Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0097/2026-RCA Sucre, 17 de marzo de 2026
Expediente: 82206-2026-165-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 100/2025 de 11 de septiembre, cursante de fs. 124 a 126, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ramiro Leonardo Quispe Pally contra Javier Chaca Quina, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto; y José Miguel Ortuño Valencia, Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Sexto y Edwin Omar Colque Gonzales, Fiscal de Materia ambos de El Alto, todos del departamentos de La Paz.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 21 de agosto, y 8 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 89 a 100 y de 120 a 123, respectivamente, el accionante argumenta que, dentro del proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión del delito de acoso sexual, cuya denuncia fue presentada el 30 de enero de 2023; señaló que, desde el inicio de la investigación se produjeron irregularidades; pues durante la etapa preliminar, no fue citado mucho menos notificado, lesionando de esa manera normas procesales penales, hechos que le causaron un estado de indefensión; puesto que, recién el 4 de abril de 2023, tomó conocimiento de la denuncia y habiendo sido aprehendido se llevó a cabo su audiencia de medidas cautelares.
Asimismo; sostuvo que, pese a su condición de persona con discapacidad física grave del sesenta y cuatro por ciento, las autoridades no aplicaron un enfoque de protección reforzada ni garantizaron condiciones adecuadas de acceso a la justicia, pues, en la audiencia de medidas cautelares le impusieron medidas desproporcionadas, como ser el arraigo y la detención domiciliaria sin salida laboral, no consideraron ni valoraron su situación personal, lo trataron como culpable sin existir prueba suficiente.
Durante la etapa preparatoria, solicitó reiteradamente la producción de actos investigativos, pruebas, pericias y declaraciones testificales orientadas a demostrar su inocencia; sin embargo, dichas solicitudes fueron rechazadas con argumentos de supuesta falta de utilidad y pertinencia, sin efectuar una debida fundamentación.
Existió una falta de congruencia entre los hechos investigados y la acusación formal presentada por el Ministerio Público, la cual fue elaborada sin una debida motivación ni fundamentación, limitándose a transcribir la imputación formal sin incorporar adecuadamente los elementos de modo, tiempo y lugar; además que, la acusación contenía afirmaciones subjetivas y valoraciones no sustentadas en pruebas, evidenciando una total incongruencia respecto al hecho investigado.
Ante dichas irregularidades, interpuso incidente de nulidad de la notificación; debido a que, la misma no fue practicada conforme a los requisitos legales; ya que, se realizó mediante cédula sin cumplir las formalidades exigidas, omitiendo la constancia de testigo de actuación; de igual forma, planteó incidente de nulidad de la acusación formal por falta de fundamentación y por defectos absolutos, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales y garantías constitucionales en su contra, conforme se detalla en el memorial de subsanación, ese incidente fue declarado infundado por la autoridad judicial en audiencia de juicio oral de 9 de junio de 2025, sin que se hubiera valorado de manera objetiva los argumentos y pruebas presentadas, emitiéndose decisiones carentes de motivación suficiente.
Las autoridades demandadas no aplicaron el control de convencionalidad ni consideraron los estándares internacionales de protección de derechos humanos, especialmente aquellos referidos a personas con discapacidad, incumpliendo lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-, no se garantizó su acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones, ni se adoptaron medidas para evitar su revictimización.
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