Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0094/2026-S1 Sucre, 3 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 74290-2025-149-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 116/2025 de 3 de junio, cursante de fs. 290 vta. a 294 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Guadalupe Montenegro Flores contra Pedro Francisco Callisaya Aro, ex Defensor del Pueblo.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La accionante, por memoriales presentados el 5 y 15 de mayo de 2025, cursantes de fs. 206 a 214, y 218 a 219 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En ejercicio de sus funciones como Profesional III de Servicio al Pueblo de la Delegación Defensorial departamental de Santa Cruz, su persona tenía entre sus funciones hacer seguimiento y coadyuvar en las soluciones de las denuncias presentadas de manera escrita o verbal por parte de la ciudadanía ante la vulneración de sus derechos, tanto por parte de las instituciones públicas y privadas que presten servicio público, en ese ejercicio su persona coadyuvó a un sin número de personas; por esa razón, llegó a ser reconocida por la población cruceña, a través de notas de agradecimiento y de reportes en periódicos; lo cual, género envidia y resentimiento por parte de sus superiores y colegas, debido a que la gente pedía ser atendida por su persona para solucionar sus problemas, ocasionando que fuera discriminada y sufriera acoso laboral por parte de la delegada departamental de dicha entidad y colegas, llegando a excluirla de las reuniones institucionales de coordinación de trabajo, creando otro grupo de WhatsApp institucional al cual no le agregaron; por lo que, buscaron alejarla de su fuente de trabajo, con la intención de forzar su alejamiento de la institución; además se instauró de forma delincuencial y en base a falsedades un proceso administrativo disciplinario en su contra, dado que al tener una hija con parálisis cerebral con grado de discapacidad múltiple muy grave con inamovilidad laboral, les era imposible sacarla del trabajo sino con un caso armado y falso.
Siendo notificada con el auto de apertura de proceso sumario interno, por la denuncia presentada por la ciudadana NN. NN -ahora tercera interesada- que habría sido víctima de un delito de violación, indicando que la nombrada el 14 de noviembre de 2023, le habría citado para conversar con el supuesto agresor del delito de violación y "procurar el perdón", el caso fue aperturado con el Código DP/SSP/7468/2023, donde mi persona hacia el seguimiento. Endilgándome por las siguientes faltas:
- a)Habría procedido al registro del caso con Código DP/SSP/7468/2023, cuando no estaba de turno y que sería contraria a la línea defensorial acusándome de contravenir instrucciones internas;
- b)Que no existiría elementos suficientes para la apertura del citado caso de seguimiento;
- c)Hubiese incumplido la instrucción de no recibir ningún caso nuevo;
- d)Habría utilizado instalaciones de la Defensoría del Pueblo con fines religiosos al promover la citada reunión entre la denunciante y el agresor sexual; y,
- e)Por el cierre del caso por solicitud del peticionante. Emitiéndose la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno RFS-JCAEL 002/2024 de 8 de agosto, señalando que su persona incurrió en las faltas menores detalladas anteriormente que determinó su destitución; ya que utilizar las nombradas instalaciones con fines religiosos al promover la citada reunión entre la denunciante y el agresor sexual, constituye en la falta gravísima establecida en el art. 9 inc. b) del Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, concordante con los arts. 13 y 47.II inc. b) del Reglamento Interno de Personal (RIP) de la Defensoría del Pueblo; siendo que, su conducta no subsume o se adecúa a la falta por la que me destituyeron, ya que dicha resolución no expuso ni fundamentó de qué manera su persona incurrió en los elementos del referido precepto normativo, no demostró de qué manera su persona hubiese pactado una reunión con la denunciante y el procesado y ni mucho menos la utilización de bienes de la institución.
