Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0104/2026-S2 Sucre, 20 de febrero de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 58825-2023-118-AAC Departamento: Pando
En revisión la Resolución 068/2023 de 2 de octubre, cursante de fs. 136 a 139, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Norky Elizabeth Iriarte Camama, Directora Departamental a.i. de Pando del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) contra María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, entonces Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 7 de septiembre de 2023, cursante a fs. 1 y 37 a 43, la parte accionante manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Iván Wanderley Alvarado, interpuso una demanda laboral de pago de subsidio de frontera contra la Dirección Departamental de Pando del INRA, solicitando la cancelación de la suma total de Bs83 487,84.- (ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta y siete 84/100 bolivianos) por dicho beneficio, correspondiente a los periodos de septiembre de 2010 a agosto de 2019; en ese contexto, la Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del referido departamento, emitió la Sentencia 67/2022 de 20 de junio, que declaró probada la demanda y ordenó el pago de un monto mayor al demandado; es decir, Bs90 446,11.- (noventa mil cuatrocientos cuarenta y seis 11/100 bolivianos).
Ante tal decisión, el 18 de agosto de 2022, interpuso recurso de apelación argumentando la omisión en la valoración de la prueba y la errónea aplicación del Decreto Supremo (DS) 2137 de 30 de noviembre de 1985; ante lo cual, los Vocales de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Pando emitieron el Auto de Vista 122/2022 de 3 de noviembre, que confirmó la Sentencia 67/2022.
Posteriormente, el 16 de noviembre de 2022, formuló recurso de casación contra el Auto de Vista 122/2022, bajo los siguientes argumentos:
- a)Se aplicaron erróneamente el Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999- y el DS 2137;
- b)No se valoró la prueba de descargo relacionada a que el demandante cumplió funciones en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; y,
- c)Se obvió emitir pronunciamiento sobre la garantía del juez natural, ya que, se incrementó la pretensión del prenombrado.
De esta manera, se emitió el , por el cual, María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, entonces Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -hoy demandados-, declararon infundado el recurso de casación presentado, convalidando las actuaciones del Juez de primera instancia y vulnerando el derecho del INRA al debido proceso en su elemento motivación y fundamentación debido a que:
- 1)Omitieron revisar los requisitos de admisión de la demanda, ya que, debía ordenarse la notificación a quien llegaría a ser el "verdadero ejecutado"; es decir, a la Dirección Nacional del INRA;
- 2)No controlaron que el monto de pago dispuesto en la Sentencia 67/2022, es mayor al demandado;
- 3)Obviaron valorar las ocho pruebas de descargo anunciadas desde el recurso de apelación, el Informe emitido por el Director General del Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante Nota "MTEPS-VESCyDGSC-URL" de 29 de septiembre de 2020; asimismo, el oficio emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ofrecido como prueba de reciente obtención;
- 4)Señalaron que el único requisito para obtener el subsidio pretendido es haber trabajado dentro de los 50 km de la frontera, pese a que, el demandante habría cumplido funciones aproximadamente veintiún meses en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; y,
- 5)Aplicaron erróneamente la Ley de Municipalidades -Ley 2028 de 28 de octubre de 1999- y la Ley que Incorpora a los Trabajadores Asalariados de los Gobiernos Autónomos Municipales a la Ley General del Trabajo -Ley 321 de 18 de diciembre de 2012- que no comprende a personal eventual sujeto al DS 27327 de 31 de enero de 2004; además, aplicaron erróneamente la Ley de Administración Presupuestaria -Ley 2042 de 21 de diciembre de 1999- que prohíbe realizar gastos con recursos no declarados en los presupuestos aprobados, desconociendo la calidad de personal eventual del prenombrado que debe excluirse del subsidio de frontera.
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