Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0105/2019-CA Sucre, 20 de mayo de 2019
Expediente: 28755-2019-58-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Cochabamba
En consulta la Resolución de 11 de marzo de 2019, cursante a fs. 51 y vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Décima del departamento de Cochabamba; por la que, rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Venancia Choque Maigua demandando la inconstitucionalidad de los arts. 82 y 84 del Código Procesal Civil (CPC), por ser presuntamente contrarios a los arts. 13.I, 115.II, 119 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 7 de febrero de 2019, cursante de fs. 33 a 42 vta., la accionante señala que dentro del proceso ejecutivo seguido en su contra por Juan Carlos Siangas Pozo, habría sido notificada con la Sentencia definitiva y otros actuados en el tablero de despacho judicial en aplicación del art. 84 del CPC, por lo que, solicitó la nulidad de obrados, en cuya resolución se deben interpretar los art. 82 y 84 del indicado Código, ahora cuestionados.
El debido proceso, consagrado en el art. 115.II de la CPE, es una garantía constitucional que abarca presupuestos procesales mínimos, mediante los cuales se materializa.
El derecho a la defensa, previsto en el citado artículo, implica que nadie puede ser condenado a pena alguna, sin haber sido escuchado y juzgado en un debido proceso, en el que se le permita usar todos los recursos franqueados por la ley, no siendo admisible sustanciar proceso alguno sin previo conocimiento del procesado. El extinto Tribunal Constitucional en cuanto al régimen de las comunicaciones judiciales determinó que las mismas se constituyen en el presupuesto del ejercicio del derecho a la defensa y es por tal razonamiento que ellas deben ser efectivamente conocidas por su destinatario para poder ejercer los mecanismos de defensa que existan contra determinada resolución. En el caso de autos, se puede apreciar que las normas consideradas inconstitucionales en esta demanda, lesionan el derecho a la defensa y, por ende, al debido proceso, pues sentencian a las partes a la indefensión en caso de no acudir a estrados judiciales.
El hecho que el art. 82 del CPC, de manera indiscriminada y genérica señale que luego de la citación y reconvención todas las actuaciones serán notificadas en Secretaría del Juzgado, limita el ejercicio del derecho a la defensa, y por ende, transgrede el debido proceso, al cual, bajo el principio de progresividad, se sumaron elementos constitutivos como el régimen de las comunicaciones judiciales, lo que permitirá que se cumpla con el respeto del derecho a la defensa; empero, el señalado artículo no realiza una discriminación de las resoluciones que deben ser notificadas a las partes de forma efectiva, sea personal o en domicilio procesal.
Por su parte, el art. 84.I del CPC dispone que las actuaciones serán notificadas a las partes en Secretaría del Juzgado, excepto los casos previstos por ley, pero al no ser taxativa da lugar a que se conculque el derecho a la defensa, pues no expresa cuáles son aquellas actuaciones determinadas por ley, siendo contraria a la Norma Suprema. Por otra parte, el parágrafo III de ese artículo, facilita la consumación de las vulneraciones estipuladas en el art. 82 del mismo cuerpo legal, al determinar que en caso de que el abogado o parte no acudan a estrados judiciales se tendrá como cumplida la notificación, aberración legislativa que lo único que hace es dar por asumida una actuación procesal tan importante como lo es el poner en conocimiento de las partes una resolución que define y afecta sus intereses; situación que es totalmente contraria a los derechos a la defensa y al debido proceso.
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