Texto del fallo
Texto de la resolucion
Sucre, 1 de julio 2020
Expediente: 33913-2020-68-AIA Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: La Paz
La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Félix Patzi Paco, Gobernador del departamento de La Paz, demandando la inconstitucionalidad de la Resolución Ministerial (RM) 301 de 5 de junio de 2020, por ser presuntamente contraria a los arts. 270, 271.I, 298, 299 y 300 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN
I.1. Argumentos jurídicos de la acción
Por memorial presentado el 23 de junio de 2020, cursante de fs. 9 a 29, el accionante refiere que a raíz de la promulgación del art. 12.II y III del Decreto Supremo (DS) 4200 de 25 de marzo del citado año, la Ministra de Salud emitió la RM 301 de 5 de junio del indicado año, que en su parte resolutiva dispone: "ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al ciudadano dr. RENÉ SAHONERO CARREÓN en el cargo de Director Técnico del Servicio Departamental de Salud del Departamento de La Paz, bajo dependencia directa del este Despacho Ministerial. ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar con la presente Resolución: 1. Al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, para fines administrativos que correspondan. ARTÍCULO TERCERO.- El Viceministerio de Salud y Promoción y las Direcciones generales de Asuntos Administrativos y de Planificación quedan encargadas de la ejecución de la presente Resolución" (sic); lo que se contrapone a la normativa legal aplicable y a la Ley Fundamental.
Agrega que la RM 301 que designó al Director Técnico del Servicio Departamental de Salud del departamento de La Paz, bajo dependencia directa del despacho Ministerial, vulnera lo previsto por el art. 270 de la CPE, que establece los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas; así como el art. 271.I de la misma Norma Suprema que establece que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, la trasferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas.
Añade que si bien la Resolución impugnada se fundamenta en el principio de subsidiariedad establece que la toma de decisiones y provisión de los servicios públicos debe realizarse desde el gobierno más cercano a la población excepto por razones de eficiencia y escala se justifique proveerlos de otra manera; empero, no argumenta ni justifica la excepción a esa norma. El SEDES La Paz, en ningún momento se encontró en un estado de necesidad y previamente a aplicar el principio de subsidiariedad, debió emplearse lo establecido en el art. 5.10 (reciprocidad), 14 (coordinación) y 16 (lealtad institucional) de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización; sin embargo, el Estado Central no lo hizo previo a emitir la Resolución Ministerial, que impugnó; ya que, no presentó un informe al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz sobre las falencias o falta de coordinación o el "...ESTADO DE NECESIDAD supuesto EN EL CUAL BASARÍAN SU ERRÓNEA RESOLUCIÓN ya que debemos enfatizar que La Paz siendo el principal departamento motor de nuestro Estado y por las características de la población, el turismo y otros no se encuentra con la catástrofe de Santa Cruz o Beni..." (sic), demostrando con ello que se hizo un buen trabajo en relación a los departamentos citados, donde el Estado nunca intervino, manifestando un claro interés mezquino y vulneración de la Constitución Política del Estado.
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