Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0095/2019-S4 Sucre, 10 de abril de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 25290-2018-51-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución "003"/2018 de 17 de agosto, cursante de fs. 133 a 139, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Luis Torrez Alarcón contra Sergio Abraham Imana Canedo Director Departamental a.i.; y, Cesar Octavio Coronado López, Profesional I Jurídico, ambos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 14 de agosto de 2018, cursante de fs. 21 a 24 vta., el accionante, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 24 de julio de 2018, a las 12:00, cuando estaba ausente de su predio, ubicado en San Miguel de Taruma, distante a 10 kilómetros de la localidad de Cabezas del departamento de Santa Cruz, se produjeron actos que provocaron la destrucción de la vivienda y todos los bienes muebles que tenía en la parcela que trabajó durante varios años, en la que fue posesionado legalmente por Higinio Coca Guareray, Capitán Zonal de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO), Takovo Mora del Municipio de Cabezas del mismo departamento, autoridad que con la facultad conferida de entregar tierras fiscales a sus afiliados, luego de que su persona realizara el trámite de dotación de tierras, procedió a dotarle de una parcela de 50 ha.
Los actos mencionados fueron realizados por un funcionario del INRA, la policía y personas particulares, en cumplimiento y ejecución del Mandamiento de Lanzamiento de 23 de julio de 2018, emitido por Sergio Abraham Imaná Canedo, Director Departamental interino del INRA Santa Cruz ahora demandado, quien emitió el documento referido, que de manera ambigua, absurda e incompleta ordenó que un funcionario de la institución mencionada, proceda al "desalojo bajo apercibimiento de lanzamiento de los ocupantes que se encontraren dentro de la tierra fiscal"(sic), sin especificar el nombre de la persona contra quien se dirigió el mandamiento y con la agravante, de que nunca fue notificado con la resolución que dispuso la emisión de dicho mandamiento en su contra.
Una vez que obtuvo una copia del documento, mediante memorial de 26 del mismo mes y año, recurrió ante la autoridad demandada, solicitando fotocopias simples de todo el expediente del proceso de desalojo, con el fin de ejercer su derecho a la defensa; sin embargo, el ahora codemandado, Cesar Octavio Coronado López, Profesional I Jurídico, del INRA, mediante un proveído, rechazó su solicitud, con el argumento de que debía presentar documentación que acredite su interés legal sobre la parcela intervenida, a sabiendas que no podía cumplir esa disposición, vulnerando de esa forma, el derecho anteriormente mencionado y que incide en que no pueda acceder a los datos del proceso, con el fin de impugnar el mandamiento nombrado con anterioridad.
I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado
El accionante, señaló como lesionado sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la "seguridad jurídica" y la legalidad, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 119.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
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