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TCP

0102/2019-S4

Tribunal Constitucional Plurinacional
10 de abril de 2019SALA CUARTA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0102/2019-S4

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0102/2019-S4 Sucre, 10 de abril de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional

Expediente: 25330-2018-51-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 02/2018 de 21 de agosto, cursante de fs. 526 a 529, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Derrick Alfredo Monroy Zepek en representación legal de la Sociedad Monroy Arauz Abogados Asociados Sociedad Civil contra Dolly Karina Salazar Pérez, Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de agosto de 2018, cursante de fs. 131 a 142 vta., y el de subsanación de 16 de igual mes y año (fs. 270 a 274), el accionante, expuso los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La Administración Tributaria, el 25 de marzo de 2014, emitió la orden de fiscalización 14990100121 y Requerimiento 4003 14990900111, que les fue notificado el 24 de junio de 2015; sin embargo, dichos requerimientos fueron efectuados en fecha anterior a la emisión del fallo pronunciado por la ARIT, que anuló obrados, habiéndose dispuesto mantener en vigencia dichos actuados como fuente de información que dio sustento a la Vista de Cargo, pero la Administración Tributaria no adicionó la información requerida al contribuyente, que se origine en alguna nueva solicitud que le proporcione información complementaria a la originalmente producida, para contar con mayores elementos que respalden su determinación, incumpliendo lo dispuesto por la ARIT; es así que, mediante Resolución Determinativa 171876000370 de 27 de marzo de 2018, emitida por la Gerente Distrital Santa Cruz-II a.i. de Servicios de Impuestos Nacionales (SIN), se determinó el adeudo tributario del Contribuyente Sociedad "Monyoy y Arauz Abogados Asociados Sociedad Civil" (sic), por el monto total de UFV276 791, (doscientos setenta y seis mil setecientos noventa y uno unidades de fomento a la vivienda) equivalente a Bs623 252 (seiscientos veintitrés mil doscientos cincuenta y dos bolivianos), correspondiente al tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales.

Ante dicha Resolución determinativa, presentaron recurso de alzada el 20 de abril de 2018, solicitando se anulen obrados hasta la Orden de Fiscalización y anexo del proceso de determinación 14990100121; que fue rechazado bajo el argumento de no haber adjuntado documentos que acrediten la personería de la sociedad civil, como ser la escritura de constitución en original o en fotocopias legalizadas, por lo que se le otorgó el plazo de cinco días para subsanar; a pesar de que en cumplimiento a dicha observación, presentaron fotocopias legalizadas y simples, de los documentos extrañados por la ARIT, concernientes a la personería de la sociedad, detalle de los montos impugnados, los fundamentos y petitorio de la impugnación; sin embargo, la autoridad ahora demandada, pronunció el Auto de rechazo del Recurso de Alzada, argumentando la omisión de presentación de documentos que respalden la personería de la sociedad, al haber adjuntado solo en fotocopia simple; ante dicho pronunciamiento, el 11 de mayo de 2018, plantearon Recurso Jerárquico que también fue rechazado, sin ingresar en consideraciones de fondo, limitando de esa forma, el derecho a la doble instancia; por lo que, a través de memorial solicitó a la autoridad -hoy demandada- que eleve actuados del Recurso Jerárquico ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), aspecto que también fue negado; fracturándose el orden constitucional por cuestiones simplemente formales, pretendiendo poner un presunto cumplimiento de la legislación formal por encima de la vigencia plena de los derechos fundamentales desconociendo el principio de aplicación directa y eficaz de los mismos; pues se rechazó la tramitación de los recursos, negando además, la autoridad demanda la posibilidad de que se ingrese al fondo de la controversia, omitiendo la obligación que tiene de enviar los recursos al superior en grado para que resuelva lo que considere en derecho.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

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