0106/2023-S1

La accionante, a través de su abogado, ratificó su memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que:

1. a)El Informe presentado por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, careció de decoro al no reconocer el enorme error que cometió en su actividad procesal y en su control que ejerce sobre las actividades que se desarrollan en su juzgado;
2. b)Si bien se designó defensor de oficio señalando que se garantice la conectividad de la imputada en la audiencia, debió considerarse que no conoce lo que significa un link, porque solo cursó estudios hasta el cuarto básico;
3. c)En la audiencia de 13 de octubre de 2020, el defensor de oficio refirió que no tuvo contacto con la imputada y desconocía los motivos por los cuales la misma no se apersonó a la sesión, es decir, que le impusieron un defensor de oficio y una carga de garantizar la conectividad; empero, no se cumple la misma, declarándolo más bien en rebeldía como un chivo expiatorio, iniciándose con ello la vulneración de sus derechos;
4. d)El 6 de noviembre de 2020, fecha en la cual también era la última audiencia de su juicio oral, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del citado departamento dictó una sentencia absolutoria, fue aprehendida y conducida a dependencias del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del referido departamento, en la cual pudo constatar que el cuaderno procesal solo contenía algunos actuados;
5. e)Con el argumento del Ministerio Público en sentido de que la imputada tenía la obligación de hacer seguimiento del caso hubiera consentido la ilegalidad de la aprehensión, la autoridad judicial rechazo su denuncia siendo que era obligación de llevar adelante la audiencia sin vicios de nulidad;
6. f)No tuvo conocimiento de las notificaciones, si bien es cierto que consta en antecedentes como si la hubieran notificado por cedulón, pero es importante recalcar que fue víctima sobre un problema interno dentro de la asociación de las "Bartolinas", ya que estaba a punto de ser candidata a primera senadora por Cochabamba, cuyo proceso fue tramado motivado por una envidia;
7. g)La Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba al no tener el cuaderno incidental para verificar si fue notificada, debió aplicar la duda razonable en su favor, además al bloquear el audio en el momento de pedir la enmienda y complementación se conculcó tres derechos como son el art. 125 del CPP, a la defensa y a la apelación;
8. h)Es falso que se concedió la apelación en audiencia, porque la misma fue realizada a través de un memorial, además el argumento de que el Ministerio Público dejo copias es falso, puesto que cuando fue a recoger las copias advirtió que ningún actuado estaba foliado, corroborándose que la autoridad judicial no tenía el cuaderno procesal;
9. i)Con referencia al Vocal demandado, si bien en esta oportunidad la conectividad no era de las mejores, empero en ningún momento se hizo una relación sobre los puntos apaleados ya que su intervención no duró más de 5 o 7 minutos, empero aun fuera así conforme a la "0SCP 0007/2012 de 16 de abril" (sic), las autoridades del Tribunal de alzada están obligados a motivar sus fallos aun cuando no existiera fundamentos;
10. j)La "SCP 0705/2014" prohibió fundar una detención preventiva en meras suposiciones tal como sucedió en el presente caso, además la citada Jueza actuó con malicia al conceder la apelación dividiendo en dos, por lo que pide se considere que es la única persona que sostiene su familia, con una madre de 81 años, al efecto presenta un informe social del "régimen penitenciario" -se entiende del Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba-; y,
11. k)Pidió que se considere su situación, ya que son un grupo de mujeres del directorio de las "Bartolinas" quienes prepararon estas falsedades para evitar que sea candidata a Senadora por Cochabamba siendo que fue "bartolina departamental, provincial" (sic), en cuya aprehensión, no le explicaron nada y tampoco la dejaron hablar, lo cual fue injusto.

Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe presentado el 8 de enero de 2021, cursante de fs. 79 a 80 vta., manifestó que:

1. 1)La accionante se limitó en realizar una relación cronológica de los antecedentes del proceso reiterando los fundamentos expuestos en la audiencia de 24 de noviembre de 2020 y bajo su propio análisis valorativo pretendió dejar sin efecto el Auto de Vista dictado, sin mencionar de manera clara y específica, de qué modo la resolución cuestionada le estaría restringiendo su derecho a la libertad;
2. 2)Tampoco individualizó la forma en que incide la decisión en la restricción de tal derecho, que ameritaría se deje sin efecto el Auto de Vista de 24 de noviembre de 2020, toda vez que el Tribunal de alzada aplicó los lineamientos establecidos en el art. 398 del CPP, es decir se pronunció sobre los aspectos alegados y no así sobre otros puntos no apelados por la parte accionante;
3. 3)La determinación asumida tiene sustento entre otros en la SC 0486/2010-R de 5 de julio, y el 0Auto Supremo 225 de 6 de mayo de 2011, que define que la compulsa de las pruebas que se aporta con el fin de aplicar, modificar las medidas cautelares de carácter personal, es facultad exclusiva del Juez que está a cargo del proceso, ya que ingresar a valorar la prueba, importaría una doble valoración de la prueba;
4. 4)Los presupuestos jurisprudenciales de las 0SSCC 1369/2001-R de 19 de diciembre, 00752/2002-R de 25 de junio y 01489/2004-R de 17 de septiembre, no fueron cumplidos por la parte accionante; toda vez que, no señala el nexo de causalidad entre el criterio de interpretación utilizado y los demás presupuestos para que se pueda por el Tribunal de garantías ingresar a revisar la legalidad ordinaria;
5. 5)No cabe duda que el recurso de apelación oportunamente aludido es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad en el que el Tribunal superior debe corregir lo invocado en el recurso;
6. 6)El Auto de Vista impugnado, no vulneró el art. 124 y 169.3 del CPP, relativos a la debida fundamentación y motivación, principios de igualdad jurídica, libertad probatoria, razonabilidad y valoración vinculados a la libertad de la accionante, toda vez que la resolución cuestionada cumple con dichos presupuestos, siendo que se expresó los motivos de hecho y de derecho para la determinación asumida;
7. 7)Corresponde señalar que la detención preventiva y la libertad no es exclusivo del Tribunal de alzada sino que es un primer acto de valoración realizado por el Juez a quo, además conforme al art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), no está demostrado en el presente caso ninguno de los presupuestos de la acción de libertad, es decir que no se demostró que su vida esté en peligro, que este ilegalmente perseguida, o este indebidamente procesada o privada de libertad; y,
8. 8)El Auto de Vista de 24 de noviembre de 2020, se encuentra plenamente fundamentado acorde a derecho, puesto que se respondió a todos los agravios mencionados por la imputada, por lo que pidió que denegar la tutela, sin ingresar al fondo, por no haber cumplido la parte accionante con los presupuestos para revisar la legalidad ordinaria en la forma que indica la jurisprudencia.

Maureen Orellana Maldonado, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 8 de enero de 2021, cursante de fs. 77 a 78 vta., señaló que:

