Volver a sentencias
TCP

0102/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
3 de febrero de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0102/2026-S1

Proceso
—

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0102/2026-S1 Sucre, 3 de febrero de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción popular

Expediente: 78345-2025-157-AP Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 266/2025 de 8 de octubre, cursante de fs. 1469 a 1477 vta., pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Pedro Francisco Callisaya Aro, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, en representación sin mandato de las y los habitantes del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha y comunidades Rurales de Seque Jehuira, Mamani y contorno Bajo, contra Álvaro Ruíz García, Ministro de Medio Ambiente y Agua, Alejandro Santos Laura, Ministro de Minería y Metalurgia, Rubén Méndez Estrada, Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Ana Sofía Camejo Torres, Directora Ejecutiva Nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Santos Quispe Quispe, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz; y, Napoleón Félix Yahuasi Mamani, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante, por memorial presentado el 15 de septiembre de 2025, cursante de fs. 168 a 191, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Durante el segundo semestre del año 2024, la Defensoría del Pueblo recibió denuncias provenientes de comunidades del municipio de Viacha, departamento de La Paz, referidas a la contaminación de fuentes de agua por actividades mineras; estas denuncias inicialmente fueron presentadas por la comunidad Seque Jahuira y, posteriormente, se sumaron habitantes de las comunidades Mamani y Contorno Bajo, quienes alertaron sobre la afectación a la calidad del agua que consumían y utilizaban para el desarrollo de sus actividades cotidianas.

Indicó que las comunidades denunciantes manifestaron que el agua presentaba cambios visibles en su color, olor y sabor, y que dicha alteración se debía a descargas de residuos químicos, presencia de metales pesados y sedimentos provenientes de operaciones mineras cercanas; situación que, se agravó por la inexistencia de controles efectivos por parte de las autoridades competentes y por la falta de fiscalización sobre empresas mineras que operaban en el municipio de Viacha. Señaló que, a raíz de estas denuncias, se constituyó una comisión interinstitucional conformada por representantes del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Minería y Metalurgia, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), EMAPAV, el Ministerio de Salud y Deportes y la Defensoría del Pueblo. Dicha comisión realizó verificaciones en el lugar, constatando la existencia de pozos de agua contaminados, filtraciones de aguas residuales mineras y la presencia de residuos sólidos y líquidos asociados a procesos de extracción y beneficio de minerales.

Refirió que, en julio de 2024, miembros de la comunidad Seque Jahuira denunciaron específicamente la contaminación de sus fuentes de agua por cianuro, luego de detectarse esta sustancia en dos pozos de agua; situación que, generó alarma entre los pobladores, debido a los riesgos graves e inmediatos para la salud humana, especialmente de niños, personas adultas mayores y población vulnerable.

Manifestó que la Defensoría del Pueblo, en el ejercicio de sus atribuciones, realizó verificaciones defensoriales, participó activamente en reuniones del Comité Interinstitucional y emitió recomendaciones a las autoridades competentes; sin embargo, indicó que dichas acciones no lograron una respuesta efectiva ni la adopción de medidas oportunas y suficientes para frenar la contaminación, ni para garantizar el acceso a agua segura a las comunidades afectadas.

Señaló que se identificó la presencia de al menos veintitrés empresas mineras asentadas en el municipio de Viacha, dedicadas a actividades de extracción, fundición, refinación, lixiviación y comercialización de minerales, muchas de las cuales no presentaron documentación que acreditaron el cumplimiento de la normativa ambiental ni licencias ambientales vigentes; incluso algunas plantas se encontraban fuera de operación sin respaldo documental, lo que evidenció un escenario de informalidad y descontrol.

Expuso que el municipio de Viacha forma parte de la región metropolitana del departamento de La Paz y cuenta con una población aproximada de 65.000 habitantes, quienes dependen directa o indirectamente de las fuentes de agua que se vieron afectadas; habida cuenta que, la contaminación no solo impactó el consumo humano, sino también las actividades agrícolas, ganaderas y productivas, profundizando la situación de vulnerabilidad económica y social de las comunidades rurales.

