Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0097/2026-S3 Sucre, 3 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 79663-2025-160-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 186/2025 de 26 de noviembre, cursante de fs. 220 a 221 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Graciela Quispe Mamani, en representación sin mandato de su hijo adolescente AA contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 26 de noviembre de 2025, cursante de fs. 210 a 213, el accionante, a través de su representante, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación; en audiencia de aplicación de medidas cautelares, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 258/2025 de 5 de septiembre, dispuso su libertad provisional bajo medidas sustitutivas consistentes en arraigo, la presentación de dos garantes solventes, verificación domiciliaria y prohibición de acercarse a la víctima y tomar contacto con ella, aún por vía telefónica.
Contra la determinación referida, se interpuso recurso de apelación en la vía incidental, mismo que fue resuelto por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, quien por Auto de Vista 906/2025 de 9 de octubre, revocó el Auto apelado y dispuso su detención preventiva; alegando que existía falta de fundamentación fáctica, jurídica y probatoria, que conllevaba a una total incongruencia, al contar con elementos suficientes que acreditaban la probable participación del adolescente infractor en el hecho y por otro lado no se tenía elementos probatorios que desvirtúen los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los incisos d) y e) del art. 290 del Código Niño, Niña, Adolescente (CNNA), pues estando en libertad podría obstaculizar en los actos investigativos, tales como el registro e inspección técnica ocular del lugar de los hechos, la pericia en informática forense de los dispositivos de ambos adolescentes; y, al encontrarse pendiente la declaración de testigos entre ellos el administrador del alojamiento, la profesional que atendió en la farmacia donde se compraron las patillas anticonceptivas, en quienes podía influir negativamente a través de amedrentamiento por sí o sus familiares; en consecuencia, existían los requisitos para disponer la detención preventiva.
La decisión de la Vocal demandada, resultó arbitraria e ilegal, toda vez que vulneró directamente los estándares constitucionales y convencionales aplicables a un adolescente en conflicto con la ley penal, al no considerar que la privación de libertad debía ser usada como medida de último recurso y durante el periodo más breve posible, omitiendo realizar un juicio de proporcionalidad, así como justificar por qué las medidas sustitutivas inicialmente impuestas resultaban insuficientes; en su lugar, se limitó a invocar la gravedad del delito y la mera presunción de riesgos, sin ponderar la relación con la víctima, al ser ambos adolescentes de dieciséis y catorce años respectivamente.
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal y de locomoción, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, a la presunción de inocencia y a la igualdad de oportunidades entre partes; y, los principios de proporcionalidad y excepcionalidad; citando al efecto los arts. 22, 23.II, 115.II y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 3, 9, 10 y 13 de la Declaración universal de los Derechos Humanos (DUDH); 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH); y, 2, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga:
- a)Anular la Resolución 906/2025 de 9 de octubre, emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz;
- b)Ordenar la emisión de nueva resolución conforme a los estándares de fundamentación y proporcionalidad; y,
- c)Ordenar la inmediata restitución de su derecho a la libertad, o en su defecto mantener vigentes las medidas sustitutivas concedidas inicialmente.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
Celebrada la audiencia pública el 26 de noviembre de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 218 a 219, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante, a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó:
- 1)Se trataba de un adolescente, a quien se le estaba imputando un delito; la autoridad de jurisdicción ordinaria no consideró ciertos aspectos que debían ser motivados y fundamentados en el Auto de Vista 906/2025;
- 2)La Resolución de alzada señaló que no se contaba con elementos probatorios que desvirtúen los riesgos procesales; empero dispuso la detención preventiva sin considerar la documentación valorada por la Jueza de instancia y que justificó la imposición de medidas sustitutivas;
- 3)Al ser menor de edad este no contaba con trabajo; sin embargo, presentó documental referente a sus estudios, aclarando que incluso fue aprehendido en su propia unidad educativa;
- 4)Las medidas sustitutivas dispuestas, fueron cumplidas;
- 5)La autoridad demandada afirmó que se podría obstaculizar la realización de una inspección ocular que no fue determinada dentro de la investigación; en cuanto a la pericia forense de los dispositivos, éstos fueron entregados por orden de la Fiscal de Materia, no se estableció de qué manera podría influenciar a los testigos identificados y a la víctima, de quien conocería sus actividades diarias, pues eran enamorados, con una diferencia de dos años de edad; y,
- 6)El Auto de Vista cuestionado no determinó por cuánto tiempo estaría detenido preventivamente, y tampoco consideró que dicha medida interferiría directamente en su desarrollo físico, mental y social.
