Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0103/2019-S2 Sucre, 5 de abril de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad
Expediente: 26549-2018-54-AL Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 21/2018 de 22 de noviembre, cursante de fs. 247 a 250, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Roxana Borda Franco Vda. de Rojas contra Mirna Sandra Molina Villarroel y Hugo Michel Lezcano, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 21 de noviembre de 2018, cursante de fs. 218 a 227, la accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A querella de Judith Ramírez Padilla, el Ministerio Público le inició proceso penal, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, presentándose la imputación formal en su contra el 27 de junio de 2018, a cuya consecuencia el 5 de octubre del mismo año, a pesar que la querellante solicitó como medida cautelar de carácter personal, su detención preventiva, la Jueza de Instrucción Penal Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca, dispuso medidas sustitutivas a su favor, determinación contra la que interpuso apelación incidental la supuesta víctima, que mereció el Auto de Vista 357/2018 de 9 de noviembre, que lesionó sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la seguridad jurídica; toda vez que, revocó el Auto Interlocutorio impugnado, disponiendo su detención preventiva, por concurrir el art. 233.1 y 2 y este último con relación al art. 234.10, ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin considerar los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) e interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que indican los estándares mínimos a los que deben sujetarse los jueces bajo el principio de excepcionalidad y condicionada a la concurrencia de causales expresamente definidas por la legislación procesal y en base a fundamentos legítimos para restringir la libertad física.
Es así, que los Vocales ahora demandados lesionaron su derecho a la libertad y al debido proceso en su vertiente de fundamentación en relación a los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, señalando la existencia de necesidad de cautela, por los siguientes hechos o circunstancias no tomadas en cuenta por la inferior; que su persona sigue viviendo en el inmueble, no tiene intención de devolverlo, que pese al tiempo transcurrido no paga alquileres y la querellante tiene que vivir en otra casa de la cual viene cancelando rentas, todo ello bajo la óptica del "principio de potestad reglada", apartándose de lo que establece el art. 221 del CPP, sobre su finalidad instrumental, asegurar la averiguación de la verdad, garantizar el normal desarrollo del proceso y garantizar la aplicación objetiva de la ley, concordante con el art. 7 del CPP.
Los Vocales demandados, al dictar el Auto de Vista impugnado, asumen la circunstancia de la reparación del daño, que fue declarado inconstitucional por la , que atenta contra la presunción de inocencia, como también por lo señalado en los arts. 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 14.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8.2 de la CADH.
Respecto a la concurrencia de los arts. 233.1 y 2, este último con relación al 234.10, ambos del CPP, desconocen la , bajo el principio de proporcionalidad:
- a)Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea y adecuada para la finalidad buscada;
- b)Si la medida restrictiva o limitativa es necesaria y si acaso existen otras menos graves que restrinjan en menor grado el derecho fundamental que podrán ser adoptados en el caso; y,
- c)Analizar la proporcionalidad en sentido estricto que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación no resulta exagerada. De donde se tiene que la detención preventiva debe ser excepcional, justificada racional, legal e indispensable, en caso de duda aplicar lo más favorable al imputado, proporcional, limitada y revocable. Además, los jueces deben realizar una fundamentación para determinar si concurren los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, que no aplicaron los Vocales ahora demandados, quienes también incumplieron el art. 239.I del CPP, sobre la cesación de la detención preventiva, que alcanza a los Tribunales de apelación, para una valoración integral, los cuales deben responder a un criterio objetivo.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Alega la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y valoración razonable de la prueba en relación a los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica, idoneidad y necesidad, sin citar al efecto ningún precepto constitucional.
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