0106/2022-S1

En suma, a través de la injusta e ilegal Sentencia 102/2020, las autoridades demandadas:

1. a)Se limitaron a resolver y declarar como improbada la demanda, sin mencionar ni aclarar si se mantiene o no vigente y valida la Resolución Ministerial 1091/16;
2. b)No determinaron con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales y tampoco expusieron claramente los aspectos fácticos pertinentes, como la existencia de comunicaciones internas, memorándums, llamadas de atención y antecedentes de la trabajadora que acreditan el incumplimiento al convenio laboral y la Ley General del Trabajo, no obstante que los mencionados elementos probatorios fueron reconocidos en su existencia y validez por la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro;
3. c)No describieron de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales; y,
4. d)No valoraron de manera concreta y explicita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada.

De la lectura de la Sentencia 102/2020, se colige que los demandados incurrieron en las siguientes incongruencias:

1. 1)Incongruencia interna. Cuando se limitaron a transcribir los fundamentos de su demanda, omitiendo un razonamiento integral del porqué no se consideró sus fundamentos o porqué resultarían insuficientes; es decir, la indicada Sentencia carece de concordancia y armonía entre la parte considerativa y dispositiva, en la que no se explica las razones y motivos que los llevaron a no tomar en cuenta los fundamentos expuestos; y,
2. 2)Congruencia externa. Por señalar supuestamente haber sido considerada la prueba por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y sin sujetarse a los puntos expuestos en casación. Arbitrariedad traducida en una evidente vulneración al debido proceso, puesto que en ningún estadio procesal la ahora tercera interesada negó ni desconoció la prueba ofrecida, además de una evidente incongruencia incurrida por los demandados, quienes resolvieron "más allá" (ultra petita) y concedieron algo distinto (extra petita) al desestimar la prueba de descargo.

Solicitan:

1. i)Se admita la acción de amparo constitucional y se la tramite conforme el art. 51 y ss. del Código Procesal Constitucional; se declare su procedencia; y consecuentemente, se conceda la tutela impetrada; y,
2. ii)Se deje sin efecto la ilegal Sentencia 102/2020 de 22 de julio, disponiendo que los Magistrados demandados emitan una nueva resolución que cumpla con los estándares del debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia en las resoluciones y, adecuada valoración de la prueba, debiendo observar y apegarse a los principios fundamentales de verdad material y legalidad.

El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional, enfatizando que:

1. a)En ninguna parte de la demanda se ha denunciado la vulneración del derecho a la defensa, sino, ésta se centra en que las autoridades del Tribunal Supremo y las del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social no han atendido su reclamo en cuanto a la omisión valoratoria de la prueba presentada; asimismo, en cuanto a la inobservancia de los principios de legalidad y verdad material, puesto que la Resolución 102/2020 es forzada, por no guardar coherencia con los mencionados principios;
2. b)La Sentencia objeto de impugnación señala la prueba, empero, no se hizo un análisis de la misma;
3. c)Otro aspecto observado en la Resolución impugnada, es que las autoridades demandadas se limitaron a declarar improbada la demanda, sin considerar los efectos subsecuentes; es decir, no dispusieron lo que conlleva la disposición; y,
4. d)La incongruencia externa radica en que la prueba presentada fue desechada -al decir que no eran suficientes-; y, la interna, en que no se ha explicado la parte dispositiva y lo pedido.

Carlos Alberto Egüez Añez y Ricardo Torres Echalar, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito presentado el 26 de marzo de 2021, cursante de fs. 474 a 476, manifestaron lo siguiente:

1. 1)La presente acción es improcedente, conforme los arts. 51 y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo) -Ley 254 de 5 de julio de 2012- y 129 de la CPE; y, en el entendido que la Sentencia 102/2020 fue notificada el 13 de agosto de ese año, fecha en la que ya no existía cuarentena y los plazos eran normales y si el accionante se encontraba imposibilitado de presentar la acción de defensa en ese tiempo, debió justificar su dificultad en el tiempo establecido por ley, teniendo en cuenta que hasta la interposición de la presente acción tutelar, han transcurrido más de los seis meses previstos, lo que hace que la misma, se reitera, sea improcedente;
2. 2)La naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional no se encuentra dirigida a buscar la invalidación de actos, como se pretende en el caso, sino la tutela de derechos fundamentales; sin embargo, la parte ahora accionante se limitó al desarrollo de observaciones y reclamos sin precisar de qué manera se vulneró ese su derecho, sin especificar cómo, porque y de qué manera se lo vulneró en su elemento derecho a la defensa y a la debida motivación y fundamentación, confundiendo esta acción con un recurso ordinario, pues el mismo no fundamenta ni desarrolla análisis y crítica;
3. 3)La parte accionante cree que se debió decir lo que ella consideraba como argumento, sin tomar en cuenta los elementos técnicos, lógicos, jurídicos y legales que llevaron al juzgador a adoptar una decisión, que no depende de la ampulosidad de los argumentos, sino de la claridad y racionalidad con que son expuestos, pero que no quieren ser comprendidos por ésta;
4. 4)En lo relacionado a la lesión del debido proceso en su elemento derecho a la defensa, entendido éste como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales, comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo; y,
5. 5)De acuerdo a la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, dentro de una demanda de acción de amparo constitucional, no corresponde analizar la valoración de la prueba efectuada por los jueces y tribunales ordinarios, excepto cuando se denuncie una omisión valorativa o valoración irrazonable, contrario a lo que la parte accionante hizo, cuando se limitó a acusar que hubo errónea valoración de determinados medios de prueba, sin explicar de qué manera se incurrió en tal errónea valoración; tampoco, en exponer si la presunta errónea valoración probatoria se activó mediante un error de hecho o un error de derecho; y, finalmente, no acreditó cuál el medio de prueba que desvirtúa en cuanto a su contenido y validez; por lo que, solicitan se deniegue la acción de amparo constitucional pretendida.

