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TCP

0107/2019-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de abril de 2019SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0107/2019-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0107/2019-S3 Sucre, 9 de abril de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brígida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 25462-2018-51-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 361/18 de 20 de agosto de 2018, cursante de fs. 619 vta. a 620, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Félix Ives Ortiz Zúñiga en representación de David Iver Soria Ruiz contra Bernardo Huarachi Tola, Lucio Fuentes Hinojosa y Deysi Villagómez Velasco, exmagistrados; Elva Terceros Cuéllar y Rufo Nivardo Vásquez Mercado, Magistrados, todos de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de julio de 2018, cursante de fs. 491 a 493 vta., el accionante a través de su representante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 15 de marzo de 2017 presentó ante el Tribunal Agroambiental demanda contencioso administrativa contra la ilegal Resolución Administrativa (RA) RA-ST 0220/2011 de 1 de noviembre dictada por el Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), alegando fundamentalmente falta de motivación jurídica y probatoria por cuanto la referida Resolución Administrativa hizo cita de diferentes artículos legales sin precisar su aplicación en el caso concreto, y arribó a conclusiones sin explicar las razones que motivaron las mismas.

En mérito a dicha demanda, la Sala Segunda del indicado Tribunal, pronunció la Sentencia Agroambiental Nacional S2a 127/2017 de 30 de noviembre sin una debida motivación y fundamentación puesto que se limitó a reproducir los alegatos de las partes y a afirmar que "...'el INRA actuó correctamente'" (sic), sin considerar ninguno de los puntos contenidos en la demanda contencioso administrativa que presentó, declarándola finalmente improbada; impidiéndole de esta manera conocer las razones que condujeron a esa decisión, existiendo por lo tanto una relación directa entre el acto ilegal y el derecho a una resolución motivada.

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