Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 5 de abril de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 25005-2018-51-AAC Departamento: Cochabamba Partes: Yola Solano Vásquez contra Ángel Padilla Mamani, ex Presidente; Mariela Fernanda Soria Rivas, Secretaria de Actas y Abraham Terrazas Rodríguez, Presidente, todos de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) Ironcollo Central del municipio de Quillacollo del departamento de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con los Fundamentos Jurídicos y la parte resolutiva de la , que CONFIRMÓ la Resolución de 29 de mayo de 2018, cursante de fs. 65 a 68, pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia CONCEDE en parte la tutela solicitada sin embrago; se considera que se debió CONCEDER totalmente la tutela, sobre la base de los siguientes Fundamentos Jurídicos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
La accionante alega la vulneración de su derecho de acceso al servicio de agua potable; toda vez que, directivos y vecinos de la OTB Ironcollo Central del municipio de Quillacollo del departamento de Cochabamba, le cortaron el servicio de agua potable, como resultado de una asamblea extraordinaria de la referida OTB, en la que determinaron imponerle dicha sanción; por lo señalado, solicita se disponga:
- a)El cese inmediato de la privación del servicio de agua potable;
- b)La reconexión del servicio;
- c)La responsabilidad civil y reparación de daños y perjuicios con condenación de costas procesales; y,
- d)Como medida cautelar se eviten más amenazas por parte del Directorio de la OTB Irincollo Central.
En consecuencia, correspondía que en revisión se verificara si tales extremos resultaban evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, debieron desarrollarse los siguientes temas:
- 1)Sobre la proscripción de las medidas o vías de hecho en resguardo del Estado Constitucional de Derecho;
- 2)De la necesidad de protección inmediata ante medidas de hecho que restringen el derecho a los servicios básicos; 2) Sobre la protección inmediata de los grupos vulnerables;
- 4)Sobre el derecho de acceso al agua potable;
- 5)La labor de la justicia constitucional, ante la constatación de denuncias de actos vinculados a medidas o vías de hecho o justicia por mano propia; y,
- 6)Análisis del caso concreto.
II.1. Sobre la proscripción de las medidas o vías de hecho en resguardo del Estado Constitucional de Derecho
La justicia constitucional en varias sentencias relevantes, como la 1, la 2 y en especial en la , señaló que el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho o, justicia por mano propia, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho al acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y suprimido respectivamente cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, se encuentran al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución y el bloque de constitucionalidad. En efecto, señaló que:
Actualmente, el Estado de derecho, se configura como "Estado constitucional de Derecho", que es "...un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación", o en palabras de Prieto Sanchís "...no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización".
Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de "Estado de derecho", debido a que en esta última fórmula "Estado Constitucional de Derecho":
- a)El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y,
- b)La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas3.
En ese fallo, entre otros, expresó de manera explícita su preocupación -reitera en este fallo- sobre las recurrentes denuncias de actos vinculados a medidas o vías de hecho a través de las diferentes acciones de defensa (amparo constitucional y acción de libertad y acción popular) en diferentes supuestos, calificándolo como un problema estructural, como son:
- i)Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad4, la perturbación o pérdida de la posesión5 o tenencia del bien inmueble;
- ii)Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.)6;y,
- iii)Desalojos extrajudiciales de viviendas7; entre otros supuestos que propician, con un solo hecho (vías de hecho) la repetición crónica de violaciones de una serie de derechos humanos de afectación directa e indirecta, conforme se analizará posteriormente y que ameritan un análisis estructural de este problema. (Cita de la , FJ.III.1)
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