Indicó que las autoridades accionadas conocieron o debieron conocer la situación de riesgo, ya que fueron notificadas y participaron en espacios de coordinación; sin embargo, omitieron ejercer sus competencias de control, fiscalización, regulación y sanción; omisión que permitió la continuidad de las actividades mineras contaminantes, generando un daño progresivo al medio ambiente y a los derechos fundamentales de la población.

Finalmente, sostuvo que la problemática descrita evidenció un conflicto socioambiental estructural, caracterizado por la falta de transparencia, ausencia de información pública, ineficiencia institucional y debilidad en la aplicación de la normativa ambiental, lo que hizo necesaria la interposición de la acción popular para la tutela de derechos colectivos y difusos.

Por otra parte, cursa memorial de 8 de octubre de 2925, cursante de fs. 1271 a 1279 vta., mediante el cual Yakmila Gabriela Aparicio en representación legal de Lizeth Alejandra Villagómez Quisbert, Concejal Titular del municipio de Viacha; Juan Pablo Yura Gutiérrez, Presidente de la Asociación de Gestión de la Microcuenca Pallina - OGC; Samanta Concepción Coronado Ramírez, Asambleísta Departamental por la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz; y, Yhilmar Santos Poma Chávez, Concejal del municipio de Viacha, se adhirieron a la acción popular interpuesta por el Defensor del pueblo, fundamentando lo siguiente:

  1. a)Existieron informes técnicos y resultados de laboratorio que evidenciaron la presencia de metales pesados en fuentes hídricas, situación que, a su criterio, constituyó un riesgo latente y permanente para la población, afectando tanto el consumo humano como el uso del agua para actividades productivas, configurándose una amenaza continua a derechos colectivos y difusos cuya protección correspondía a las autoridades accionadas;
  2. b)En su condición de líderes y defensores ambientales, fueron objeto de amenazas, hostigamiento, amedrentamiento y criminalización, hechos que, afirmaron, se produjeron como represalia a su labor de denuncia y defensa del medio ambiente, razón por la cual solicitaron medidas de protección a su favor, en resguardo de su integridad física, psicológica y moral, así como del libre ejercicio de la defensa de los derechos colectivos; y,
  3. c)Solicitaron la adopción de medidas urgentes y estructurales, entre ellas la implementación de proyectos de agua potable y reservorios libres de contaminación, el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización ambiental, la prohibición de actos de hostigamiento contra defensores ambientales y la ejecución de acciones coordinadas entre las autoridades competentes, a fin de garantizar la protección efectiva del medio ambiente, de las fuentes hídricas y de los derechos de las generaciones presentes y futuras
I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció la vulneración de los derechos al agua, a la salud, a un medio ambiente sano, protegido y equilibrado, a la salubridad pública y derechos de la Madre Tierra, citando al efecto los arts. 16.I, 18.I, 20.I, 33, 34, 35 de la Constitución Política del Estado (CPE); 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 10 y 11 del Protocolo de San Salvador.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia: en resguardo de los derechos vulnerados por omisión de los accionados, se ordene que dichas autoridades de manera urgente, adopten medidas correctivas y de coordinación institucional, desplegando las siguientes acciones:

