Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0095/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad
Expediente: 57252-2023-115-AL Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 60/2023 de 27 de julio, cursante de fs. 24 vta. a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por AA contra Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, Martha Raquel Rojas Rojas, Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del referido departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 26 de julio de 2023, cursante a fs. 1; y, 12 a 15, la accionante manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el 25 de mayo de 2023 Martha Raquel Rojas Rojas, Jueza de Instrucción Penal Primera de Villamontes del departamento de Tarija -codemandada-, dispuso su detención preventiva activando la probabilidad de autoría y los peligros procesales de fuga y obstaculización conforme los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Dicha autoridad fundamentó la probabilidad de autoría en el hallazgo de sustancias controladas dentro de su habitación tras el ingreso policial a su inmueble. Respecto al peligro de fuga, argumentó que el tráfico de sustancias controladas afectaba a menores y adolescentes y que la sociedad era víctima del hecho, por lo que la imputada representaba un peligro efectivo. Sobre el peligro de obstaculización, sostuvo que la investigación se encontraba en etapa inicial, que el delito era complejo y que faltaban diligencias como inspección ocular, pericia toxicológica y declaraciones de los policías intervinientes.
El 20 de junio de 2023 se desarrolló la audiencia de cesación a la detención preventiva ante la Jueza codemandada. Su defensa presentó nuevos elementos destinados a demostrar la disminución de los peligros procesales y la procedencia de la sustitución de la medida conforme al art. 239.1 del CPP. Sin embargo, la referida Jueza rechazó su solicitud mediante Auto Interlocutorio de 20 de junio de 2023, basándose en presunciones abstractas y sin fundamentación suficiente.
La Juez codemandada consideró insuficiente un informe social en el que el coimputado dentro del proceso penal afirmó haber ocultado las sustancias aprovechando su ausencia, pues tal informe no constituía una declaración ampliatoria y que la propiedad del inmueble donde se hallaron las sustancias mantenía su probabilidad de autoría; empero, no explicó por qué un informe social elaborado por una profesional idónea y obtenido mediante requerimiento fiscal no podía tener valor relevante.
En relación con el peligro de fuga, la Jueza codemandada sostuvo que, el informe social, el certificado médico forense, los certificados de estudio de la hija menor y la acreditación de que su persona padece Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA) no eran suficientes para disminuir el riesgo, reiterando que se trataba de un delito donde las víctimas eran menores y que existía flagrancia; no obstante, no explicó por qué su persona seguía representando un peligro efectivo para la sociedad pese a encontrarse detenida, ser madre soltera y padecer una enfermedad grave.
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