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TCP

0103/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de febrero de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0103/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0103/2026-S2 Sucre, 20 de febrero de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 74265-2025-149-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 118/2025 de 21 de mayo, cursante de fs. 66 a 69, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Paola Carola Zapata Ferrufino contra Daniel Alejandro Aguilar Lara, Autoridad Sumariante de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 16 y 25 de abril de 2025, cursantes de fs. 41 a 48; y, 51 a 52, la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como abogada de profesión y persona con discapacidad, se encontraba desempeñando funciones como Profesional de Investigación en YPFB, cuando el 28 de marzo de 2025 fue notificada con la Resolución AUT.SUM 004/2025 de 27 del mismo mes, emitida por Daniel Alejandro Aguilar Lara, Autoridad Sumariante de YPFB -demandado-, mediante la cual se dispuso el inicio de sumario administrativo interno en su contra, por denuncia y posibles hechos de corrupción del Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción, determinándose además, como medida precautoria, su cambio temporal de funciones; contra dicha determinación, interpuso una excepción de incompetencia, argumentando que, conforme al art. 67 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública -Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992-, modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001, las denuncias que involucren a abogados deben ser conocidas y resueltas en la fase de sumario por el asesor legal principal de la entidad que ejerce tuición, que en el caso concreto sería el Ministerio de Hidrocarburos y Energías; no obstante, dicha excepción fue rechazada bajo el argumento de que la normativa invocada no sería aplicable al cargo que desempeña; criterio que, a su juicio resulta incorrecto, toda vez que dicha disposición es aplicable a todos los profesionales abogados contratados en esa calidad.

En su condición de abogada y ocupando el cargo de Profesional de Investigación, emitió con anterioridad un informe recomendando que la actual autoridad sumariante sea sometida a proceso administrativo interno, por lo que considera incoherente e incompatible con el principio de imparcialidad que sea el mismo profesional quien posteriormente impulse y sustancie un proceso administrativo en su contra, más aún cuando éste fue iniciado de oficio y no a denuncia de parte, vulnerándose con ello el debido proceso, particularmente en sus vertientes de imparcialidad y juez natural, posteriormente como consecuencia del mencionado proceso, mediante nota de 28 de marzo de 2025, la autoridad sumariante demandada instruyó a la unidad de Talento Humano su cambio temporal de funciones, sin considerar que, conforme al informe de Evaluación Médica Frente al Puesto de Trabajo de 14 del mismo mes y año, se recomendó su permanencia en el puesto de trabajo que desempeñaba, a fin de evitar sobrecarga laboral y esfuerzos físicos excesivos. Sostiene que tal determinación vulnera su derecho a la inamovilidad laboral, en tanto persona con discapacidad, respecto de la cual se encuentra prohibido el cambio de funciones o de cargo.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

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