Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0094/2019-S3 Sucre, 15 de marzo de 2019
SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Acción de libertad
Expediente: 26402-2018-53-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 77/2018 de 9 de noviembre, cursante de fs. 47 a 48 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Euclides Villarreal Méndez contra Adan Willy Arias Aguilar y Margot Pérez Montaño, Vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2018, cursante de fs. 4 a 5; el accionante señaló que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El Juzgado en el cual se tramitaron las medidas cautelares el 24 de octubre de 2018, tenía un plazo de veinticuatro horas para remitir antecedentes ante el Tribunal de apelación de acuerdo al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, a pesar de haberse provisto los recaudos, recién se enviaron el 26 de igual mes y año ante la Sala Penal Segunda del referido Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Los Vocales demandados tenían la obligación de instalar audiencia en el plazo de tres días de recibidos los documentos; empero, recién lo hicieron el 6 de noviembre del mismo año, incumpliendo así la celeridad procesal.
El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento señalado y los Vocales de la Sala Penal referida, le arrebataron su derecho a la libertad, considerando "...que no concurría la existencia del riesgo procesal establecido en el Art. 235 num. 2, no consideraron de manera justa en estricta aplicación de las reglas de la sana crítica todos los elementos de convicción que fueron presentados para desvirtuar y enervar los riesgos procesales" (sic).
Las autoridades judiciales demandadas, dispusieron su detención preventiva sin valorar todos los elementos de convicción, como los certificados de antecedentes policiales y penales entre otros, por lo que no explicaron porque es un peligro para la víctima a pesar de no concurrir el riesgo procesal establecido en el "...Art. 234.10..." (sic), el cual no fue debidamente fundamentado por el Ministerio Público ni la parte denunciante.
I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados
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