1. i)Respecto al reclamo de que la notificación mediante orden instruida con la imputación formal y señalamiento de audiencia, que no hubiera podido advertir y que la irregularidad comenzaría con la emisión del decreto de 15 de septiembre de 2020, corresponde señalar que efectivamente se emitió dicho decreto por el cual en mérito al requerimiento de imputación formal de 24 de junio de 2020 que conforme el timbre electrónico se adjuntó a "fs. 45 literales" de respaldo;
2. ii)Asimismo por memorial de 11 de septiembre de 2020 la victima solicitó audiencia para la consideración de la aplicación de medidas cautelares, lo que ameritó el proveído de 15 del mismo mes y año señalando audiencia virtual, en la cual se estableció los parámetros en los cuales se iba a desarrollar la misma, providencia y demás actuados que fueron de conocimiento de todas las partes procesales;
3. iii)Posteriormente el abogado Alexei Dimitri Marañón Cornejo presentó memorial renunciando al patrocinio y defensa de la ciudadana Natividad Sánchez Fernández, que fue puesta a conocimiento de la suscrita autoridad y garantizando derechos de la parte imputada, se emitió el proveído de 25 de septiembre de 2020 ratificando la designación del defensor de oficio a Ángel Eduardo Navia Rocha;
4. iv)Sobre la denuncia de que el abogado de oficio no garantizó la conexión virtual y tampoco se contactó con la imputada para la audiencia programada y tampoco la Oficina Gestora de Procesos le entregó el link correspondiente, lo cual le hubiera en indefensión; corresponde precisar que mediante nota de 5 de octubre de 2020 dicha oficina informó que el 24 de septiembre de 2020 a horas 16:45 se notificó conforme al art. 163 del CPP;
5. v)Se debe tener presente que de dicho actuado procesal -que debe ser otorgada la fe correspondiente, por haberse realizado por funcionario público-, se advierte que la imputada asumió conocimiento de la audiencia programada de la imputación formal y los correspondientes proveídos de señalamiento de audiencia en su domicilio real;
6. vi)Conforme la documental adjunta al requerimiento de imputación formal, cursa copia de la declaración informativa de la imputada, donde la misma ya tenía pleno conocimiento sobre la denuncia interpuesta por Francisca López Rendón y el proceso instaurado en su contra, por el cual la nombrada conforme a procedimiento tiene la obligación de dar seguimiento correspondiente a su proceso y más aún si el 24 de septiembre de 2020 fue legalmente notificada en su domicilio real señalado en la declaración informativa con los documentos respectivos;
7. vii)La SCP 0172/2015-S3 de 6 de marzo, se refiere a la indefensión provocada voluntariamente, en este caso el ahora accionante tenía conocimiento del proceso y la audiencia programada y si por motivos externos ya no tomó contacto con el abogado Alexei Dimitri Marañón Cornejo, la misma pudo tomar contacto con el abogado defensor de oficio o con el profesional de su confianza a fin de que cuente con la asistencia técnica, mínimamente podía concurrir ante el despacho judicial a verificar el estado actual de su proceso ante la notificación realizada con el señalamiento de audiencia, sin embargo, se asumió una actitud negligente, dejando de intervenir en el proceso voluntario, tratando de indilgar su responsabilidad a otros funcionarios;
8. viii)Sobre el reclamo de que se procedió a la declaratoria de rebeldía y notificación por edicto para justificar un mandamiento de aprehensión, efectivamente el 13 de octubre de 2020 se declaró la rebeldía de la imputada, ya que pese a su legal notificación personal no informó y tampoco justificó su inasistencia al acto convocado, por lo que conforme al art. 87 del CPP se procedió a su declaración de rebeldía e imponer medidas impuestas por el art. 89 del citado Código;
9. ix)Referente a la notificación mediante edictos, la misma es simplemente en casos de rebeldía para la búsqueda y aprehensión, no siendo una notificación formal a la imputada, porque la misma tiene un domicilio conocido; además fue necesario aclarar que el art. 165 del CPP fue modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- por el cual toda publicación debe de realizarse a través del portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia, en cuyo caso se mantendrá de manera permanente dicha publicación hasta que el interesado solicite su baja, pero ello no significa como erróneamente se incida que la publicación fue por una sola vez;
10. x)Como se podrá verificar, cursa en antecedentes el acta respectiva por el cual de manera fundamentada se procedió a declarar la rebeldía de la imputada, resolución que fue legalmente notificada en audiencia al abogado defensor de oficio, cursa al efecto el descargo de la publicación en el portal electrónico y posterior a ello recién el 30 de octubre de 2020 se emitió el correspondiente mandamiento de aprehensión como consecuencia de la declaratoria de rebeldía, respetando toda formalidad legal y material; y,
11. xi)Se aclara que se emitió el correspondiente mandamiento de aprehensión; sin embargo, y como indica la accionante fue ejecutado por el policía encargado el 6 de noviembre de 2020 a horas 15:20, y recién a horas 17:15 de ese mismo día fue puesta a conocimiento de la autoridad jurisdiccional de turno, debido a que recayó en un día viernes, es así que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba conoció sobre el presente caso, por lo que solicitó se deniegue la tutela al no existir ninguna vulneración al derecho a la libertad, al ser simplemente apreciaciones subjetivas las utilizadas por la accionante, puesto que todo acto procesal se encuentra realizado dentro de los parámetros constitucionales y legales.

