0099/2023-S1

Elizabeth Viviana Angulo Calderón a través de su abogado, en audiencia señaló que:

1. a)Planteó demanda de divorcio, a los tres días hubo otra demanda sobre una conciliación, la cual se limitaba a enunciar aspectos sobre la elaboración del documento, pero no proponía una conciliación, con respecto a la "Conciliadora 8", comunicó su inasistencia -de la ahora tercera interesada- porque correspondía a un proceso familiar, pues ya se había iniciado el divorcio; en el mes de septiembre -no indica año- la "Jueza Mirtha Villavicencio" (sic) dictó una resolución disponiendo que correspondía a la vía familiar y ordenó la remisión del proceso a la jurisdicción familiar, que por una mala situación del "servidor", entró en sorteo en lugar de remitirse de forma directa al Juzgado Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz y le tocó a su similar Primero, durante todo el proceso se manejó el tema de que era un bien propio, pero aquí se ingresó en una contradicción;
2. b)Nunca se discutió si el bien inmueble en cuestión era propio o no, pues el documento de derecho propietario fue inscrito el 26 de diciembre de 2004, dos meses antes del matrimonio, que se llevó a cabo el 26 de febrero de 2005, en "junio" es que se celebró el documento, que no es de donación y lo establece el Auto de Vista ahora cuestionado, en la Cláusula Segunda del documento indica que el 50% del inmueble le corresponde, ya que había puesto dinero, entonces no es una cesión gratuita, si bien fue un bien propio, lo fue hasta que le reconoció el 50%, entonces los bienes gananciales también son los que se han adquirido a título de donación, "eso no entra, pero lo que ha sido adquiridos en otro título, la calidad de la obtención, y la calidad de la obtención está en el documento y eso es lo que resuelve el tribunal de alzada" (sic); y,
3. c)La Jueza de primera instancia citó erróneamente el art. 190.I del CFPF, pues los documentos tienen validez entre partes, entre cónyuges y puede afectar a un tercero, ese tercero tendría que demandar la nulidad o anulabilidad de esos argumentos, no se puede pedir la nulidad de un acto propio, así lo establece la doctrina de los actos propios, y ese es el principio desarrollado por la autoridades ahora demandadas.

La Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz, por Resolución 55/2020 de 27 de agosto, cursante de fs. 62 a 64 vta., concedió la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)De la revisión del Auto de Vista 117/19 de 14 de noviembre de 2019, se aprecia que el Tribunal ad quem no hizo una valoración de las pruebas que fueron presentadas y valoradas en primera instancia, como ser el documento privado de 31 de diciembre de 2004, inscrito en DDRR mediante Testimonio de Escritura Pública 601/2005, así como el documento de 10 de diciembre de 2004; asimismo, la documental de 16 de noviembre de 2004, el testimonio y fotocopias legalizadas de un proceso sobre medidas preparatorias seguido por el ahora accionante contra Eduardo Ramírez Altieri, aspectos que provocaron la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso, que influye en la confiabilidad de las hipótesis que incidieron en los fundamentos de la decisión, es decir, que el Tribunal de segunda instancia debió realizar una valoración de la prueba; consiguientemente, se ha vulnerado el derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones, como elemento constitutivo del debido proceso; y,
2. 2)En el marco del alcance del elemento congruencia del debido proceso, se advierte que las autoridades demandadas no se pronunciaron sobre algunos agravios expuestos en el recurso de apelación, debiendo al menos haber explicado las razones por las cuales no consideraron ciertos agravios.

