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TCP

0100/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
10 de abril de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0100/2019-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0100/2019-S1 Sucre, 10 de abril de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 25214-2018-51-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 157/2018 de 20 de agosto, cursante de fs. 282 a 288, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Javier Jesús Loayza Antelo contra Adán Willy Arias Aguilar y Margot Pérez Montaño, vocales de la Sala Penal Segunda y Tercera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 8 y 14 de agosto ambos de 2018, cursantes de fs. 225 a 233 vta.; y, 237 a 238 vta., el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 30 de octubre de 2009, en su entonces condición de "Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial" (sic) del departamento de La Paz, dictó la Resolución 335/2009 de "29" de octubre, que resolvió el incidente planteado por el Banco Central de Bolivia (BCB), dentro del proceso coactivo civil seguido contra COMSER S.A. CONSULTORES, siendo dicha Resolución revocada por Auto de Vista 075/2010 de 26 de febrero, sin costas, ni responsabilidad o sanción alguna, menos su remisión ante el Ministerio Público; posteriormente, la nombrada entidad bancaria formuló denuncia por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a las leyes e incumplimiento de deberes, deviniendo en la imputación formal de 28 de igual mes de 2012, y acusación particular de 27 de marzo de 2013, dictándose el Auto de Apertura de Juicio el 13 de junio de 2016, con la consecuente tramitación de la causa conforme a la Ley de Modificación al Código Penal, vigente antes de la promulgación de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" (LMQSC).

Ante la notificación realizada en un domicilio ajeno al suyo, mediante Auto 80/2016 26 de agosto, fue declarado rebelde por su inasistencia a una audiencia, el cual quedó sin efecto por Auto de 3 de noviembre de igual año al advertirse el error, sin que la entidad bancaria impugnara dicha Resolución, por lo que no se interrumpió el plazo de la prescripción. En juicio oral, planteó extinción de la acción penal por prescripción y duración máxima del proceso, declarándose probada la primera mediante Resolución 20/2017 de 18 de abril, siendo apelada por el Ministerio Público y el acusador particular que concluyó con la revocatoria parcial mediante Resolución 85/2018 de 9 de abril, dictada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, misma que vulnera el debido proceso en sus vertientes de razonabilidad de la motivación y congruencia, así como el principio de irretroactividad de la ley en razón a que dicho fallo no contiene la debida motivación de los elementos indispensables para la aplicación del art. 112 de la Constitución Política del Estado (CPE) y aplicación retroactiva de la LMQSC; por el contrario, se encuentra fuera de los marcos de razonabilidad; toda vez que, los Vocales hoy demandados señalaron que al devenir la imputación y la Resolución 335/2009 de forma posterior a la promulgación de la Norma Fundamental, resulta aplicable el citado art. 112 de la CPE, sin establecer la concurrencia de los tres presupuestos descritos por dicha norma como ser el carácter de funcionario público, señalando que se tiene por cumplido al haber pronunciado la citada Resolución en su condición de Juez; respecto al atentado sobre el patrimonio del Estado, no identifican tal daño, manifestando que esa situación será demostrada en juicio, y sobre el hecho de que se causó grave daño económico al Estado, no establecen cuál fue el daño cometido, más aún si se toma en cuenta que en el caso del cual deviene el presunto hecho ilícito, nunca libró testimonio sobre alguna medida que hubiera cambiado la situación jurídica de los bienes del BCB, como tampoco ordenó que no se proceda al pago, exigencia de motivación incumplida sobre estos dos puntos conforme estableció la "", al no fundamentarse en base a qué elementos de hecho o bajo qué razonamientos jurídicos se cumplen los citados presupuestos.

La entidad bancaria confesó que no existió tal daño según consta a fs. 173, aspecto que difiere del documento adjuntado que alude una obligación de la empresa COMSER S.A. demostrándose, además por la solvencia fiscal adjuntada, que no tiene pliego de cargo en la Contraloría General del Estado, como tampoco existe alguna acción legal para el cobro del supuesto daño económico, incluso en la acusación particular del BCB respecto a los delitos endilgados, señalaron que "'...esta conducta es independiente de que se cause daño y que sea susceptible de recurso...'" (sic) aceptando la inexistencia del daño.

Sobre la aplicación retroactiva de la LMQSC, los Vocales demandados argumentaron que al haberse cometido los delitos el 30 de octubre de 2009, resultaba aplicable la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de igual año "...que ha modulado la LEY 004 DE 30 DE MARZO DE 2010 'resumiendo los delitos imputados hasta el presente a delitos de corrupción'" (sic), quedando demostrada la vulneración del art. 123 de la CPE, omitiendo considerar la , que establece que la Ley rige para lo venidero, excepto en casos de corrupción, aclarando que nunca cometió un ilícito penal de este tipo, no pudiendo sancionarse retrospectivamente conductas que no estuvieron previamente establecidas por ley, así como la , que también establece que debe aplicarse la norma penal sustantiva vigente al momento de cometer el acto presumiblemente delictivo, estando vedada la aplicación retroactiva de la ley más gravosa de forma retroactiva bajo el principio de seguridad jurídica; por ello, no se planteó un recurso de inconstitucionalidad como señalaron dichas autoridades porque ya existe jurisprudencia en sentido de que solo es aplicable bajo el principio de favorabilidad; por otra parte, no puede tramitarse un proceso penal iniciado con la Ley de Modificación al Código Penal para luego, en medio de la sustanciación, continuar con la aplicación de una norma sustantiva posterior como es la LMQSC.

La Resolución 85/2018 se funda en las anacrónicas y ; además, contienen supuestos fácticos diferentes, sin que ninguna de ellas haga referencia al delito de prevaricato, de igual manera, argumentaron los Vocales demandados de que no es aplicable la , por no tratar sobre el delito de prevaricato; empero, no toman en cuenta que la misma no es una acción de amparo constitucional o de libertad para supeditar su vinculatoriedad a la analogía, puesto que la misma resuelve una acción de inconstitucionalidad abstracta, declarando constitucional la Disposición Final Primera de la LMQSC que prohíbe la aplicación retroactiva de la Ley. Debe tenerse presente, que en el Auto de apertura se tipificaron los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes, previstos en el Código Penal -Ley 1768 de 10 de marzo de 1997-, debiendo tramitarse el proceso bajo dicha norma; por lo que, el cómputo del plazo para la prescripción comenzó a correr desde la media noche en que presuntamente se cometió el hecho; es decir, desde el 29 de octubre de 2009 se dictó la Resolución 335/2009, transcurriendo hasta la fecha ocho años y diez meses; sin embargo, efectuaron el cómputo a partir de la acusación formal, lesionando el debido proceso desconociendo la aplicación del derecho internacional, reconocido por el bloque de constitucionalidad.

I.1.2. Derecho y principio supuestamente vulnerados

El accionante señala como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes motivación y congruencia; y, al principio de legalidad vinculado con la irretroactividad de la ley, citando al efecto los arts. 13.IV; 112; 115.II; 123; 128 de la CPE; 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo se anule la Resolución 85/2018 y su complementario de 18 de junio de igual año, y se emita un nuevo fallo que cumpla con la doctrina legal establecida por la .

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