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TCP

0100/2019-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
16 de abril de 2019
Resumen del caso

Auto 0100/2019-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0100/2019-RCA Sucre, 16 de abril de 2019

Expediente: 28256-2019-57-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 04/2019 de 20 de febrero, cursante de fs. 84 a 87, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ana Tabita Marquez Pérez en representación legal de Néstor Freddy Armijo Subieta contra Jorge Adalberto Quino Espejo y Juan Lanchipa Ponce, Vocales de la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memoriales presentados el 14 de noviembre de 2018 y 18 de febrero de 2019, cursantes de fs. 60 a 74 vta., y 80 a 82, el accionante, a través de su representante legal, manifiesta que juntamente a su familia es propietario de un inmueble ubicado en la zona de "la ventilla", final calle 23 de la Av. América, barrio Bellavista de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; sin embargo, el 8 de abril de 2001 en virtud a un deslizamiento perdió la totalidad de su inmueble, los muebles y enseres de uso personal y familiar, acusando a los servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y de la ex empresa Aguas del Illimani, hoy Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) por la tragedia.

Explica que, el proceso civil sobre resarcimiento de daños y perjuicios contra las entidades nombradas, se prolongó por más de quince años, dictándose inicialmente la Sentencia 318/2007 de 30 de julio, que dispuso que las entidades demandadas, paguen al 50% del monto calificado equivalente a $us205 003,84 (Doscientos cinco mil tres 84/100 dólares estadounidenses); señala que, en ese ínterin, suscribió con EPSAS un documento denominado transaccional definitivo, relativo al pago de $us140 000.- (Ciento cuarenta mil 00/100 dólares estadounidenses), determinando en una cláusula que el monto de $us65 003,84.- (Sesenta y cinco mil tres 84/100 dólares estadounidenses) no era de responsabilidad de dicha Empresa.

Añade que, posteriormente se emitió el , que resolvió anular obrados hasta "FOJAS 1980" (sic), incluyendo la Sentencia 318/2007; por lo cual, el Juez Público Civil y Comercial Décimo del departamento de La Paz, dictó la Sentencia 126/2013 de 2 de agosto, que declaró probada la demanda principal e improbada la reconvención de la entonces Alcaldía Municipal de La Paz, condenando a EPSAS y a la entidad edil, al pago de daños y perjuicios en el monto de $us410 007,67- (Cuatrocientos diez mil siete 67/100 dólares estadounidenses), a ser cancelados en partes iguales; es decir, $us205 003,84.- (Doscientos cinco mil tres 84/100 dólares estadounidenses), que cada una debería pagar en el plazo de treinta días de ejecutoriado el fallo; no obstante, las instituciones perdidosas impugnaron dicho fallo, concluyendo con la emisión del , que dispuso la anulación de obrados hasta "fojas 2211" (sic), disponiendo que el Juez a quo pronuncie otra sentencia por segunda vez; frente a esta determinación, luego de formular la acción de amparo constitucional, se le concedió la tutela mediante Resolución 26/2015 de 3 de abril, confirmada por la , declarando nulo el y ordenando que el Tribunal Supremo de Justicia dicte un nuevo fallo; en tal virtud, se pronunció el , declarando improcedentes los recursos de casación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y EPSAS, pero, revocando en parte la Sentencia 126/2013 al disponer el pago de $US409 982,99.- (Cuatrocientos nueve mil novecientos ochenta y dos 99/100 dólares estadounidenses).

Finalmente advierte que, en ejecución de Sentencia EPSAS formuló excepciones de transacción y desistimiento, invocando el documento transaccional definitivo de pago de $us140 000.-, sin considerar, que el AS 270, anuló obrados hasta "fs. 1980" (sic), incluyendo el desistimiento o transacción; por consiguiente, al no existir documento sobreviniente o preconstituido suscrito con la excepcionista, no obstante quieren hacer prevalecer; considera que no procedía una excepción perentoria sobreviniente; sin embargo, el indicado Juez Público Civil y Comercial Décimo, dictó la Resolución 299/2016 de 30 de agosto, declarando probadas las excepciones; determinación que, luego de ser apelada, la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 253/2018 de 2 de mayo, confirmó sin fundamentar ni motivar, respecto al contenido del documento transaccional, otorgándoles validez únicamente a las Cláusulas Segunda y Tercera que se refieren de manera expresa a la Sentencia anulada; asimismo, considera que las autoridades demandadas dieron por bien hecho que EPSAS funde su excepción en normativa abrogada, siendo por ello también incongruente, ultra petita e ilegal, al aplicar el art. 119.II del Código Procesal Civil (CPC) a actos procesales que fueron resueltos en vigencia del Código de Procedimiento Civil abrogado.

I.2. Derechos supuestamente vulnerados

Considera lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y legalidad, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.3. Petitorio

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