II.5. De la lectura del Auto 434 de 10 de mayo de 2019, se advierte que el mismo fue emitido dentro de la fenecida demanda de divorcio planteada por Elizabeth Viviana Angulo Calderón contra Renato Alfredo Jacobs Fuentes -ahora accionante- y posterior demanda incidental de división de bienes gananciales de la misma actora contra el referido demandado y posterior acumulación de la demanda de nulidad de reconocimiento de derecho propietario planteada por el ahora impetrante de tutela contra la referida actora, cuya pretensión era la nulidad y cancelación de registros de DDRR del inmueble con matrícula computarizada 7.01.1.99.0042460; dicho Auto dispuso homologar el acta de audiencia con respecto a la conciliación parcial, con respecto a los bienes gananciales declarados como tales por ambas partes; con relación a la demanda incidental de división de bienes gananciales sobre el inmueble ubicado en la calle "Álvaro Velásquez 3135", con matrícula computarizada señalada supra, fue declarada improbada la misma, declarándolo como bien propio de Renato Alfredo Jacobs Fuentes; con respecto a la nulidad del Testimonio de Escritura Pública 941/2005 de reconocimiento de derecho propietario del inmueble suscrito entre partes, fue declarada su nulidad, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)Del folio real del inmueble con matrícula computarizada 7.01.1.99.0042460, se debe considerar que de la revisión del Asiento A-3 se tiene que el titular del bien es Renato Alfredo Jacobs Fuentes, a través "del documento de compra venta de escritura pública 601 de 7 de junio de 2005"; asimismo, de la revisión del Asiento A-4 se tiene que son titulares del bien, los antes esposos, mediante "documento de compra venta 941 de 19 de agosto de 2005" (sic); por otro lado, tomó en cuenta el Testimonio de Escritura Pública 601/2005 de transferencia definitiva de inmueble entre Carlos Eduardo Ramírez Altieri (vendedor) y Renato Alfredo Jacobs Fuentes (comprador), y también consideró el Testimonio de Escritura Pública 941/2005, consistente en el reconocimiento de derecho propietario de un inmueble celebrado entre los ex esposos, en el cual Renato Alfredo Jacobs Fuentes hizo un reconocimiento sobre que ese bien inmueble sería un bien ganancial de ambos;
2. ii)Debe considerarse el derecho civil, como fuente de todas las otras ramas del derecho, que más tarde alcanzaron autonomía, el cual se aplica de manera supletoria en las demás ramas del derecho, sin dejar de aplicar el procedimiento especial de cada materia, en ese marco, citó textualmente el art. 546, 547, 551 (respecto de este artículo señaló que la nulidad fue planteada por uno de los intervinientes en el Testimonio de Escritura Pública 941/2005), 552 y 553 del CC; asimismo, señaló que en materia familiar existe una causal especial de nulidad de un contrato que afecta o contraviene la comunidad de gananciales establecidas en el art. 177.II del CFPF;
3. iii)El bien inmueble con matrícula computarizada 7.01.1.99.0042460, se considera que es bien propio, porque según se evidencia, se tiene el Testimonio de Escritura Pública 601/2005 de transferencia definitiva entre Carlos Eduardo Ramírez Altieri y Renato Alfredo Jacobs Fuentes, habiendo sido adquirido por este el 31 de diciembre de 2004, ahora bien, la protocolización de tal documento fue el 7 de junio de 2005, si bien fue presentado a DDRR el 8 de junio de 2005 no se debe dejar de tomar en cuenta el art. 450 y 521 del CC, el primero prevé que hay un contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica y en los contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada o de cualquier derecho real, o la constitución de un derecho real, la transferencia o la constitución tiene lugar por efecto del consentimiento, salvo el requisito de forma en los casos exigibles. El contrato de transferencia en favor de Renato Alfredo Jacobs Fuentes de dicho bien data de 31 de diciembre de 2004;
4. iv)El demandado demostró que era propietario de dos bienes inmuebles, con anterioridad al bien inmueble de la litis, el 10 de diciembre de 2004, a través de apoderada legal transfirió un bien inmueble en la suma de $us43 500.- (cuarenta y tres mil quinientos dólares estadounidenses); el 16 de noviembre de 2004, transfirió otro bien inmueble por la suma de Bs199 000.- (ciento noventa y nueve mil bolivianos), también se cuenta con testimonio y fotocopias legalizadas de un proceso sobre medida preparatoria seguido por Renato Alfredo Jacobs Fuentes contra Carlos Eduardo Ramírez Altieri, en el que se reconoce el documento aclarativo del monto de transferencia de un inmueble suscrito el 31 de diciembre de 2004; con ello, el demandado demostró que el dinero con el que adquirió el bien inmueble con matrícula computarizada 7.01.1.99.0042460, fue comprado con dinero resultado de la venta de dos bienes inmuebles propios de éste y no con el patrimonio familiar del ex matrimonio;