Karen Irlanda Munguía Barrientos, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, a través de informe presentado el 8 de enero de 2021, cursante de fs. 81 y vta., manifestó que:

1. a)Fue evidente que el 6 de noviembre de 2020 a horas 17:35, ingresó a su despacho el memorial presentado por el Ministerio Público, mediante el cual le informaron que en calidad de Jueza de turno, la ejecución del mandamiento de aprehensión emitido por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del mismo departamento, habiendo desarrollado la audiencia de aplicación de medidas cautelares el 6 de noviembre de 2020, disponiendo la detención preventiva de la imputada en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba;
2. b)Para el desarrollo de dicha audiencia, el Ministerio Público acompañó al memorial una copia de la resolución de imputación formal, así como los elementos de convicción, esto en atención a que la suscrita no era la titular de la causa, elementos de convicción que fueron valorados a momento de emitir resolución, por lo cual mal podría afirmar la accionante que no se contaba con ningún elemento de convicción a momento de la aplicación de medidas cautelares;
3. c)Asimismo, es evidente que la imputada interpuso incidente de nulidad de notificación e ilegalidad de la aprehensión, las que fueron resueltos en audiencia en base a los documentos presentados por el Ministerio Público, ya que la defensa no presentó ningún elemento o documento que sustente los incidentes, siendo este el fundamento principal para el rechazo, tal como se podrá advertir de la fundamentación vertida en el Auto de 6 de noviembre de 2020; sin embargo, esta resolución fue apelada en la misma audiencia, habiéndose dispuesto la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, no siendo verídico que no se otorgó el uso de la palabra al abogado a fin de que solicite una enmienda o complementación;
4. d)De igual manera, en la audiencia de 6 de noviembre de 2020 informó a las partes que únicamente se conocía el proceso en ejercicio del turno semanal asignado, y que no era la titular de la causa, habiéndose dispuesto incluso a la culminación de la audiencia la remisión del legajo cautelar al Juzgado titular;
5. e)Sobre lo manifestado por la accionante referente al traslado del Ministerio Público a otro ambiente, la misma se debió a que por el mal trabajo, se pretendía desarrollar una audiencia de aplicación de medidas cautelares de manera virtual, utilizando un solo equipo y ambiente para todas las partes, razón por la cual dispuso que la Oficina Gestora proporcione un ambiente diferente a cada parte, lo cual de ninguna manera conlleva actos irregulares tal cual se pretende hacer creer; y,
6. f)Por lo expuesto, considerando que no incurrió en vulneración de derechos y garantías, solicitó que se sirvan emitir resolución denegando la tutela.

