Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0096/2020-CA Sucre, 18 de junio 2020
Expediente: 33820-2020-68-AIA Materia: Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: La Paz
La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta Erik Morón Osinaga, Asambleísta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demandando la inconstitucionalidad de la Ley 1297 de 30 de abril de 2020, por ser supuestamente contraria a los arts. 8.I y II, 9, 11, 12, 13, 15.I, 18.I, 26 y 27 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 4 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN
I.1. Argumentos jurídicos de la acción
Por memoriales presentados, el de demanda de 29 de mayo de 2020, cursante de fs. 1 a 18 y el de subsanación, que corre a fs. 37 y vta., el accionante formula acción de inconstitucionalidad abstracta contra la totalidad de la Ley 1297 de 30 de abril de 2020, alegando que en consideración a la pandemia por la que atraviesa la humanidad que no es ajena a la realidad boliviana, por el riesgo que implica el sólo salir a las calles, se dispuso que la población ingrese en cuarentena y se mantenga en sus hogares con restricción de salidas por uno a dos personas por familia; por ese motivo también, se suspendieron las elecciones generales previstas para el 3 de mayo de igual año, promulgándose la Ley 1297 -ahora impugnada-.
Añade que sin ingresar a valorar el accionar del gobierno en atención a la pandemia, debe considerarse objetivamente las cifras de contagios en el mundo, que en el caso boliviano, alcanza a 4263 (cuatro mil doscientas sesenta y tres) personas; como así también, la tasa de letalidad, que oscila en un 11,80%; y de letalidad, que asciende a 4,08%. Lo que demuestra que en Bolivia, la posibilidad de recuperarse de un contagio es mucho menor que en el resto de los países sudamericanos, situación que es un hecho real y no subjetivo, que emerge de las estadísticas.
En ese contexto, la Ley 1297 establece que las elecciones suspendidas, deberán realizarse hasta máximo el 3 de agosto de 2020; si bien la fecha no está definida aún, debe tomarse en cuenta que en el "mundo entero" aún no se llegó a la cima de la curva de contagios, por lo que es mucho más probable de acuerdo a las estadísticas, que cuando llegue el momento de las elecciones se estará en "pleno apogeo" de la pandemia, de modo que todos los bolivianos estarán expuestos a un riesgo real y concreto de contagio, más aún las personas adulto mayores, que representan el 14,96% del padrón electoral, quienes no asistirán a emitir su voto por el temor de contraer el virus. Situación provocada por la Ley 1297, que pone en riesgo real y concreto la vida o al menos la salud del 100% de las personas electoras y principalmente de dicho grupo vulnerable, como así también, de los enfermos de diabetes, que de acuerdo a "...una información oficial del Ministerio de Salud, realizado en el mes de septiembre de 2017..." (sic) suman a 362 000 (trescientos sesenta y dos mil) personas que padecen esa patología; quienes se ponen en situación de riesgo al acudir a las urnas, ya que el sistema jurídico electoral dispone que la emisión del voto no es sólo un derecho, sino también una obligación.
Al respecto, a pesar que se observen todos los protocolos y normas de seguridad por parte del Órgano Electoral, de todas formas existirá el riesgo de contraer el virus, como lo demuestra la cantidad de galenos y enfermeras contagiadas e incluso fallecidas.
Añade que, si bien hay quienes sostienen que el test de constitucionalidad es de puro derecho y que no da lugar a la posibilidad probatoria, debe advertirse que toda ley genera efectos y cuando éstos afectan algún valor ético-moral, principio, fin del Estado o derecho constitucional o convencional, deja de ser compatible con la Constitución, correspondiendo al Órgano Contralor de constitucionalidad, declarar la inconstitucionalidad de la norma. En ese orden, al evidenciarse que la Ley 1297 es contraria a las disposiciones emitidas por organismos internacionales en materia de derechos humanos, que sostienen la promoción y preservación de la vida y la salud, dada la coyuntura de la pandemia, debe realizarse un control de convencionalidad sobre la Ley impugnada, conforme a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de 7 de septiembre de 2004, caso Tibi vs. Ecuador; de 24 de noviembre de 2006, caso Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú; y la . A lo que se suma lo dispuesto en la Declaración 01/20 de 20 de abril de 2020 emitida por la CIDH, que promueve la protección convencional de grupos vulnerables; el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, en cuanto a la obligación de los estados de prevenir situaciones que pongan en riesgo la salud, que es inobservada en la Ley 1297; y lo establecido en los Principios de Siracusa, que exhorta a que la limitación de derechos y libertades de las personas por razones de salud pública o emergencia nacional, debe ser legal, necesaria y proporcional, puesto que al no existir certeza que dentro de noventa días, los derechos a la salud y a la vida estén preservados, no es posible ponerlos en riesgo con la convocatoria a elecciones, ya que dicha decisión debiera tomarse cuando se conozca el comportamiento real de la parte más cruda y severa de la pandemia.
Aspectos por los cuales, la Ley 1297 vulnera los valores ético-morales del Suma Qamaña, Ñandereko y Teko Kavi, así como el valor de bienestar común y los derechos a la vida y a la salud, contenidos en los arts. 8.I y II, 9.2 y 5, 13, 15.I y 18. I de la CPE; 3 de la DUDH; y 4 de la CADH.
Por otra parte, en lo que respecta a la alegada inconstitucionalidad de la Ley 1297 con relación a los arts. 9.I, 11, 12, 13, 26 y 27 de la CPE; 21 de la DUDH; 23 de la CADH; y, 25 del PIDCP, señala que en el art. 1 de la referida Ley, se dispone la suspensión del proceso electoral, y en los arts. 3 y 4 del mismo cuerpo normativo impugnado, la continuidad de las actividades del calendario electoral, aplicando el principio de preclusión respecto a las ya realizadas y cumplidas, estableciendo que no pueden ser revisadas ni repetidas; normativa que restringe los derechos de elegir y ser elegidos de la población joven que asciende alrededor 115000 (ciento quince mil) personas, quienes no podrán inscribirse al padrón electoral, tas haberse dispuesto en la Ley 1297, que las fases del proceso electoral fenecieron, incluida la de ampliación del padrón electoral a nuevos electores que hubieran cumplido la mayoría de edad hasta la realización de los próximos comicios, impidiéndoles participar en la formación de los órganos del estado ejecutivo y judicial; a lo que se agrega, que por la pandemia y en virtud al derecho de objeción de conciencia, declinarán de emitir su voto para evitar contagios, precautelando su vida y su salud, que se pone en riesgo, como consecuencia de la Ley 1297.
Mostrando 13 de 63 parrafos.