las actividades hidrocarburíferas que se pretendan licitar, autorizar y ejecutar y de los posibles impactos socio ambientales y culturales de la actividad hidrocarburífera, antes de la realización de la consulta y participación, facilitando los medios necesarios para su socialización; se establece el principio de veracidad y buena fe; así como el principio de integralidad, en caso de ser necesaria la participación de otras instancias que coadyuven al proceso, estas serán convocadas por la AC y estarán obligadas a proporcionar la información sobre aspectos de sus competencias; también se reconocen los principios de oportunidad, participación y transparencia; 5). No existe vulneración por una supuesta exclusión a la supuesta construcción normativa de los PIOs y CCs, respecto a temas de medio ambiente, tierra y territorio y libre determinación, ya que en ese sentido es el nivel central del Estado que tiene como competencia privativa los hidrocarburos y la política general de biodiversidad y medio ambiente, conforme a lo dispuesto por los numerales 18 y 20 del parágrafo 298 de la CP, por lo que este nivel es el que tiene la obligación de legislar, reglamentar y ejecutar las competencias señaladas, no pudiendo transferirse ni delegarse las mismas; el Decreto impugnado es de carácter general, por lo que en su aplicación debe realizarse respetando los marcos políticos, jurídicos y económicos de los PIOC y comunidades campesinas (CC),la supuesta vulneración de derechos debería ser analizada por una acción tutelar y no mediante una acción de control normativo; El accionante no puede arrogarse la representatividad de todos los PIOC y comunidades campesinas (CC), pretendiendo que estos legislen o normen amparados en el derecho a su libre determinación, aspectos o competencias que corresponden al nivel central del Estado, pues el aceptar lo impetrado por el accionante significaría vulnerar toda la estructura constitucional y el catálogo de competencias distribuido a los distintos niveles de gobierno; por ello es que solicita que se dicte sentencia declarando la plena y absoluta constitucionalidad del DS 29033,en sus arts. 10 inc. a), 11 inc c) y 19 modificados los dos primeros por el art. 2 y el último incorporado por el art. 3 del DS 2298 -Reglamento de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas.
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