5. v)Para los efectos de una consideración de la comunidad de gananciales no se computa necesariamente desde la inscripción o registro de un bien inmueble en DDRR, pues el registro allí tiene como función que el derecho registrado sea oponible erga omnes; sin embargo, este registro no cubre ni reemplaza los efectos de una transferencia de un derecho propietario, pues un bien es ganancial desde la fecha de su adquisición;
6. vi)La parte demandante argumentó la validez legal del documento -Testimonio de Escritura Pública 941/2005-, sobre reconocimiento de derecho propietario de inmueble celebrado entre los ex esposos, documento en el cual el esposo hizo un reconocimiento sobre que dicho inmueble sería un bien ganancial de ambos;
7. vii)La celebración entre el primer documento entre Carlos Eduardo Ramírez Altieri y Renato Alfredo Jacobs Fuentes signado en el Testimonio de Escritura Pública 601/2005, data de 31 de diciembre de 2004; el documento del cual se solicita su nulidad es el Testimonio de Escritura Pública 941/2005, elaborada el "15" de agosto, es decir, que entre el primer y segundo documento existe un lapso de doscientos veintisiete días, y entre el primer documento y la fecha del matrimonio existe un lapso de cincuenta y ocho días y, finalmente, entre la celebración del matrimonio de 26 de febrero de 2005 y el segundo documento se advierten siento setenta días;
8. viii)Los referidos ex esposos no podían haber atribuido derechos gananciales a un inmueble que fuera adquirido antes del matrimonio, vía reconocimiento documental de derechos, así sea público; asimismo, la demandante no logró demostrar haber realizado el aporte económico que indicó el mentado documento, para aplicar así criterios de justicia material para considerar su pretensión de que se declare como bien ganancial el inmueble de la litis, habiéndose demostrado que el bien demandado fue producto de la venta de bienes propios del demandado, que a criterio de la Jueza de instancia dicho bien se trata de uno propio y no ganancial;
9. ix)Si bien la ex esposa argumentó que el documento de reconocimiento de derechos fue una cesión de un derecho propietario a título gratuito, tal afirmación no es así, pues de su lectura se tiene el mismo establece que el ex esposo señaló que reconocía el derecho propietario que tenía junto con su entonces esposa, ya que el mismo había sido comprado con dineros de ambos;
10. x)Debe prevalecer el derecho antes que la formalidad y si bien el Testimonio de Escritura Pública 941/2005 indicaría que existía un derecho ganancial, en los hechos en realidad no existe, contraviniendo dicho documento el art. 177.II del CFPF;
11. xi)Tratándose el presente de un proceso familiar corresponde aplicar las normas familiares, es decir, lo establecido en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, de todo ello cabe referirse a lo establecido en art. 190.I del CFPF que prevé: ?El reconocimiento que haga uno de los [cónyuges] en favor de la o del otro sobre el carácter propio de ciertos bienes surte efecto solamente entre ellos, sin afectar a terceros interesados?(sic), de lo antes manifestado, se tiene que el inmueble cuya división se pretende fue adquirido por Renato Alfredo Jacobs Fuentes, conforme se tiene demostrado mediante el documento de transferencia saliente a fs. 96 y que el mismo se ha convertido en un bien ganancial en el momento de que celebró el reconocimiento de derecho propietario hacia su esposa, manifestando en dicho documento un reconocimiento expreso de que el bien fue adquirido por ambos esposos, por lo que desde ese momento es considerado como parte de la comunidad ganancial; y,
12. xii)La "parte demandada" (sic) no asumió la carga de la prueba ni demostró los extremos de su pretensión, en cambio, sí lo hizo el demandado, respecto a demostrar que el bien de la litis es un bien propio y que la parte demandante no realizó aporte económico alguno en la adquisición del bien inmueble de la litis (fs. 13 a 19 vta.).

