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TCP

0105/2019-S4

Tribunal Constitucional Plurinacional
17 de abril de 2019SALA CUARTA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0105/2019-S4

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0105/2019-S4 Sucre, 17 de abril de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional

Expediente: 25527-2018-52-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 57/2018 de 7 de septiembre, cursante de fs. 2618 vta. a 2620, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gladys Carolina Fernández Porcel contra Zenón Edmundo Rodríguez Zeballos y Sigfrido Soleto Gualoa, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de junio de 2018, cursante de fs. 1643 a 1661 vta., la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Inició un proceso penal contra Willman Miguel Barba Gonzales y Pablo Rodrigo Volpe, Propietario y Gerente de División Agrícola de la empresa BARGO S.R.L. respectivamente por la presunta comisión del delito de estafa agravada, en mérito a que hubiesen realizado actividades fraudulentas para sonsacar dineros a varios comercializadores de granos de sorgo y maíz, emitiéndose imputación formal en su contra bajo los alcances de los Autos Supremos (AASS) 43 de 27 de enero de 2007 y 134 de 11 de junio de 2012, referidos a los actos civiles criminalizados; por lo que, emergente de ésta se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares del primero de los sindicados, ocasión en la que, consultado sobre si activaría alguna excepción o incidente su respuesta fue negativa, constituyendo un acto de reconocimiento a la competencia del Juez en razón de materia.

No obstante lo señalado el citado imputado, de manera extemporánea interpuso excepciones de litispendencia, falta de acción e incompetencia en razón de materia, alegando que bajo el principio del non bis in ídem, correspondía que las acciones penales deducidas en su contra por todas las víctimas en varios asientos judiciales y con diferentes números de caso sean tramitadas bajo una misma dirección funcional y control jurisdiccional, pero de manera contradictoria también alegó que los hechos motivo del proceso penal se constituían en negocios jurídicos de orden civil, realizados bajo la previsión de los arts. 584 y ss., del Código Civil (CC), desconociendo así, la competencia asignada por el art. 42 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al juez penal, planteamientos que fueron resueltos por el Juez de Instrucción Penal Tercero del departamento de Santa Cruz, el 14 de noviembre de 2017, rechazando la de litispendencia, falta de acción e incompetencia y declarando probada la solicitud de conexitud. Esta decisión fue motivo de apelación incidental por su parte y de las demás víctimas, del Ministerio Público, así como del imputado, este último reiterando los mismos argumentos expuestos ante el Juez a quo, pero además sin ofrecer prueba alguna que permita al Tribunal de alzada efectuar algún análisis sobre elementos nuevos, incumpliendo así las exigencias de admisibilidad establecidas en el art. 396 del CPP, además de la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Supremo de Justicia en relación a los actos civiles criminalizados y las estafas cometidas a través de contratos.

Continuó señalando, que las apelaciones antes citadas fueron resueltas por los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -autoridades ahora demandadas-, mediante el Auto de Vista 1 de 4 de enero de 2018, en el que de manera incorrecta, concluyeron lo siguiente:

  1. a)Correspondía dar por retirados los recursos de apelación incidental formulados por las otras víctimas -Jacobo Shimith Quiring y Omar Guzmán Valdivieso-, sin que hubiese ningún memorial en la que conste dicha petición;
  2. b)En cuanto a su apelación, señalaron que el juez a quo, actuó de manera correcta al ordenar que los tres procesos penales se tramiten de manera conjunta;
  3. c)Sobre la apelación interpuesta por el imputado, establecieron que los procesos penales emergieron de actividades comerciales a las que éste se dedicaba, en las cuales se encontraba establecido el precio de los granos, plazo de entrega y forma de pago, por lo que su incumplimiento debía ser reclamado en la vía civil y no en la penal; y,
  4. d)Para excluir de responsabilidad "civil" a Willman Miguel Barba Gonzales, se tomaron como referencia los acuerdos transaccionales y desistimientos presentados por el imputado el mismo 4 de enero de 2018, a las 18:00 y 18:05, argumentando que el negocio civil únicamente se realizó con Pablo Rodrigo Volpe, y que por lo tanto, se excluía de cualquier responsabilidad a la empresa BARGO S.R.L. de propiedad del excepcionista.

Con base en los antecedentes precisados supra, denunció que las autoridades demandadas, en la fundamentación de su decisión, incurrieron en las siguientes ilegalidades:

  1. 1)Vulneraron lo previsto en los arts. 42 del CPP y 74 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; toda vez que, corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento exclusivo de todos los delitos, por ello, el Ministerio Público subsumió los hechos denunciados al tipo penal de estafa agravada, normada en el art. 335 del Código Penal (CP); por lo tanto, la causa no podía remitirse a otro Juez que no sea el penal, considerando que los pretendidos actos comerciales no fueron sino un medio idóneo que utilizaron los imputados para la comisión del delito;
  2. 2)Omitieron considerar que su persona jamás denunció un incumplimiento de contrato sino la comisión de un hecho delictivo tipificado como estafa agravada, dado que sufrió el sonsacamiento de dinero mediante un acto de disposición patrimonial a merced del error y engaño del cual fue víctima, reiterando que su intención no era la de perseguir el cumplimiento de una obligación de carácter contractual sino la imposición de una pena por la comisión de un hecho ilícito, pero además ni siquiera existían contratos previamente suscritos pues, con la confianza que se tenía a los denunciados, depositó un monto de Bs.869.808 (ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos ocho bolivianos) que no le fue devuelto;
  3. 3)Se lesinó el art. 404 del CPP, al no haberse verificado que el apelante Willman Miguel Barba Gonzales, no ofreció prueba alguna junto a su apelación incidental; sin embargo, pese a ello, se valoró documental externa al recurso para sostener que existía una relación civil y contractual entre el imputado y las víctimas, incurriendo en falta de fundamentación, vulnerando el principio de legalidad en general y los arts. 398 del CPP y 17.II de la LOJ, al incorporar y valorar prueba que no fue mencionada ni producida en la apelación incidental -como son los desistimientos y acuerdos transaccionales suscritos por Omar Guzmán Valdivieso y Jacobo Schmith Quiring, con el imputado-, cuando de acuerdo a la norma legal señalada, el Tribunal jerarquico en sus consideraciones, debió limitarse a resolver únicamente las cuestiones planteadas;
  4. 4)Falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista impugnado por la fragilidad a tiempo de justificar la existencia de tres investigaciones aperturadas en contra de los imputados, sin considerar que dentro de esas causas existían más de siete víctimas; de las cuales, evidentemente algunas suscribieron contratos con uno de los denunciados y otras como su persona no; y,
  5. 5)El incumplimiento de la doctrina legal aplicable y la jurisprudencia vinculante de cumplimiento obligatorio contenidas en los , y .
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante consideró lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente motivación y fundamentación, al juez natural y competente; y a la tutela judicial efectiva, contemplados en los arts. 115 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela solicitada, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 1 de 4 de enero de 2018; y en consecuencia, se ordene la emisión de uno nuevo, respetando sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.

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