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 01/2021 de 8 de enero, cursante de fs. 150 a 155 vta., concedió la tutela solicitada respecto al Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 24 de noviembre de 2020 a objeto de que en el plazo de veinticuatro horas se dicte uno nuevo atendiendo los puntos del recurso de apelación; asimismo, denegó la tutela en cuanto a la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba y la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del mismo departamento, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)En lo sustancial identificó dos problemáticas, es así que analizando la primera problemática, de la revisión de antecedentes se tuvo que la autoridad fiscal presentó imputación formal el 24 de junio de 2020 (conforme ficha electrónica) en la cual le atribuyó la supuesta comisión del delito de estafa con agravante de victimas múltiples, teniéndose que la imputada es la ahora accionante;
2. 2)Por memorial de 11 de septiembre de 2020, la accionante solicitó señalamiento de audiencia de aplicación de medidas cautelares, al efecto se fijó audiencia para el 13 de octubre de 2020 a horas 11:00, disponiendo entre otras medidas, mediante decreto de 16 de septiembre de 2020 que "se dispone que por secretaria se libre la Orden Instruida para la notificación a la imputada (...) con la imputación formal y la presente providencia" (sic), teniéndose que dicha determinación fue cumplida, toda vez que la Oficina Gestora de Procesos devolvió la orden instruida debidamente diligenciada;
3. 3)En la audiencia ante la inconcurrencia de la imputada la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba declaró la rebeldía de la imputada, al efecto cumplida las formalidades se expidió el correspondiente mandamiento de aprehensión, ejecutándose la misma el 6 de noviembre de 2020 a las 15:20, y llevándose a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares en la misma fecha a horas 17:45 y siguientes;
4. 4)Previo a la instalación de la audiencia, la defensa de la impetrante de tutela planteó dos incidentes, una de nulidad de notificación y otra de ilegalidad de la aprehensión, por lo que previo traslado la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del citado departamento en la parte resolutiva dispuso "RECHAZA los incidentes de nulidad de notificación e ilegalidad de la aprehensión planteados por la imputada Natividad Sánchez Fernández, disponiéndose la prosecución de la causa conforme estable la Ley 1970" (sic);
5. 5)Ante dicha determinación el defensa la imputada planteó recurso de apelación contra la resolución emitida, por lo que la citada Jueza dispuso la remisión del mismo ante el Tribunal ad quem, conforme dispone el art. 405 del CPP; es decir que la parte accionante acudió al Tribunal de alzada a fin de reparar las lesiones planteadas de actividad procesal defectuosa, por lo que solo en caso de que las lesiones no sean reparadas en dicha instancia, recién se podrá acudir a la vía constitucional;
6. 6)La 0SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que no se puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos, por lo que solamente una vez agotado el medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se puede acudir a la jurisdicción constitucional invocando la tutela, en ese entendido se tiene que ante la emisión del Auto que rechazó los incidentes planteados, se remitieron antecedentes ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, conforme lo estableció el propio accionante, no pudiendo en consecuencia paralelamente a la apelación interponerse la acción de libertad, a fin de no generar una disfunción procesal, pues las actuación de los jueces y tribunales ordinarios, son los que tienen competencia primaria para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional;
7. 7)Para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante la acción de libertad, cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente dos presupuestos los cuales son que el acto lesivo, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión y además debe existir absoluto estado de indefensión, situación que no aconteció en el caso de autos;
8. 8)Respecto al Vocal de La Sala Penal Segunda del citado Tribunal Departamental, de los antecedentes se tiene que el mismo mediante Auto de Vista 24 de noviembre de 2020 declaró improcedente el recurso de apelación, en consecuencia confirmó el Auto de 6 de noviembre de 2020;
9. 9)Revisado el acta de 24 de noviembre de 2020, como agravio se expuso que la imputada no fue debidamente procesada por la Oficina Gestora, por cuanto renunció su defensa, por lo que el día de la audiencia de aplicación de medida cautelar fue representada por un abogado de oficio que no gestionó nada en favor de la imputada y que el no ser debidamente notificada le declararon rebelde el 13 de octubre de 2020, aspecto que consideró vulneratorio a su derecho a la defensa, el cual al ser puesto en conocimiento de la autoridad de instancia sin valorar llevó la audiencia violando lo previsto en el art. 169.3 del CPP;
10. 10)Como segundo agravio señaló que, si bien en el acta consta el art. 235.1 delcitado Código; sin embargo, el abogado defensor aclaró que se refirió al art. 233.1 de la norma adjetiva penal, además este aspecto se extrae del requerimiento fiscal de imputación formal y en relación a este punto fundamentó su agravio señalando que "...al no contar con la respectiva documentación de los antecedentes del proceso, el Juez que llevo a cabo la audiencia, no se tiene determinado en que actos procesales se basó para dar por acreditado dicho numeral..." (sic);
11. 11)Como tercer agravio señaló "...así mismo, el peligro de fuga previsto en los Nums. 4) y 6) del Articulo 234 procesal, en vista de que la imputada fue ilegalmente aprendida al no contar con la respectiva notificación..." (sic) solicitando se den por enervados los riesgos procesales de fuga insertos en los numerales 4 y 6, toda vez que los mismos no fueron acreditados, según refirió la ahora accionante;
12. 12)En base a dichos agravios el Vocal demandado estableció: "resulta prudente señalar para el conocimiento de las partes que la resolución venida en apelación resulta ser el Auto de aplicación de medidas cautelares de fecha 6 de noviembre de 2020, el mismo que ha sido remitido por la autoridad de instancia a efector de poderse tramitar dicho recurso de apelación y no así el incidente de nulidad de notificación e ilegalidad aprehensión...por cuanto dicha resolución si bien es objeto de un recurso de apelación, sin embargo el mismo no ha sido remitido a este Tribunal de Alzada...por ende este Tribunal debe circunscribirse a los aspectos cuestionados por la apelante, respecto a la resolución de aplicación de medidas cautelares" (sic);
13. 13)Fue indiscutible que se exigieron excesivos formalismos cuando se identificaron de manera concisa pero precisa los agravios en alzada, incurriendo en una decisión sin motivación y fundamentación, obviando que los Tribunales de alzada, deben considerar al momento de resolver cuestiones relativas a la imposición de medidas cautelares, su modificación o rechazo, o la cesación de la detención preventiva, que se hallan constreñidos a fundamentar y motivar debidamente sus decisiones, precisando las razones y elementos de convicción que las motivan, expresando de manera clara, expresa y precisa, la concurrencia o no de los presupuestos jurídicos exigidos para la procedencia de la detención preventiva, referentes a los riesgos procesales, no pudiendo justificar su omisión en los límites establecidos en el art. 398 del CPP;
14. 14)La garantía del debido proceso, constriñe a las autoridades judiciales ordinarias efectuar una fundamentación legal integra y clara, no siendo viable dictar una decisión de hecho y no de derecho, que no permita conocer los motivos y razones jurídicas para arribar a la decisión, ya que sólo así, las partes asumen convencimiento que la decisión asumida, no es irrazonable, sino que responde a una medida efectuada bajo razonamientos lógico jurídicos sólidos en el marco del debido proceso; aspectos que no fueron cumplidos por la autoridad demandada; y,
15. 15)Siendo claras las lesiones al debido proceso cometidas por el Vocal demandado, que declaró la improcedencia de la apelacíon, sin una adecuada fundamentación y motivación, menos una valoración integral de los medios probatorios ni haber efectuado el test al que se hallan constreñidos para emitir una decisión razonada sobre la existencia de los riesgos procesales; por lo que conforme al Fundamento Jurídico II.3 del presente fallo, se estableció que en el caso que se analiza, no se efectuó un pronunciamiento sobre los agravios denunciados en la apelación incidental planteada, por lo que se lesionó el derecho al debido proceso.