II.6. Del recurso de apelación contra el Auto 434 de 10 de mayo de 2019, se advierte que Elizabeth Viviana Angulo Calderón -ahora tercera interesada- planteó los siguientes argumentos:

1. a)La Jueza a quo citó de forma arbitraria los arts. 450, 546, 547, 551, 552 y 553 del CC, como fuente del derecho, ya que en la antigüedad fue la única norma hasta que luego las diferentes ramas del derecho fueron desprendiéndose del derecho civil;
2. b)El art. 549 del CC establece el catálogo de las causas de nulidad, debiendo haber sido esa la norma base de la decisión de la citada Jueza al fundar su resolución; en ese marco, se debió haber analizado una de las causas de nulidad previstas por dicho artículo y cotejarlas con los arts. 356, 474, 485, 489, 490, 547, 592, 654, 676, 951 y 1544 del CC;
3. c)El contrato está suscrito por personas mayores de edad y no se ha demostrado tener ningún impedimento para realizarlo;
4. d)No existió ilicitud en dicho contrato, pues no se causó daño a terceros y el motivo fue altruista, pues el mismo demandado lo manifestó en audiencia que lo hizo para ayudar a su ex esposa, ya que ella tenía tres hijos;
5. e)Renato Alfredo Jacobs Fuentes cuando firmó el documento público -Testimonio de Escritura pública 941/2005-, sabía que se trataba de "SU INMUEBLE ADQUIRIDO CON DINERO PROPIOS ANTES DE SU MATRIMONIO Y QUE POR UN ACTO DE FILANTROPÍA O CONCIENCIA LE RECONOCIÓ A SU EX ESPOSA ELIZABETH VIVIANA ANGULO CALDERON EL 50% DEL INMUEBLE Y ENCIMA DECLARA QUE FUE ADQUIRIDO CON DINERO DE AMBOS" (sic);
6. f)Nunca se demostró que se tratara de un documento simulado, simplemente se dijo que fue adquirido antes del matrimonio, dándole la legitimidad supuesta del art. 551 o en todo caso tergiversando un interés legítimo, que de acuerdo al art. 555 del CC relacionado al art. 671 y 675 del CC recae en la persona incapaz para celebrar acto alguno de disposición;
7. g)En el presente caso ha prescrito su derecho cuando se dio la Sentencia de divorcio;
8. h)En materia civil para que un documento sea nulo, debe haber una causa de fondo;
9. i)Su ex esposo citó el art. 666 del CC, manifestando que tampoco podía haber donación entre cónyuges, evidentemente así lo norma la ley, pero la amplia jurisprudencia sentada y desconocida por la Jueza a quo, indica que ese aspecto debió resolverse antes de la sentencia de divorcio, no después;
10. j)En la resolución impugnada se hizo alusión a lo dispuesto por el art. 553 del CC, el cual regula la imposibilidad de confirmar un contrato nulo, haciendo alusión a los contratos nulos entre cónyuges, previstos por el art. 177.II del CFPF, sosteniendo que un contrato no puede ser confirmado cuando es contrario a la ley, "...y en este caso, a criterio del Juez a quo, al existir esa prohibición del documento público 941/2005 de fecha 15 de agosto de año 2015, celebrado ante la señora Notario de Fe Pública No 55 a cargo de la Dra. María del Rosario Gretel Calderón e inscrito en Derechos Reales bajo la matrícula 7011990042460 asiento A4" (sic);
11. k)El art. 177.I del CFPF establece la nulidad de cualquier convenio sobre bienes propios de la comunidad de gananciales, lo que la Jueza de la causa no consideró fue que no es un bien propio de la comunidad de gananciales, pues en todo el transcurso del juicio, se ha establecido que era un bien propio del demandado, pese a que fue registrado en DDRR el 26 de junio de 2015 -lo correcto 2005-, es decir, durante la vigencia del matrimonio y de acuerdo a las normas civiles, recién a partir de esa fecha es oponible a terceros; el art. 117.II de dicho cuerpo normativo, regula que toda cesión o disposición de bienes a favor de sus hijos, sea mediante escritura pública bajo pena de nulidad; en ese marco, se advierte que el bien objeto de litigio, no es un bien de la comunidad de gananciales, sino que es propio del demandado hasta que le reconoció a la apelante ese derecho sobre el 50% del inmueble, es decir, que desde el 15 de agosto del 2005, recién se convierte en un bien ganancial y no se ha dispuesto nada sobre ese bien en forma posterior; consecuentemente, el documento público referido no está sujeto a la nulidad establecida en el indicado artículo, pues no se trata de un bien de la comunidad de gananciales; en consecuencia, es un documento válido y permitido por ley;
12. l)De acuerdo al art. 190 del CFPF en su segunda parte, que prevé "El reconocimiento que haga uno de los cónyuges a favor del otro sobre el carácter propio de ciertos bienes surte efecto solamente entre ellos, sin afectar a terceros interesados", se advierte que no declara nulo el documento, sino que mantiene su validez entre los cónyuges, el hecho de sostener que se trata de un bien propio y obtenido con recursos antes del matrimonio, no es un argumento válido u objetivo para anular el documento público -Testimonio de Escritura Pública 941/2005-, pues ello no fue motivo del incidente, sino del derecho adquirido a través de ese documento y su ex esposo no es incapaz de hecho, pues durante la vigencia de su matrimonio ante las agresiones físicas de las que era víctima la apelante, tuvieron como desenlace la demanda de divorcio; y,
13. m)Al haberse la Jueza a quo solo limitado a enunciar los artículos sin una fundamentación objetiva e interpretando en forma errada las aplicadas, se ha violentado el debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación, como lo prevé el art. 360 y 361 inc. e) del CFPF, siendo contrario a los arts. 452, 453, 473, 475, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 489, 490, 492 y 493 del CC, pues anulando el documento público -Testimonio de Escritura Pública 941/2005-, la priva del derecho de propiedad, de uso, goce y disfrute de un bien adquirido por acto de buena fe (fs. 82 a 85 vta.).

