Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 5 de abril de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 26407-2018-53-AL Departamento: La Paz Partes: Reynaldo Jorge Choque contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, Maritza Torrez Arismendi, Fiscal de Materia.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con los Fundamentos Jurídicos de la , que CONFIRMA la Resolución 397/2018 de 11 de noviembre, cursante de fs. 50 a 52 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENIEGA la tutela solicitada.
En todo caso, considera que la parte dispositiva debió ser sustentada sobre la base de los siguientes fundamentos jurídicos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
La parte accionante denuncia que:
- a)Fue imputado formalmente por el delito de violencia familiar o doméstica como resultado de una aprehensión ilegal y declaración que no tomó en cuenta su condición de discapacidad auditiva, ni asistencia de un abogado de oficio; y,
- b)Se dispuso su detención preventiva, sin considerar su estado de discapacidad ni proporcionarle defensa técnica, como tampoco se valoraron los documentos presentados para acreditar familia, trabajo y domicilio; vulnerando con ello, sus derechos a la libertad de locomoción y a la salud; por lo que, solicita:
- 1)Su libertad inmediata;
- 2)Se reparen los defectos en el procedimiento que se cometieron por parte de la Fiscal de Materia codemandada; es decir, hasta que se cite legalmente y esté a derecho; y,
- 3)Se deje sin efecto la Resolución del Juez de la causa, que dispuso su detención preventiva.
En consecuencia, correspondía dilucidar en revisión, si tales argumentos resultaban evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, correspondía el análisis de los siguientes fundamentos jurídicos:
- i)Sobre el acceso directo a la jurisdicción constitucional para la tutela de los derechos de personas con discapacidad;
- ii)Criterios para la aplicación de la detención preventiva de personas en situación de vulnerabilidad;
- iii)El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación y el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género; y,
- iv)Análisis del caso concreto: iv.a) Con relación a la actuación del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, iv.b) Respecto a la actuación de la Fiscal de Materia codemandada.
II.1. Sobre el acceso directo a la jurisdicción constitucional para la tutela de los derechos de personas con discapacidad
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, por regla esta acción tutelar no se rige por el principio de subsidiariedad; sin embargo, ante la existencia de mecanismos idóneos de protección para los derechos presuntamente lesionados, el agraviado debe acudir previamente a los mismos, solicitando la tutela o la reparación de sus derechos considerados conculcados; y en su defecto, si tales mecanismos fueren ineficaces, inoportunos, inconducentes e inidóneos, es posible activar la jurisdicción constitucional a través de la presente acción tutelar.
En la misma línea, la 1, refiriéndose al acceso a la justicia constitucional de personas que pertenecen a un grupo vulnerable, como son las personas con discapacidad, señala que sí es factible acudir directamente a la justicia constitucional; consiguientemente, no obstante existir medios intraprocesales de impugnación, es posible ingresar de manera directa al análisis de fondo, en virtud a la protección inmediata y reforzada que demandan sus derechos y garantías.
II.2. Criterios para la aplicación de la detención preventiva de personas en situación de vulnerabilidad
La , a tiempo de referirse a la obligación estatal de generar enfoques específicos para considerar las situaciones de discriminación en el caso de adultos mayores que forman parte de un grupo o sector vulnerable, estableció parámetros que deben ser observados por las autoridades judiciales en la consideración de la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva; parámetros que pueden ampliarse a otros grupos en situación de vulnerabilidad, efectuando:
- 1)Una valoración integral de la prueba con carácter reforzado; y,
- 2)Un análisis de la aplicación de la medida cautelar, a partir del principio de proporcionalidad, en el que se analicen las particulares condiciones de la persona en condición de vulnerabilidad.
En cuanto a la valoración de la prueba con carácter reforzado, la autoridad judicial está compelida a:
i.a) Analizar todos los elementos probatorios desde una perspectiva diferenciada, esto es en función al contexto y realidad social de la persona vulnerable, tomando en cuenta sus limitaciones propias; de ahí que la tarea intelectiva en la compulsa de elementos aportados por las partes procesales que pretendan acreditar o desvirtuar posibles riesgos procesales, debe ser realizada de forma amplia, favorable y no restrictiva; pues, de lo contrario, se incurriría en una falta evidente de razonabilidad y equidad por parte de la autoridad.
Respecto al análisis de la medida cautelar a partir del principio o test de proporcionalidad, la autoridad judicial debe analizar:
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