0098/2022-S4

Solicitaron se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se disponga:

1. a)Se ordene a la parte demandada sus reincorporaciones de forma inmediata;
2. b)Se proceda a la pronta cancelación de sus salarios devengados, en cumplimiento integral de la Conminatoria de Reincorporación IDTSC/FRC/CONM 103/2020; y,
3. c)Se condene en costas y costos a la parte demandada.

La parte accionante, a través de su abogado en audiencia, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándola, refirió que:

1. 1)En la SCP 0494/2019-S3 de 26 de agosto, se establece una reconducción de la línea jurisprudencial al establecer de cuando el Tribunal Constitucional tenga conocimiento sobre la denuncia de incumplimiento de una conminatoria, lo único que debe realizar es verificar si dicha conminatoria ha sido cumplida o incumplida por la parte demandada, sin ingresar al fondo de la problemática, de modo que cualquier incidente en el que pueda argumentarse falta de motivación, congruencia o inejecutabilidad de la conminatoria, no puede ser considerada por la jurisdicción constitucional;
2. 2)La conminatoria de reincorporación IDTSC/FRC/CONM 103/2020 emanada por la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz fue incumplida por la parte demandada, tal como establece el informe de verificación de 11 de enero del 2021 realizada por el inspector del trabajo de la citada repartición estatal, en el cual, se concluye que la empresa ahora demandada no dio cumplimiento a dicha conminatoria;
3. 3)La referida conminatoria fue impugnada; sin embargo, el recurso de revocatoria se resolvió a favor de los trabajadores, y, se conoció que también fue impugnada vía recurso jerárquico; pero no es, óbice para, dar cumplimiento a la mencionada conminatoria;
4. 4)Al desvincularlos por razones de fuerza mayor, se omitió considerar que estamos aún en plena vigencia de la Ley 1309, la misma que prohíbe los despidos desde el 22 de marzo del 2020 hasta la fecha y dos meses después de concluida la pandemia; y,
5. 5)La parte demandada depositó a sus cuentas individuales un monto determinado por concepto de finiquitos, los cuales fueron devueltos oportunamente.

Shigueru Miguel Hoshino Montaño, a través de sus abogadas en audiencia, refirieron lo siguiente:

1. i)La acción de amparo constitucional tiene naturaleza tutelar, y por ende, no es competencia de este Tribunal, ingresar a la revisar la valoración de prueba, realizada por la autoridad administrativa, en este caso la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz; sin embargo, esta regla tiene una excepción cuando la motivación de la resolución administrativa que ordena la reincorporación incurrió en motivación arbitraria, irracional y desproporcional, que afecta al debido proceso y al derecho a la defensa, de modo tal que se debe controlar que las resoluciones de reincorporación tengan pertinencia a fin de generar la certeza al justiciable y comprobar si en efecto, se cumplió con la normativa laboral;
2. ii)En el presente caso, nos encontramos frente a una causal de conclusión extraordinaria de la relación laboral que vendría a ser el motivo de fuerza mayor, al respecto, el convenio 89 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que la interrupción de trabajos se puede dar por un caso de fuerza mayor, así también lo entiende la jurisprudencia establecida en la SCP 0311/2013²;
3. iii)La resolución administrativa hoy objeto del amparo constitucional carece de motivación y eso genera perjuicio en el entendido que se nos está conminando a reincorporarlos sin considerar que existe una causal extraordinaria por un hecho no atribuible ni al empleador ni al empleado;
4. iv)Hubo una conclusión laboral que lleva un título "por fuerza mayor", que viene a raíz de un factor económico, por eso es imposible cumplir la conminatoria de reincorporación donde se establece que debió haber un proceso previo;
5. v)La citada conminatoria sostiene que hubieran realizado una interpretación correcta de la fuerza mayor en la "SCP 1088/2015³", y que no cumplieron los requisitos para demostrar el déficit económico; sin embargo, los balances auditados presentados y debidamente ingresados a Impuestos Nacionales no fueron valorados; y,
6. vi)No se cumplió con el principio de pertinencia que daría lugar a la reincorporación de los hoy accionantes, conforme se tiene el lineamiento contenido en la SCP 0831/2019-S2 de 17 de septiembre, en ese sentido, solicitaron que previo a ingresar a la valoración excepcional del acervo probatorio que se adjuntó y presentó, se deniegue la tutela solicitada.

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 23 de 17 de febrero de 2021, cursante de fs. 56 vta. a 59 vta., concedió la tutela impetrada, ordenado que la parte impetrante de tutela demandada proceda a la inmediata reincorporación a su fuente laboral a los ahora accionantes, más el pago de sus salarios devengados, sin imposición de costas, por ser excusable; bajo los siguientes argumentos:

1. a)El derecho al trabajo previsto en el art. 46 de la CPE engloba una remuneración justa y se desprenden diversas necesidades como es la vida y la salud;
2. b)El Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006 establece que para el caso que fuera despedido, el trabajador puede optar por el cobro de sus beneficios sociales y retirarse de la empresa; o bien, si desea continuar trabajando, tiene la posibilidad de optar por su reincorporación; en este último caso, acudirá al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez probado el despido injustificado se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de sus salarios devengados y demás derechos actualizados a la fecha de pago, siendo las conminatorias de reincorporación laboral obligatorias;
3. c)La SCP 0177/2012 estableció que las conminatorias de reincorporación laboral deben ser cumplidas de manera inexcusable, porque tienen esa naturaleza obligatoria, posteriormente se cambió la línea constitucional y se emitió la SCP 2355/2012, la cual dispuso la verificación de la fundamentación de la conminatoria para recién hacerla obligatoria, luego la SCP 0900/2013² estableció la obligación de realizar una valoración integral de los datos del proceso, para a parir de ello, otorgarle el carácter obligatorio, finalmente, a través de la SCP 0170/2019-S4 se estableció que se debe aplicar el estándar más alto de protección, y por tanto, de aplicación preferente ante la reincorporación dispuesta por la autoridad administrativa, mediante resolución expresa dictada por las Jefaturas Departamentales del Trabajo Empleo y Previsión Social y esta debe ser cumplida sin excusa ni demora alguna por parte del empleador, dada la protección que merece el derecho al trabajo por parte del Estado y en observancia de los principios de continuidad y relación laboral; de modo que, la conminatoria de reincorporación laboral tiene un carácter obligatorio para el trabajador;
4. d)Para que se considere un motivo de fuerza mayor, debe haber existido un cierre de la entidad, cuestión que no aconteció en el presente caso; y,
5. e)La Ley 1309 estableció que el Estado protegerá la estabilidad laboral de las y los trabajadores de las organizaciones económicas estatales, privadas y otros, reguladas por las normas laborales para no ser despedidos, removidos, trasladados desmejorados o desvinculados de su cargo, durante el tiempo que duré la cuarentena incluso hasta dos meses después.