II.7. Mediante memorial presentado el 7 de agosto de 2019, el ahora impetrante de tutela, respondió al recurso de apelación de su ex esposa, bajo los siguientes argumentos:

1. 1)El Auto apelado valoró quién tenía la titularidad del bien inmueble antes del matrimonio, para declarar la nulidad del Testimonio de Escritura Pública 941/2005 así como valoró el Testimonio de Escritura Pública 601/2005 de "31 de diciembre" (sic); luego analizó las fechas, contrastando dichos documentos, verificando fundamentos respecto a la oposición de la división de bienes gananciales y la nulidad expresada por el ex esposo;
2. 2)La causa fáctica que fundamenta la nulidad absoluta, es la relación de sesión del derecho que aparentemente se le asigna a la entonces esposa y está sobre la base de un documento de liberalidad suscrito dentro de matrimonio y entre cónyuges, que a los efectos de la ley constituye una franca transgresión a las disposiciones jurídicas contempladas en los arts. 591 y 666 del CC;
3. 3)Siendo que la nulidad por principio produce invalidez absoluta, por lo que es imprescriptible y puede ser demandado en cualquier momento, siendo inadmisible su convalidación, con la salvedad que puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga o no interés, incluso hasta de oficio por el juez;
4. 4)La nulidad planteada fue determinada en base a los arts. 591 y 666 del CC y los fundamentos expresados en audiencia fueron bajo los principios rectores establecidos en los arts. 178 incs. a) y b); 179 inc. a); y, 182 inc. a) del CFPF, que hacen referencia a la calidad de bienes propios y su forma de adquisición por modo directo, con causa de adquisición antes del matrimonio, por lo que mal puede referir la parte apelante como agravio fundamental para recurrir, si este aspecto fue valorado, fundamentado y motivado, conforme a la petición de las partes, mismas que bajo ninguna figura se estableció la causalidad de agravio descrita; y,
5. 5)La nulidad fue planteada antes de que exista la demanda de divorcio, en la vía ordinaria de hecho, radicado en el Juzgado Público Civil Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, con NUREJ 7049829, cuya autoridad jurisdiccional declarando su incompetencia causó que la referida demanda de nulidad fuera sorteada al Juzgado Público de Familia Segundo de la Capital del referido departamento, que emergente de una excepción de proceso pendiente planteado por la apelante, fue derivada al correspondiente Juzgado Público de Familia Primero de la Capital del citado departamento (fs. 87 a 90 vta.).

