Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 5 de abril de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 25119-2018-51-AAC Departamento: Potosí Partes: Deymar Mario Martínez Mamani contra Edwin Lamberto Belmonte Hurtado, ex Vicerrector; y, Rubén Vicente Quinteros, actual Vicerrector, ambos de la Universidad Policial (UNIPOL) "Mariscal Antonio José de Sucre"; César Limbert Choque Fernández, ex Presidente, Desiderio Montes Gonzales y Bladimir Martínez Coro, ambos ex Vocales; Vicente Marcelo Candia Rojas, Presidente; Rodmy Boriz Gemio Zamora, Oliver Flores Silva, Jessica Villegas Patzi y Vladimir Padilla, Vocales, todos de la Comisión de Régimen Disciplinario de la Escuela Básica Policial (ESBAPOL) hoy Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales (FATESCIPOL) de Potosí.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la , que confirmó en parte la Resolución 02/2018 de 10 de agosto, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, que concedió la tutela solicitada, únicamente respecto de Edwin Lamberto Belmonte Hurtado, ex Vicerrector de la UNIPOL "Mariscal Antonio José de Sucre, y la denegó sobre los demás demandados.
En todo caso, considera que se debió CONFIRMAR la Resolución 02/2018; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución Administrativa (RA) 038/2017 de 12 de octubre y la Resolución de Recurso Jerárquico 341/2017 de 8 de diciembre, ordenándose la reincorporación del accionante a la ESBAPOL de Potosí, hoy FATESCIPOL; por cuanto, la parte resolutiva debió ser sustentada sobre la base de los siguientes fundamentos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
El accionante demanda la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes de valoración razonable de la prueba, congruencia, suficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, "legalidad formal y tipicidad"; ya que, tanto la RA 038/2017, que ordenó su baja definitiva de la ESBAPOL alegando deserción y la Resolución de Recurso Jerárquico 341/2017 que confirmó dicha decisión, fueron pronunciadas sin la debida fundamentación y motivación, haciendo una abstracción de la prueba presentada dentro de plazo y sin responder a sus reclamos, usando como agravantes, supuestos antecedentes disciplinarios en su contra que concluyeron sin sanción, y aplicando a su caso la falta disciplinaria establecida por el art. 40 inc. c) numeral 2 del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Grado de la UNIPOL, norma que no establece ninguna sanción y remite al art. 64 del mismo cuerpo legal, que fue declarado inconstitucional por la , advirtiéndose un vacío legal al no determinar a partir de cuánto tiempo de inasistencia se considera que se produce una deserción; por lo que, solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto la RA 038/2017 y la Resolución de Recurso Jerárquico 341/2017, y se ordene su reincorporación a la ESBAPOL de Potosí.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes temas:
- a)La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso;
- b)La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional;
- c)El alcance del derecho a la defensa;
- d)El alcance del principio de presunción de inocencia; y,
- e)Análisis del caso concreto.
II.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la 1; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la 2, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En el Fundamento Jurídico III.3. de la , se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:
- a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
- b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
- c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
- d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
- e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
- f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la 3, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
Por su parte, la 4 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la 5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:
- 1)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
- 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
- 3)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
- 4)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
- 5)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la -6.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la como la , señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:
- i)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
- ii)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
- iii)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
- iv)Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la 7, así como en la 8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la 9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la 10 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones; es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aun carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
Entendimiento que fue desarrollado en la .
Mostrando 20 de 96 parrafos.