Por ello, formuló recurso de revocatoria, emitiéndose la Resolución de Revocatoria RV-JCAEL 001/2024 de 11 de septiembre; por el cual, la autoridad sumariante confirmó la sanción de destitución, sin dar respuesta a los cuestionamientos que realizó en su recurso de revocatoria; por lo que, planteó recurso jerárquico, cuestionando los siguientes aspectos:
- 1)La fundamentación arbitraria por la falta de tipicidad de la conducta administrativa de la falta gravísima con relación a lo establecido por el art. 9 inc. b) de la Ley 2027;
- 2)Incongruencia interna de la resolución de revocatoria señalada, por ser contradictoria respecto a los sujetos presentes en la supuesta reunión, además de no definir si la supuesta reunión fue pactada o casual; y,
- 3)Irazonabilidad y errónea valoración probatoria y de la norma aplicable dado que el Informe de 6 de junio de 2024, emitido por el "Sgto Condori", informó que dicho encuentro casual no duro más de diez minutos. En respuesta se emitió la Resolución Jerárquica 001/2024 de 11 de noviembre, que incurrió en la vulneración de sus derechos:
- i)Al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación vinculado con la legalidad procesal y la presunción de inocencia; ya que, se limitaron a suponer y presumir la adecuación de su conducta a los elementos del tipo administrativo, sustentando su decisión en meras especulaciones y suposiciones sin prueba alguna que demuestre que incurrió en los elementos constitutivos de la falta administrativa sancionada con destitución sin realizar un análisis objetivo de subsunción de su conducta en la falta administrativa; se puede identificar los elementos del tipo administrativo, que debieron ser debida y objetivamente comprobados como ser el de utilizar bienes inmuebles, muebles o recursos públicos, en objetivos particulares y que dichos objetivos no sean compatibles con la función pública;
- ii)Al debido proceso en su elemento de congruencia externa con afectación del derecho a la defensa, seguridad jurídica y legalidad procesal, la lesión a su derecho a la defensa emergente de incongruencia en el desarrollo del proceso administrativo con relación a la fundamentación de uno de los elementos de la falta administrativa consistente en el objetivo particular de la presunta reunión del 14 de noviembre de 2024, en la descripción de los hechos se me acusó de que hubiese utilizado oficinas de la Defensoría del Pueblo para llevar a cabo una reunión con fines religiosos, empero, en la Resolución de Revocatoria RV-JCAEL 001/2024 ratificó que "...la reunión tuvo un OBJETIVO PARTICULAR es que la sumariada refiere el objeto de hacer perdonar a las hermanas con motivos de la palabra de Dios (...) de ahí se nota el objetivo particular" (sic), de ello se advierte que, en relación al elemento objetivo particular, el proceso administrativo de apertura se basó en el hecho de que su persona utilizo bienes del Estado con fines religiosos; por lo que, el hecho investigado estaba claramente delimitado desde la apertura y tenía relación con un supuesto fin religioso de la supuesta reunión, los hechos no podrían ser cambiados ni modificados de lo contrario afectaría a su derecho a la defensa; sin embargo, en la resolución jerárquica, el entonces Defensor del Pueblo ahora accionado, cambió el objeto particular radicalmente mencionando de forma totalmente incongruente; en consecuencia, dicha resolución jerárquica confirmó su destitución por un hecho distinto al que se le atribuyó en la apertura del proceso administrativo, vulnerando el principio de legalidad y al debido proceso, al incorporar hechos nuevos, sin haberle permitido ejercer su derecho a la contradicción y defensa material;
- iii)La vulneración al derecho al trabajo y a la inamovilidad laboral; considerando que, es madre y tutora de su hija que padece de discapacidad múltiple, con grado de discapacidad muy grave, por la urgencia de contar con recursos económicos para solventar los medicamentos que mantienen con vida a su hija, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo iniciaron en su contra ese proceso administrativo, siendo la única forma de desvinculación; además, mediante notas hizo conocer al el entonces Defensor del Pueblo hoy accionado, la situación por la cual estaba atravesando su persona en la oficina, como acoso laboral y discriminación, solicitando se instale cámaras; empero, no obtuvo respuesta; y,
- iv)La lesión a su derecho a la vida y a la salud; tomando en cuenta que el Informe Médico de 13 de marzo de 2024, señala que el 2022 en horas de trabajo en la oficina de la Defensoría del Pueblo, sufrió un accidente cardiovascular -ACV-Aneurisma Cerebral-, operación de la cabeza por una hemorragia, donde estuvo hospitalizada de emergencia y a punto de perder la vida; asimismo, del citado informe médico; refiere que, el tratamiento operatorio no concluyo y recomendaron el implante de "STENT CEREBRAL" , en el cual su persona ya se encontraba con el trámite de compras de los instrumentos quirúrgicos solicitados conjuntamente los médicos neurocirujanos de la Caja Nacional de Salud, con el objetivo de programar la fecha para su operación; sin embargo, por el despido injusto y arbitrario se vio obligada a suspender su operación debido a que ya no cuenta con el seguro de salud.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la inamovilidad laboral, al debido proceso en su elementos de fundamentación, motivación vinculado con la legalidad procesal, la presunción de inocencia y congruencia externa con afectación al derecho a la defensa, seguridad jurídica y legalidad procesal; sin citar norma constitucional alguna.
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución Jerárquica 001/2024 de 11 de noviembre, disponiendo la emisión de una nueva en la que se disponga revocar su injusta destitución.
Mostrando 16 de 76 parrafos.