II.8. De acuerdo a Auto de Vista 117/2019 de 14 de noviembre, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dispuso revocar el Auto 434 de 10 de mayo de 2019, dejando en vigencia el "Instrumento Público 941/2005 de 15 de agosto" (sic), bajo los siguientes fundamentos:

1. i)Renato Alfredo Jacobs Fuentes -ahora accionante- a tiempo de contestar al recurso de apelación manifestó que la Jueza de la causa en base a la verdad material fundamentó su resolución, que tomó en cuenta los arts. 591 y 666 del CC, también señaló el prenombrado que la parte demandante confesó en su apelación que el inmueble cuya división solicitó se trataba de un bien propio del ex esposo -del impetrante de tutela-, por todo lo cual solicitó que se confirme el Auto apelado;
2. ii)En cuanto a los principios que regulan la nulidad procesal se tiene el de especificidad o legalidad, previsto en el art. 105.I del CPC, en virtud del cual no hay nulidad sin ley específica que lo establezca, eso quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el juez debe estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto; sin embargo, ese principio no debe ser aplicado de forma restringida, pues resulta imposible que el legislador pueda prever todos los posibles casos o situaciones que ameriten la nulidad en forma expresa y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado es principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al juez cierto margen de libertad para apreciar las formas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades procesales, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico procesal;
3. iii)En cuanto al principio de finalidad del acto, corresponde señalar que dicho principio se halla estrechamente relacionado con el de especificidad, pues en virtud a este habría declaratoria de nulidad si el acto procesal no cumplió con la finalidad específica por la que fue emanada y en contraposición a lo señalado en el caso de que el acto procesal así sea defectuoso, cumplió con su finalidad no procederá la sanción de nulidad;
4. iv)Con respecto al principio de conservación, da a entender que en caso de que exista duda debe mantenerse la validez del acto, siempre que la nulidad no sea de tal importancia que lesione la calidad misma del acto;
5. v)En relación al principio de trascendencia, se entiende que si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esa mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio y como señalaba el jurista Eduardo Couture "...´No existe impugnación de nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección...'" (sic);
6. vi)En cuanto al principio de convalidación, corresponde señalar que refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo, en otra palabras, si la parte que se creyere perjudicada omitiera deducir la nulidad de forma oportuna, vale decir, en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica; entonces, la convalidación se constituye como un elemento que conlleva saneamiento de los actos causantes de nulidad;
7. vii)Respecto al principio de preclusión, el mismo es concordante con el principio de convalidación, también denominado principio de eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales;
8. viii)Dichos principios indican que los jueces que administran justicia tienen el deber ineludible de velar porque se cumplan en el proceso los presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso, pues si bien es evidente que tienen la facultad de anular de oficio, empero en virtud al principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, se encuentran obligados a compulsar los principios expuestos, es decir, que la nulidad de oficio procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes, pues lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, los cuales se hallan consagrados en el art. 115.II de la CPE, preceptos que se sustentan en el principio de celeridad consagrado en el art. 180.I de la referida Norma Suprema;
9. ix)Es muy común que antes o durante los cónyuges arriben a acuerdos respecto de los bienes, los cuales son rechazados por el Juez si son desiguales, interpretando que el art. 177 del CFPF prohíbe de manera expresa la renuncia o modificación de la comunidad de gananciales, norma relacionada con el art. 5 del citado Código, que eleva a la categoría de orden público las normas de familia, prohibiendo que puedan ser renunciadas bajo pena de nulidad, no podrá acordarse entonces que durante la vigencia del matrimonio uno de los cónyuges tenga una participación mayor que el otro en los bienes que se adquieran estando vigente la comunidad de bienes gananciales;
