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TCP

0099/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
5 de abril de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0099/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0099/2019-S2 Sucre, 5 de abril de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 25064-2018-51-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 09/2018 de 1 de agosto, cursante de fs. 496 a 499 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jeison Alexander Minota Rodríguez contra Víctor Guaqui Condori y Ana María Villa Gómez Oña, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 3 y 17 de julio de 2018, cursantes de fs. 41 a 68 vta.; y, 71 a 93 vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue arrestado por funcionarios policiales en Villa San Antonio, por ser de nacionalidad colombiana y estar manejando una motocicleta, le pusieron una capucha y lo llevaron a su domicilio, el mismo que fue allanado, registrado y requisado, encontrando tarjetas con la inscripción: Credi ya, Mercadería a crédito, préstamo de dinero al instante y una lista de electrodomésticos. Sobre la base de dichos elementos, el Fiscal Omar Alcides Mejillones Copana ordenó su aprehensión e imputó formalmente por la supuesta comisión del delito previsto en la sanción del art. 363 quater inc. a) del Código Penal (CP), delitos financieros, solicitando su detención preventiva.

Por Auto Interlocutorio 168/2018 de 30 abril se dispuso su detención preventiva, al considerar que concurrían los numerales 1. y 2. del art. 233, concordante con los numerales 1. y 2. del art. 234 y numerales 1. y 2. del art. 235, todos del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin considerar que los indicios recolectados no eran suficientes para establecer su autoría, pues no demostraban que su conducta se subsumía en el hecho imputado ni se encuadraba en las conductas establecidas por los arts. 118 y 119 de la Ley de Servicios Financieros -Ley 393 de 21 de agosto de 2013-; ya que, no existe ningún elemento que establezca que hubiera realizado préstamos, cobrado a alguna persona por cierto concepto, amenazado a alguien o quitado mercadería. Asimismo alega que en dicho Auto, realizaron una valoración subjetiva, imprecisa y a futuro de los elementos indiciarios para determinar la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización, basándose en simples presunciones al afirmar que en libertad modificaría, suprimiría elementos de prueba e influenciaría a testigos que ni siquiera conoce.

Ante los agravios sufridos interpuso el recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que mediante Auto de Vista 153/2018 de 29 de mayo, sin atender los agravios que fundamentó su defensa técnica, declaró la improcedencia de su recurso, con las siguientes vulneraciones:

  1. a)No fundamentó la supuesta autoría y no valoró correctamente los elementos indiciarios que presentó el Ministerio Público; no consideró la prueba que acompañó a su recurso y no expresó los motivos por los que no se otorgó valor alguno a los elementos presentados por su defensa. Los demandados se ampararon en lo previsto por el art. 302 del CPP, afirmando que la probabilidad de autoría requiere solo indicios y que de la revisión de la imputación formal, se han establecido siete elementos que el Juez a quo consideró para dar por acreditado ese riesgo procesal, afirmaron también que en la etapa preliminar y preparatoria no se puede exigir una calificación correcta al ser una fase de probabilidades y no de certezas del grado de participación del imputado, y que la tarea de subsumir la conducta al tipo penal corresponde al Tribunal de Sentencia; y,
  2. b)Respecto a la concurrencia del "riesgo de obstaculización" previsto por los numerales 1. y 2. del art. 235 del CPP, los vocales demandados señalaron que las conclusiones del Juez a quo tenían lógica y estaban dentro del marco de razonabilidad, ya que existían diferentes números de celulares en las tarjetas personales, identificado dos números específicos, quedando por recibir testimonios de testigos y pericias pendientes; sin embargo, no consideraron las modificaciones de la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010- respecto a la descripción de peligro de obstaculización, que establece que la posibilidad de que el imputado en libertad pueda destruir, modificar, alterar, suprimir o falsificar elementos de prueba o que influya negativamente sobre testigos, participes o peritos debe ser en tiempo presente, concreto y real, presentado al efecto las , , que determinan que el riesgo procesal no puede estar determinado de manera subjetiva, que no fueron consideradas, arguyendo que los supuestos facticos no eran análogos.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a la tutela judicial efectiva y a la "seguridad jurídica"; citando al efecto los arts. 115, 117.I, 119.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 153/2018, ordenando la emisión de una nueva resolución que resuelva los agravios expresados de su parte, valore todos los elementos indiciarios aportados por el Ministerio Público y por su defensa, asignándoles el valor correspondiente.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 1 de agosto de 2018, según consta en acta cursante de fs. 490 a 495 vta., produciéndose los siguientes actuados:

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