Dilma Choque Reynaga, en audiencia por medio de su abogado indicó:

1. i)Los accionantes piden que se protejan los principios de verdad material y legalidad; empero, por el principio de iuria novit curia, la acción de amparo constitucional no protege principios;
2. ii)El procedimiento constitucional ni el procedimiento administrativo prevé el diligenciamiento de la prueba. En instancias superiores todo se limita al control de la labor del proceso ordinario;
3. iii)La parte accionante refiere que no se procedió a la valoración de la prueba, empero omite decir que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social dispuso lo correcto, puesto que estableció que su despido fue sin causa justa, emitiendo la Conminatoria de reincorporación, misma que YPFB-LOGISTICA no ha dado cumplimiento;
4. iv)Considera que las pruebas o elementos presentados no hubieran sido suficientes para modificar el hecho del despido, toda vez que habiendo sido despedida, se acudió al mencionado Ministerio y, no obstante haber hecho uso de los recursos de revocatoria y jerárquico, la conminatoria de reincorporación fue confirmada; inclusive, se recurrió a la vía contenciosa administrativa; no obstante, desde el año 2006 no fue reincorporada a su fuente laboral; y,
5. v)La disposición y jurisprudencia constitucional regulan el hecho de que el empleador no pueda ser juez y parte y cualquier despido, debe efectuarse por las causales del art. 16 de la LGT; y,
6. vi)El reclamo carece de relevancia, porque fue presentado fuera de plazo, en cuya razón solicita se declare la improcedencia de la acción de amparo constitucional.

En audiencia, los representantes de la Jefatura Departamental de Trabajo señalaron que:

1. a)No se cumplió con el principio de inmediatez, en el entendido que la Sentencia fue notificada el 13 de agosto de 2020 y la acción de amparo constitucional presentada el 19 de febrero de 2021, de manera que los reclamos efectuados por la parte accionante no pueden ser objeto de protección de esta acción de defensa; y,
2. b)El proceso contencioso administrativo no tiene fase de producción de prueba, puesto que se constituye en una instancia de puro derecho; por otra parte, la jurisdicción constitucional no puede ingresar a valorar la prueba, pues esa labor le corresponde a la jurisdicción ordinaria.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 38/2021 de 29 de marzo, cursante de fs. 463 a 465 vta., denegó la tutela impetrada; tal determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. 1)Conforme la previsión de los arts. 51 del CPCo y 129 de la CPE, la acción de amparo constitucional puede ser activada por cualquier persona que considere lesionados sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, exceptuando los derechos tutelados por las otras acciones de defensa; asimismo, esta acción se rige por los principios de subsidiariedad e inmediatez, cuyo cumplimiento opera como causales de improcedencia, pero que sin embargo, bajo ciertas circunstancias excepcionales, puede admitir flexibilizaciones. En ese orden, es preciso por una parte señalar que el plazo de los seis meses para la presentación de la acción de amparo constitucional, es un plazo extraprocesal y no admite suspensión en su cómputo, por otra, dicho plazo puede ser flexibilizado excepcionalmente, frente a situaciones ajenas a la voluntad del accionante y que le impidieron el acceso a la jurisdicción, dentro de las cuales, pueden ser consideradas todas aquellas circunstancias que dieron lugar a la suspensión de los servicios y las restricciones al libre tránsito de las personas, en el presente caso, producto de la pandemia, que implica la permisión en la presentación de la presente acción de defensa después del vencimiento del plazo e inmediatamente de superado el impedimento; empero, la parte accionante se limitó a invocar la suspensión de plazos, sin justificar el impedimento que hubiere tenido la Empresa para acceder a la jurisdicción constitucional;
2. 2)Ante la denuncia de no haberse considerado una prueba relevante que acreditaría el despido justificado de la trabajadora, ahora tercera interesada y que las autoridades ahora demandadas se hubieran limitado a sostener que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ya había analizado dichas pruebas en el Considerando II de la RM 1091/2016; y, que si la parte empleadora pretendía controvertir la Conminatoria de reincorporación debía haber activado la jurisdicción laboral, incurrieron en incongruencia, falta de fundamentación y motivación, omisión valorativa y errónea aplicación de la Ley, se puede advertir que entre las pruebas que se presentaron para justificar el despido se encuentra un Informe del Tribunal Sumariante, en el que se realizan recomendaciones y sugerencias a la Gerencia de YPFB-Logística, sobre la conducta de la trabajadora, que no constituye una resolución de despido emergente de un proceso; por otro lado, el proceso contencioso administrativo es un proceso de puro derecho, mismo que tiene por objeto realizar control de legalidad a las actuaciones de la administración; entonces, no se puede acusar omisión valorativa, por cuanto éste no realiza valoración probatoria;
3. 3)La denuncia de incongruencia interna carece de relevancia, por cuanto refiere que la Sentencia que declaró improbada la demanda contencioso administrativa no había manifestado si la RM 1091/2016 quedaba subsistente, quedando ello sobrentendido, por lo que no puede dejarse sin efecto una resolución judicial sólo para aclarar ese aspecto; además que, el accionante tuvo la oportunidad de activar oportunamente la aclaración o complementación de la Resolución ahora impugnada;
4. 4)En cuanto a la falta de fundamentación y motivación, la parte accionante no precisó cuáles los aspectos insuficientemente fundamentados y motivados y, si bien la Sentencia no contiene una clara exposición de los parámetros que rigen el objeto del proceso contencioso administrativo, explica la razón por la que no corresponde considerar como justificativo suficiente para el despido legal por incumplimiento de contrato; entonces, la supuesta insuficiente fundamentación carece de relevancia constitucional para conceder la tutela, puesto que para hacer valer aquellas causales de despido, YPFB-Logística, debió seguir un proceso, siendo esa la ratio decidendi por la que se declaró improbada la demanda contenciosa administrativa;
5. 5)Respecto a la aplicación objetiva de la Ley, aludiendo al at. 16 de la LGT, la parte accionante no estableció si la denuncia versa sobre una indebida aplicación o una errónea interpretación de la norma; de esta manera, no precisó con claridad en qué consistiría la errónea interpretación, cuales los parámetros o supuestos que contenía ésta y de qué manera se le asignó un contenido diferente, cuáles los principios y valores infringidos y, cuál sería el sentido correcto; y,
6. 6)En conclusión, no existen elementos subjetivos que denoten la vulneración de derechos fundamentales y que la concesión de tutela permitirá reparar un daño sustancial con el consiguiente cambio del resultado de la Sentencia 102/2020.