10. x)El Estado protege la institución matrimonial, la familia y la maternidad, protección que abarca todas las relaciones que se producen en el seno del matrimonio y la familia (arts. 62 al 66 del CFPF), entre las que se encuentran los bienes sometidos a la comunidad de gananciales, es decir, los adquiridos durante la vigencia del matrimonio, por disposición del art. 176 del CFPF, el matrimonio constituye entre los cónyuges una comunidad de gananciales, que hace partibles por igual, a tiempo de disolverse, las ganancias o los beneficios obtenidos durante su vigencia, de las normas citadas, se puede inferir que la comunidad de gananciales tiene vigencia desde el matrimonio hasta el divorcio, es decir, que antes del matrimonio y al quedar disuelto éste, las relaciones patrimoniales están regidas por las normas que regulan las relaciones jurídicas entre particulares, sin que pueda interferir el Estado, salvo excepciones, al respecto, el Auto Supremo 148 de 22 de marzo de 2007 resolvió que no obstante la existencia de una capitulación matrimonial o acuerdo transaccional en el que los esposos en litigio expresan libremente su voluntad, por imperio de la ley, se puede determinar la nulidad de dicho documento, por ende, sin lugar a la homologación judicial, cuando una de las partes contendientes manifieste su disconformidad con dicho acuerdo, así el mismo se halle revestido de formalidades legales como el reconocimiento de firmas y rúbricas o se hubiese otorgado en instrumento público notarial, condiciones que no tienen relevancia cuando se considera que en materia familiar, la disposición de bienes gananciales debe estar sujeta a lo establecido por los arts. 5 y 102 del Código de Familia (CF), entre otros;
11. xi)De acuerdo a la Sala que emite el presente Auto de Vista, la regulación familiar de la comunidad de gananciales y su prohibición de renuncia o modificación rige únicamente durante su vigencia, lo que hace partible por igual, a tiempo de disolverse los bienes adquiridos durante el matrimonio; consiguientemente, antes y después del matrimonio, los bienes les pertenecen a los contrayentes en calidad de particulares y por tanto están fuera de la protección que brinda el Estado al matrimonio y familia;
12. xii)En el presente caso, cursa Certificado de Matrimonio celebrado el 26 de febrero de 2005 entre Renato Alfredo Jacobs Fuentes y Elizabeth Viviana Angulo Calderón y el Testimonio de Escritura Pública 941/2005 de reconocimiento de derecho propietario de un inmueble suscrito por Renato Alfredo Jacobs Fuentes, en favor de su ahora ex esposa de "15" de agosto de 2005, registrado en DDRR el 21 de diciembre de ese año;
13. xiii)Se pasa a citar el contenido del art. 190.I del CFPF, que prevé: "El reconocimiento que haga uno de los [cónyuges] en favor de la o del otro sobre el carácter propio de ciertos bienes surte efectos solamente entre ellos, sin afectar a terceros interesados'" (sic), de ello se tiene que el inmueble cuya división se pretende, fue adquirido por el ahora ex esposo conforme se tiene demostrado mediante el documento de transferencia cursante a fs. 96 y que el mismo se ha convertido en un bien ganancial en el momento que celebró el reconocimiento de derecho propietario hacia su entonces esposa, manifestando un reconocimiento expreso de que el bien inmueble objeto de dicho reconocimiento fue adquirido por ambos esposos, por lo que desde ese momento es considerado como parte de la comunidad ganancial;
14. xiv)En este caso, no se puede señalar que la presente situación se trataría de lo previsto en el art. 666 del CC, que regula que entre cónyuges o convivientes, durante la vida en común, no pueden llevar a cabo entre sí actos de liberalidad, exceptuando las que se conformaran a los usos; consiguientemente, en el presente caso, no se trataría de una donación, ya que el demandado, en el Testimonio de Escritura Pública 941/2005 realizó un reconocimiento de derecho propietario en favor de su entonces esposa el "15" de agosto de 2005; tampoco se puede considerar lo previsto en el art. 591 del CC, el cual establece que el "El contrato de venta no puede celebrarse entre cónyuges, excepto cuando están separados en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada" (sic); al respecto el tratadista Carlos Morales Guillén estableció que: ?Lo que obsta a la capacidad de los consortes como compradores o vendedores, es precisamente el tener sus intereses unidos y la consiguiente confusión de sus respectivas personalidades jurídicas en orden a sus bienes, por efecto de la comunidad de gananciales que desde el momento del matrimonio se establece por imperio de la Ley. Respecto de los bienes propios por estar exactamente diferenciados podría admitirse a contrario sensu la procedencia de comprar y vender entre consortes'" (sic); y,
15. xv)De lo citado, se tiene que el legislador ha estipulado una prohibición de compra venta entre cónyuges, en función a varios factores, entre ellos los más elementales se fundan en que desde el momento de la celebración del matrimonio existe una comunidad de gananciales, formándose a partir de ello un solo patrimonio perteneciente a esa comunidad, es por dicho motivo que la limitación deja de tener validez en función a lo determinado en la segunda parte de la citada normativa, es decir, que estén separados judicialmente; entonces, en esencia protege el interés de la comunidad, pero también la intención de la norma es evitar la simulación de actos en perjuicio de terceros, en mérito a ello y otros motivos el legislador ha previsto una limitación a los cónyuges para realizar entre ellos actos de compra y venta, y bajo esa explicación es evidente, por simple sindéresis jurídica que dicha prohibición se encuentra limitada a los bienes emergentes de la comunidad de gananciales, por lo expuesto, corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 386.I inc. c) del CFPF (fs. 20 a 24).

