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TCP

0105/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
10 de abril de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 0105/2019-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0105/2019-S1 Sucre, 10 de abril de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 25319-2018-51-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 06/2018 de 28 de agosto, cursante de fs. 229 a 235 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jannett Cossío Siles contra Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros del Consejo de la Magistratura y Henry Guamán Calderón, Juez Disciplinario Tercero del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de julio de 2018, cursante de fs. 142 a 153 vta., la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 13 de septiembre de 2016, Alberto, Hernán y Walter, todos Licona Solís, interpusieron una denuncia disciplinaria en su contra; señalando que el 2 de agosto del mismo año, fueron notificados con una acusación del Ministerio Público y desde el 4 de similar mes y año, estuvieron pendientes de la presentación de la acusación particular. El 7 de septiembre de igual año, Alberto Licona Solís se presentó en su despacho judicial a fin de revisar el libro diario, circunstancia en que vio su nombre en el tablero de notificaciones y extrayendo el indicado memorial que lo contenía, evidenció que se trataba de la mencionada acusación particular con la cual hubieran sido notificados el 17 de "septiembre" de 2016, colocándolos en estado de indefensión puesto que dicho memorial de acusación data del 15 de agosto del citado año; empero, su ingreso al juzgado no consta en el libro diario de presentación de memoriales. El 8 de septiembre del mismo año, los denunciantes presentaron memorial pidiendo que se dé por no presentada la acusación particular solicitando la nulidad de la resolución de notificación; dicha solicitud habría sido rechazada por su persona señalando que por un error involuntario fue registrado en el libro de causas nuevas del Despacho Judicial; ante ese hecho, se llamó severamente la atención a la Secretaría Abogada; empero, pese a ello, los denunciantes en previsión a los arts. 186.6, 7 y 8; 187.14; 195, 196 y 197 de la Ley de Organización Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- formularon denuncia disciplinaria en su contra y de la Secretaria.

Es así que por Auto de 15 de septiembre de 2016, el Juez Disciplinario Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, admitió la denuncia en suplencia de su similar Tercero, realizando actuados investigativos como la inspección de visu al juzgado donde es titular y en base a dichos actuados, el 24 de mayo de 2017, se dictó la Resolución Disciplinaria 31/2017 por la que la ex Jueza Disciplinaria Tercera del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, declaró probada la denuncia por incurrir en la falta disciplinaria tipificada en el art. 187.14 de la LOJ, imponiéndole la sanción de un mes de suspensión sin goce haberes conforme establece el art. 208.2 de la citada norma legal, Resolución que resulta atentatoria a sus derechos; toda vez que:

  1. a)La Resolución de primera instancia lesionó el debido proceso en sus elementos de congruencia y motivación; por cuanto, dicha Resolución fue emitida de forma especulativa y subjetiva, puesto que la denuncia interpuesta no estableció la comisión de faltas en forma individual, ni subsumió la conducta de cada una de las "disciplinadas" a los tipos descritos como faltas leves y graves; es decir, que no se tiene claro si ambas funcionarias denunciadas subsumieron su conducta al art. 186.6 o al 187.14 de la citada ley;
  2. b)En virtud al principio de congruencia como elemento del debido proceso, éste responde a dos dimensiones, la primera que delimita las actuaciones de las partes procesales donde en función a la denuncia debió demostrarse que su persona en calidad de autoridad jurisdiccional cometió las faltas denunciadas en los artículos mencionados supra. La segunda dimensión referida a la estructura misma de la resolución final donde todos los aspectos puestos a consideración del juzgador son resueltos de manera coherente de forma que establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes y los argüidos por el juzgador el cual incluirá la base normativa que debe responder al problema jurídico; dicho ámbito fue vulnerado por la ex Jueza demandada; toda vez que, en la emisión de la Resolución 31/2017 se extralimitó más allá de lo contemplado en la denuncia y la defensa asumida, siendo emitida de forma incoherente sin que exista una relación entre la denuncia y "la resolución", y ésta con su parte considerativa y la parte resolutiva, puesto que no expuso cual su accionar para subsumirse a la falta grave de omitir, negar, retardar indebidamente la tramitación de los asuntos a su cargo;
  3. c)En la Resolución 31/2017, la ex Jueza disciplinaria le sancionó por una falta grave no denunciada como es el no haber presentado denuncia contra la Secretaria, evidenciándose una falta de correspondencia entre la denuncia y la Resolución disciplinaria, sancionándole por un hecho distinto al atribuido en la denuncia que versa sobre los arts. 186.6 y 187.14 de la LOJ;
  4. d)De otro lado denuncia que se lesionó su derecho a la defensa; por cuanto, la Resolución aludida, concluyó determinando que su persona incurrió en la falta grave establecida en el art. 187.2 de la citada Ley, sin haber sido denunciada, privándole de ejercer su defensa respecto a dicha falta consignada de forma ultrapetita e incongruente; y,
  5. e)Respecto a la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de motivación, mencionó que la citada Resolución Disciplinaria, no contiene una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes consignados en la denuncia, puesto que los confunde y además adiciona el incumplimiento de denunciar a la secretaria por una falta grave que no existió, porque el manejo inadecuado de los libros no es una falta grave sino leve, conforme establece el art. 186.6 de la Ley antes señalada; no se motiva porqué el manejo de los libros es una falta grave, tampoco explica de qué manera el registro del memorial de acusación particular de 15 de agosto de 2016, causó retardo en la tramitación del proceso; asimismo, dicha Resolución no describe de forma individualizada todos los medios de prueba ni valora todos estos medios probatorios producidos, ni el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de la pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de casualidad.

Por todo lo referido precedentemente interpuso recurso de apelación contra la Resolución 31/2017, misma que fue remitida ante la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura conformada por los ex Consejeros Juan Orlando Ríos Luna -Presidente- y Roxana Orellana Mercado, quienes el 6 de noviembre de 2017 emitieron la Resolución SD-AP 488/2017, confirmando en su totalidad la Resolución apelada; empero, la misma fue emitida sin la debida fundamentación y motivación correspondiente, puesto que dichas ex autoridades manifestaron:

  1. 1)Con relación a su primer agravio referente a que se hubiera aplicado de manera errónea el art. 187.2 de la LOJ que de la revisión del expediente se advierte que desde la denuncia, auto de admisión y posterior Resolución, la falta por la que se procesó y sancionó fue por la consignada en el art. 187.14 de la referida norma legal y no por el 187.2 de la Ley mencionada anteriormente, respuesta que es arbitraria, omisiva, nada fundamentada ni motivada, porque la Resolución apelada de manera expresa concluye señalando que hubiera cometido la falta grave de no denunciar al personal subalterno; por tanto, en ese criterio las ex autoridades debían motivar y fundamentar su resolución, revocando la Sentencia Disciplinaria 31/2017;
  2. 2)Al segundo agravio reclamado respecto a que los actos denunciados correspondían más a una labor jurisdiccional y no disciplinaria, los Consejeros realizaron una interpretación sesgada al señalar que el incidente de nulidad de 8 de septiembre de 2016 constituye el agotamiento en la vía jurisdiccional, aspecto no motivado ni fundamentado; y,
  3. 3)En general toda la Resolución SD-AP 488/2017 de 6 de noviembre, no contiene la debida fundamentación ni motivación.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia y a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II, 117.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se le conceda la tutela impetrada, disponiendo:

  1. i)Anular la Resolución 31/2017 de 24 de mayo, pronunciada por la Jueza Disciplinaria Tercera de Sacaba del departamento de Cochabamba; y,
  2. ii)La nulidad del fallo SD-AP 488/2017 de 6 de noviembre.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

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