II.2. La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, por Sentencia 102/2020 de 22 de julio, declaró improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Empresa YPFB-LOGISTICA S.A., señalando que:

1. i)En el caso concreto, la controversia radica en determinar si la RM 1091/16 que revocó la RA 083/2016 y que confirmó la Conminatoria de reincorporación laboral lesionó el debido proceso al no valorar las pruebas presentadas en sus elementos de motivación y congruencia de la entidad demandante;
2. ii)La naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo es de un juicio de puro derecho, en el que sólo se analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos; por lo que, corresponde realizar el control jurisdiccional y de legalidad sobre los actos ejercidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social;
3. iii)Se solicita la nulidad de la RM 1091/16 en virtud a que la Empresa reclama que ningún documento presentado como prueba fue tomado en cuenta ni valorado a tiempo de ser dictada la misma, debiendo ser nula por previsión del art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); por otra parte, representan que como consecuencia de ello resultó el incumplimiento a lo previsto por el art. 19 inc. e) de la LGT; ante lo cual, es menester aclarar que si bien se pueden presentar pruebas ante el mencionado Ministerio, a éste no le compete realizar la valoración de la misma en casos de controversia, por su naturaleza administrativa, correspondiendo a otra instancia jurisdiccional este objeto; no obstante, la entidad demandada hace la consideración respectiva de las pruebas en el Considerando II de fs. 19 vta., señalando: "(...) el entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional No 1262/2013 de 1 de agosto de 2013, no puede ser objeto de condicionamiento alguno de parte del empleador toda vez que se encuentran garantizadas por la Constitución Política del Estado, debiendo considerarse en todo caso que el referido informe del Tribunal sumariante se limitó a emitir recomendaciones relativas a la conducta de la trabajadora, empero no determinó la existencia de alguna de las causales establecidas por el art. 16 de la Ley General del Trabajo o el art. 9 de su Decreto Reglamentario que fuesen atribuibles a la trabajadora, extremo que tampoco ha sido acreditado por la parte empleadora en el desarrollo del proceso incumpliendo con la carga de la prueba, por consiguiente...y en aplicación de los principios de continuidad y estabilidad laboral y del principio protector se infiere que el despido es injustificado por cuanto se asumió de forma arbitraria y sin permitir a la trabajadora asumir defensa..." (sic); y,
4. iv)Mencionando lo que la SCP 0646/2012 de 23 de julio señala que el empleador no puede actuar de juez y parte, por más que YPFB-LOGISTICA S.A. indique que Dilma Choque Reynaga incumplió con el convenio laboral, esto debe ser demostrado dentro de un juicio contradictorio en el ámbito de la jurisdicción laboral, debiendo la autoridad competente valorar la prueba presentada, dentro de lo establecido por el reglamento interno y las normas de la materia, de lo contrario llegaría a ser un despido injustificado (fs. 470 a 473 vta.).