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes motivación, fundamentación, congruencia y tutela judicial efectiva, así como valoración probatoria y a una correcta aplicación de la norma; por cuanto, en etapa de ejecución de sentencia de divorcio, dentro la demanda de división y partición de bienes, si bien la Jueza a quo mediante Auto 434 de 10 de mayo de 2019 declaró probada su demanda incidental de nulidad de documento -Testimonio de Escritura Pública 941/2005- de reconocimiento de derecho propietario de inmueble con matrícula computarizada 7.01.1.99.0042460, que realizó en favor de su entonces esposa mientras estaba vigente su matrimonio, el Tribunal ad quem emitió el Auto de Vista 117/2019 de 14 de noviembre, que revocó el Auto 434, cayendo en las siguientes vulneraciones:

1. a)Incurrió en incongruencia, ya que no estableció cuál era la correspondencia de dicho Auto de Vista con los argumentos de impugnación, pues la apelante -parte demandante- argumentó sobre premisas no contempladas en los fundamentos de nulidad, mientras que las autoridades demandadas se fundaron en aspectos de orden procesal de las nulidades, tampoco establecieron el agravio del Auto apelado; por lo tanto, se salieron del margen del art. 385 del CFPF; finalmente, no explicaron su contraposición a lo expresado por la Jueza a quo, respecto de los arts. 546, 547, 551, 552 y 553 del CC y lo referido en el art. 177.II del CFPF;
2. b)Solo se refirió al Certificado de Matrimonio de 26 de febrero de 2005 y al Testimonio de Escritura Pública 941/2005, sobre reconocimiento de derecho propietario de un inmueble de su persona en favor de su esposa, obviando que fue adquirido -del accionante- antes del matrimonio, por documento privado de 31 de diciembre de 2004 e inscrito en DDRR mediante Testimonio de Escritura Pública 601/2005; tampoco valoraron ni consideraron que los recursos económicos utilizados para la compra de dicho inmueble provenían de la venta de un terreno perfeccionado el 10 de diciembre de 2004, a través de su hermana -del peticionante de tutela-, menos aún consideraron el origen de otros recursos económicos, provenientes de la venta de un inmueble de propiedad horizontal concretado el 16 de noviembre de 2004, antes del matrimonio; y,
3. c)Aplicó un entendimiento equivocado del art. 190.I del CFPF, pues lo interpretó como si dispusiera que el reconocimiento que haga uno de los cónyuges en favor del otro sobre el carácter propio de ciertos bienes surte efecto entre ellos, sin afectar a terceros interesados, cuando dicho artículo dispone que los bienes se presumen comunes, salvo que se pruebe que son propios.

En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se abordaran las siguientes temáticas:

1. 1)Del derecho al debido proceso en su elemento congruencia;
2. 2)El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso;
3. 3)La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional;
4. 4)De la tutela judicial efectiva; y,
5. 5)Análisis del caso concreto.

1. i)La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

1. ii)La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión3.

En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio9, fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante:

1. a)Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y,
2. b)Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades:
3. 1)No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
4. 2)No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,
5. 3)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el solicitante de tutela debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

1. i)La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas.
2. ii)La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:

1. iii)La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y,
2. iv)Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

1. a)"Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y,

1. b)Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad;" En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: a) Las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,
2. c)Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.