  1. 1)El Gobierno Autónomo Departamental de la Paz a través de la Secretaria Departamental de derechos de la Madre Tierra, en el marco de sus competencias departamentales, coordine de manera efectiva y proactiva con las demás instancias gubernamentales (nacionales y municipales), la realización de actos idóneos tendientes a garantizar la protección del medio ambiente y los recursos naturales, en el municipio de Viacha y las Comunidades Seque Jahuira, Mamani y Contorno Bajo;
  2. 2)El Ministro de Medio Ambiente y Agua-Viceministerio de Recursos Hídricos Y Riego, el Gobierno Autónomo Departamental De La Paz, y el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, en coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes, en el marco de sus atribuciones y competencias, planifiquen y ejecuten la realización de un estudio sobre la calidad de agua, en las comunidades de Seque Jahuira, Mamani y Contorno Bajo, con la finalidad de determinar si esta, es apta o no para el consumo humano y uso agropecuario, y de esta forma dimensionar su repercusión en el derecho a la salud y la vida de toda la población de Viacha, a fin de que se asuman acciones pertinentes para rehabilitar el uso del recurso hídrico de manera óptima para su aprovechamiento;
  3. 3)Que la Autoridad De Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) a no otorgar permisos a los pozos de Sistema de Administración de Recursos Hídricos (SARH), sin una evaluación exhaustiva y verificable de su impacto ambiental e hídrico, garantizando la disponibilidad y calidad del agua para consumo humano y agropecuario;
  4. 4)Al Ministro De Minería Y Metalurgia, en virtud de la Ley de Minería y Metalurgia (LMM) -Ley 535 de 28 de mayo de 2014-, ejerza un control estricto sobre todas las empresas mineras para asegurar que operen exclusivamente con las licencias ambientales, de operación y de funcionamiento correspondientes, sancionando a aquellas que operen ilegalmente;
  5. 5)A La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, en cumplimiento de sus atribuciones:
  6. i)Exija la presentación y el otorgamiento de la Licencia de Operación a todas las empresas mineras que desarrollen actividades aisladas o integradas de concentración, beneficio, fundición o refinación de minerales en las comunidades mencionadas del municipio de Viacha; y,
  7. ii)Despliegue las acciones administrativas regladas por normativa, en relación a las actividades mineras que se realicen sin haber tramitado ni obtenido la respectiva Licencia de Operación, sea mediante la emisión de acto y/o resolución administrativa expresa, conforme a norma vigente; y,
  8. 6)Al Viceministerio De Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos Y De Gestión Y Desarrollo Forestal, con carácter obligatorio:
  9. a)Disponga el inicio de acciones legales, respecto de aquellas actividades mineras, en las cuales se evidencien infracciones, según sea el cumplimiento o incumplimiento de los documentos ambientales;
  10. b)Realice una auditoría ambiental de los posibles impactos negativos que hayan generado estas actividades mineras que permita la restauración ambiental y el posible resarcimiento si corresponde; y,
  11. c)Entreguen una copia de los documentos que se han evaluado dentro de los requisitos para otorgar la licencia ambiental al GAD La Paz y al GAM de Viacha para ejercer su rol de control, vigilancia y/o fiscalización.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 8 de octubre 2025, según consta en el acta cursante de fs. 1449 a 1467 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción popular interpuesto, y ampliándola manifestó que:

  1. a)La tutela de derechos colectivos y difusos no exige la acreditación plena de un daño consumado, sino la verificación de un riesgo cierto o de una amenaza real; en ese sentido, la ausencia de controles efectivos, de fiscalización permanente y de información oficial sobre la calidad del agua constituyó en sí misma un escenario de incertidumbre incompatible con los derechos al agua, a la salud, a la salubridad pública y al medio ambiente sano, reforzando así la necesidad de una intervención inmediata de las autoridades competentes;
  2. b)Durante la gestión 2024, incluso hasta el mes de agosto, se realizaron verificaciones en distintas empresas mineras asentadas en el municipio de Viacha, en las que se detectaron indicios de presencia de metales pesados y sustancias contaminantes en fuentes de agua;
  3. c)Algunas empresas desarrollaron actividades de extracción, otras de lixiviación, fundición, refinación y comercialización, y el Comité Interinstitucional presentó limitaciones operativas vinculadas a falta de presupuesto, rotación de personal y ausencia de decisiones efectivas; y,
  4. d)No existió información pública accesible y sistematizada sobre los resultados de los estudios efectuados, extremos que permitieron dimensionar con mayor claridad la persistencia del riesgo denunciado y la insuficiencia de las respuestas estatales.

Mostrando 26 de 127 parrafos.

Lee el fallo completo con Pixi Lector

Estás viendo aproximadamente el primer 20% del fallo. Activa Pixi Lector para acceder al texto íntegro y al PDF original completo.

Bs. 20/mesPixi Lector

  • Texto íntegro de las sentencias del TCP y TSJ
  • PDF oficial de cada resolución, listo para descargar
  • Citas listas para usar en tus escritos

¿Necesitas también el asistente IA? Compara todos los planes

Tribunal Constitucional Plurinacional3 de febrero de 20260102/2026-S1Fuente oficial