Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0101/2019-RCA Sucre, 16 de abril de 2019
Expediente: 28134-2019-57-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 02/2019 de 8 de marzo, cursante de fs. 112 a 115, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Anghelo Jairo Saravia Alberto contra Víctor Luis Guaqui Condori y Ana María Villa Gómez Oña, ex Vocales de la Sala Penal Primera -ahora Vocales de la Social y Administrativa- del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memoriales presentados el 15 de febrero y 7 de marzo, ambos de 2019, cursantes de fs. 32 a 42 vta. y de 102 a 111 vta., el accionante señala que fue imputado formalmente por el presunto delito de uso indebido de influencias mientras ejercía su cargo de Fiscal de Materia, lo que ameritó que acudiera al Juez ahora demandado a efectos de revertirse las lesiones a sus derechos, para lo cual planteó incidente de actividad procesal defectuosa y excepción de falta de acción a fin de que se controle la investigación efectuada por parte del órgano de persecución penal y se investigue en el marco de la Constitución Política del Estado, en ese orden señaló que la denuncia presentada en su contra se basaba en hechos falsos, que el audio presentado era ilegal, que no existían elementos de prueba dentro de la imputación.
Ante ello, dicho Juez emitió la Resolución 340/2017 de 27 de octubre, cursante de fs. 15 a 18, declarando infundado el indicado incidente, en base a argumentos ilícitos, por lo que el accionante interpuso recurso de apelación incidental. Como resultado de ello, los Vocales ahora demandados pronunciaron el Auto de Vista 100/2018 de 25 de abril, cursante de fs. 19 a 25 vta., confirmando la resolución apelada, por considerar que los fundamentos del Juez a quo eran legales, bajo los siguientes fundamentos:
- a)El denunciante tiene cualidades muy diferentes a la víctima y querellante, pues puede tener interés o no en el proceso y solo pone en conocimiento de la autoridad fiscal o policial la comisión de un tipo penal y el hecho de que el denunciante de este caso haya interpuesto una denuncia como parte del control social del poder judicial y no ostente tal calidad, es un criterio subjetivo;
- b)El Juez a quo no dio por falsa la denuncia;
- c)La imputación formal cumple con todos los elementos de prueba; y,
- d)La imputación es una calificación provisional.
La vulneración de sus derechos se da porque dentro de las investigaciones preliminares no se colectaron elementos probatorios que demuestre la denuncia que pesaba contra él, la que sostenía que el impetrante de tutela se habría reunido con un procesado de su ex División Anticorrupción, a quien le habría recomendado un abogado de su confianza y que se habría comprometido a hablar con el Juez para controlar su caso y que a cambio le debería pagar $us1000 (mil dólares estadounidenses); situación que fue denunciada ante el Juez ahora demandado, quien si bien advirtió una imputación mal planteada, la consintió, pues no quiso anularla, y ante la apelación planteada el Tribunal ad quem igualmente consintió esos actos, en base a suposiciones, en vez de reparar los actos presuntamente lesivos.
I.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante considera vulnerados sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación, valoración de la prueba y presunción de inocencia; a la defensa y a la libertad, así como del principio de seguridad jurídica, a cuyo efecto citó los arts. 22, 23.I y III, 115, 116,I, 117.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
I.3. Petitorio
Solicita que se conceda la tutela, disponiéndose que:
- 1)Se anule obrados hasta la Resolución 340/2017,
- 2)Se anule el Auto de Vista 100/2018 de 25 de abril; y,
- 3)Se ordene a las autoridades demandadas emitan una nueva resolución dentro de los márgenes legales y siguiendo los criterios de la resolución del Tribunal de garantías, anulándose la imputación formal de 5 de enero de 2017 y "se dicte nueva resolución fiscal de acuerdo a los datos del cuaderno de investigaciones" (sic).
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