I.2.2. Informe de la autoridad demandada
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito, presentado el 26 de noviembre de 2025, cursante a fs. 217, manifestó que:
- i)Cumplió con la debida fundamentación fáctica y jurídica prevista en los arts. 124 y 173 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que se remitía íntegramente a lo fundamentado en el Auto de Vista 906/2025, en su acápite "V. FUNDAMENTO DE HECHO Y DERECHO" (sic), enfatizando que la Resolución llevada en grado de apelación evidenciaba que la Jueza a quo no realizó fundamentación fáctica y jurídica, menos aún probatoria;
- ii)En relación a la proporcionalidad la Jueza de instancia no efectuó el test respectivo, como establece la , menos aún el juicio de ponderación para justificar si la medida otorgada era idónea o adecuada en relación a la protección de los derechos de la víctima, que era mujer y menor de edad; y,
- iii)El accionante no describió el nexo causal por el cual se esté vulnerando algún derecho, limitándose a pedir a la autoridad constitucional, resuelva aspectos propios de la jurisdicción ordinaria, por lo que correspondería denegar la tutela impetrada.
I.2.3. Resolución
El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 186/2025 de 26 de noviembre, cursante de fs. 220 a 221 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:
- a)Dentro del caso concreto se tiene que la Resolución 906/2025 de 9 de octubre, emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, realizó la debida fundamentación en el apartado quinto, estableciendo la relación fáctica y la norma a la que se sujetaba el caso planteado; señalando que procedió a la revisión del Auto Interlocutorio 258/2025 de 5 de septiembre llevado en apelación, haciendo referencia a los agravios formulados y lo previsto en el CNNA, sobre la existencia de elementos suficientes que demuestren la probable participación del adolescente AA en el hecho y la existencia de riesgos razonables de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad;
- b)Hizo referencia a las pruebas presentadas en audiencia, concluyendo que observó la inexistencia de pronunciamiento específico de la Jueza a quo, respecto de la solicitud realizada por el Fiscal de Materia, y sólo se pronunció sobre la probable existencia del delito, y no así sobre los riesgos procesales, por ello declaró procedente el recurso de apelación;
- c)La autoridad demandada fundamentó y motivó con relación a la negativa de la detención preventiva por parte de la Jueza de instancia, expresando que al tenerse elementos sobre la probable participación del adolescente en el hecho, era procedente la solicitud de la Fiscalía, para ordenar la detención preventiva, al concurrir además el riesgo razonable de fuga u obstaculización de averiguación de la verdad;
- d)Previa valoración de la prueba, concluyó que el adolescente infractor iba a obstaculizar los actos de investigación que se encontraban pendientes, citando la inspección técnica ocular, pericia informática y otros, así como la declaración de testigos, sobre quienes podría influir negativamente al estar en libertad;
- e)En el último acápite de la parte considerativa, señaló que la autoridad de instancia no realizó el test de proporcionalidad que señalaba la , menos el juicio de ponderación para justificar si la medida otorgada era idónea o adecuada en relación a la protección de los derechos de la víctima, de ahí que dispuso la admisibilidad del recurso de apelación la procedencia de las cuestiones planteadas en el fondo y revocó la Resolución 258/2025, disponiendo la detención preventiva del adolescente AA; por ello, se advierte que la falta de fundamentación y motivación no era evidente; y,
- f)En relación al test de proporcionalidad, la Sala Penal Segunda se avocó a los agravios expuestos y en esa circunstancia señaló la ausencia de ponderación de los derechos que atingen a la protección de los derechos de la víctima; es decir, que se advierte que la autoridad demandada consideró que la víctima debía ser protegida por su condición de mujer y su minoría de edad, siendo por ello doblemente vulnerable.
I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
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