1. i)La resolución dictada por la Juez de instancia le causa agravio, ya que no fue debidamente notificada por la Oficina Gestora, puesto que su abogado que le patrocinaba renunció a su defensa, por lo que el día de la audiencia de aplicación de medidas cautelares fue representada por un Defensor de Oficio, quien no realizó las gestiones necesarias en su favor y por ello fue declarada rebelde en la audiencia de 13 de octubre de 2020, aspecto que es vulneratorio a su derecho a la defensa ya que se incurre en el defecto absoluto previsto en el art. 169.3 del CPP, toda vez que lesionó el derecho a su libertad, además de los arts. 166.2, 167 y 168 del CPP;
2. ii)Como segundo punto de agravio señala que el riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del CPP fue construido erróneamente, toda vez que no existe fundamentos que expliquen cuales son los documentos que le llevaron al Juez a determinar su concurrencia;
3. iii)Lo propio acontece con los numerales 4) y 6) del art. 234 del CPP, por cuanto al no contar con la respectiva notificación fue ilegalmente aprehendida;
4. iv)Respecto al resigo procesal inmerso en el art. 234.6 del CPP, se advierte que el proceso data de hace más de 20 años, al efecto citando la SCP "276/2018" solicita se disponga la nulidad de los actuados y se tenga por enervado los riesgos procesales de fuga insertos en el art. 234.4 y 6 del CPP, toda vez que los mismos no fueron acreditados (sic [fs. 49 y vta.]).

