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TCP

0102/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
Resumen del caso

Auto 0102/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0102/2026-CA Sucre, 24 de marzo 2026

Expediente: 82428-2026-165-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz

En consulta la Resolución de 9 de marzo de 2026, cursante de fs. 2 a 4 pronunciada por Gary Deiby Chávez Calle, Director Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz, por la que rechazó promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Martín Nelson Escalante Pedraza demandando la inconstitucionalidad del art. 28 del Reglamento para el Procedimiento del Control de Cumplimiento Oportuno para la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) de los servidores públicos municipales en el Órgano Ejecutivo del GAM de Santa Cruz de la Sierra, por ser presuntamente contrario a los arts. 14.III y IV, 24, 109.I y II, 115.I y II, 120.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 9 de marzo de 2026, cursante de fs. 7 a 12, la accionante, indica que el 4 de marzo de 2026, fue notificada con la Resolución Final de Sumarios 134/2025, de 9 de diciembre, sancionándola con responsabilidad administrativa consistente en la suspensión del cargo por treinta días, sin goce de haberes, por una sola vez por reincidencia respecto a la Resolución Final 001/2024 en la que se le sancionó con un 5% de su remuneración mensual.

La Resolución del proceso administrativo depende directamente de la constitucionalidad del art. 28 del referido Reglamento, cuya aplicación vulnera principios constitucionales fundamentales como la legalidad, seguridad jurídica y derechos como el debido proceso y al trabajo, consagrados en los arts. 14.III y IV, 24, 109.I y II, 115.I y II, 120.I y 180.II de la CPE.

El art. 28 del citado Reglamento vulnera el principio de legalidad y reserva de ley, al introducir sanciones que afectan derechos fundamentales de los servidores públicos -tales como la suspensión sin goce de haberes e incluso la destitución-, sin que exista una tipificación clara establecida en una norma con rango de ley. Añade que también se vulneraron los principios de taxatividad y seguridad jurídica; toda vez que, establece sanciones en términos amplios y ambiguos, permitiendo interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad administrativa, así como el derecho al debido proceso y al trabajo citando amplia jurisprudencia al respecto. I.2. Respuesta a la acción

En el presente caso, de la revisión de antecedentes se advierte que no se corrió en traslado la acción de inconstitucionalidad concreta, al ser solo el accionante la parte involucrada y siendo el Director Sumariante del GAM de Santa Cruz quien dispuso la sanción y ante quien se presentó la acción normativa; no existe respuesta a la referida acción.

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