1. a)Por mandato del art. 398 del CPP interpretado de manera sistemática con el art. 396.3 del citado precepto legal, los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, constituyendo este extremo, una de las reglas generales que rigen los recursos, lógicamente exigible a la, parte apelante, constituyendo este el límite y marco de análisis de la presente resolución en función a los puntos de agravio;
2. b)Delimitado como está el ámbito de análisis, resulta prudente señalar para el conocimiento de las partes que la resolución venida en apelación resulta ser el Auto de aplicación de medidas cautelares de 6 de noviembre de 2020, el mismo que ha sido remitido por la autoridad de instancia a efectos de poderse tramitar el recurso de apelación y no así el incidente de nulidad de notificación e ilegal aprehensión planteado por la imputada, por cuanto dicha resolución si bien es objeto de un recurso de apelación, empero el mismo no ha sido remitido a este Tribunal de Alzada para su tramitación, reiterándose que el único incidente de apelación incidental remitido al Tribunal de apelación resulta ser el de la aplicación de medidas cautelares, por ende, este Tribunal debe circunscribirse a los aspectos cuestionados por la apelante, respecto a la resolución de aplicación de medidas cautelares de 6 de noviembre de 2020;
3. c)En base a lo anterior, este Tribunal está en la obligación de especificar que entre las reglas generales que establece la interposición de los recursos, el art. 396.3 del CPP establece no solo la necesidad de interposición de los recursos valga la redundancia, en las condiciones de tiempo y forma que determina la citada norma adjetiva penal, sino además la indicación especifica de los aspectos cuestionados de la resolución, en materia de medidas cautelares la audiencia programada que se viene desarrollando tiene el propósito que la parte apelante identifique cuáles son esos aspectos cuestionados de la resolución pronunciada por la Autoridad de instancia, si la misma es el reflejo de la mala aplicación de la ley, de la incorrecta valoración de los elementos de convicción y ello supone el desconocimiento de la sana crítica y el tercer punto, la mala aplicación de la jurisprudencia tanto constitucional como la doctrina legal aplicable que podría haber interpretado los alcances del caso concreto. Sin embargo de esta determinación legal y no obstante que en efecto la identificación de los aspectos cuestionados de la resolución son los que en definitiva aperturan la competencia del Tribunal de Alzada por mandato del art. 398 del CPP en esta audiencia la apelante no ha cumplido con la carga argumentativa requerida para esta apertura, es por ello que cuando la jurisprudencia constitucional sostiene que la apelación no es una segunda instancia fáctica, sino más bien se trata de un ámbito de análisis básicamente técnico porque se revisa cuestiones de derecho, que son el reflejo de la labor intelectiva desarrollada por las autoridades de instancia; y,
4. d)En el caso que nos ocupa la exposición de argumentos vertidos por la parte apelante más allá de referir un supuesto incidente de nulidad de notificación que habría sido mal practicado a la imputada, respecto al incidente sobre nulidad de notificación, así como la aprensión ilegal, más allá de aquello que no es motivo del presente recurso, esta parte identifica como agravio el art. 234.4 y 6 del CPP, en referencia al peligro de fuga, así como art 235.1 del CPP, sin embargo no refiere en concreto que aspecto de la resolución es el reflejo generador de la aludida vulneración, no ha referido cuáles son los aspectos indicados por la autoridad jurisdiccional que vulneran los derechos fundamentales del debido proceso y la libertad de la imputada, aquello fue señalado de manera genérica, sumado a lo anterior el Tribunal de alzada no advierte la existencia de un defecto absoluto de la vulneración de algún derecho, lesión grosera, mismo que amerite hacer una corrección, consiguientemente corresponde declarar la improcedencia del recurso (sic [fs. 49 vta. a 52 vta.]).

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de estafa con agravante:

1. i)La Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba: i.a) A pesar de haber advertido irregularidades en la notificación para la audiencia programada, así como dificultades para ingresar al link de dicho actuado y no tener contacto con su abogado defensor de oficio, declaró su rebeldía consintiendo dichas anomalías, lo cual derivó en la emisión y ejecución del mandamiento de aprehensión, para luego sin motivo alguno no llevar adelante la audiencia de consideración de medidas cautelares; i.b) Desarrollada y concluida la citada audiencia, ante su similar Tercera donde se planteó y resolvió el incidente de actividad procesal defectuosa y posteriormente se dictó la resolución de medida restrictiva, se interpuso las apelaciones respectivas contra ambas resoluciones; empero, de forma errada remitió la apelación del incidente a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y la impugnación de la medida cautelar a la Sala Penal Segunda del citado Tribunal Departamental, cuando dichas resoluciones fueron emitidas en un solo actuado que merecían ser compulsados por una sola Sala Penal;
2. ii)La Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del citado departamento: ii.1) Sin objetividad al no contar con el cuaderno procesal, y con similares argumentos expuestos por el Ministerio Público, rechazó su incidente de actividad procesal defectuosa; ii.2) No contando con el cuaderno procesal dispuso su detención preventiva arguyendo la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 234.4 y 6 del CPP, siendo que estos fueron desvirtuados al no existir elementos de convicción; finalmente no fue posible plantear la complementación y enmienda debido a que la transmisión de la audiencia virtual se cortó abruptamente restringiendo su derecho a la impugnación; y,
3. iii)El Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de 24 de noviembre de 2020, declaró improcedente su apelación interpuesta contra su detención preventiva, sin una debida motivación y fundamentación, señalando que los argumentos del incidente de nulidad de notificación y aprehensión ilegal no eran motivo de impugnación y que no se justificó cuales habrían sido los derechos vulnerados al ser mencionados genéricamente.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. i)Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; y,
2. ii)Análisis del caso concreto.