0107/2023-S1

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y otros, y por el cual se encuentra con detención preventiva; el 6 de mayo de 2020, el Ministerio Público presentó un escrito simple sin fundamento alguno, en el que solicitó la ampliación del plazo de la señalada medida cautelar, alegando tal situación con la supuesta existencia de actos pendientes de investigación; es así que, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, respondió a tal solicitud a través de decreto de la misma fecha, por el cual dispuso ilegalmente la ampliación del plazo de detención preventiva por dos meses, yendo en contra de su derecho a la libertad, puesto que:

1. a)Toda decisión que se refiera a la libertad vinculada a la imposición del derecho a la libertad, debe ser resuelta en audiencia pública que permita el ejercicio de la defensa;
2. b)Las decisiones de ampliación del plazo, deben encontrarse fundamentadas y establecer las razones o motivos por los cuales no pudieron realizarse antes esos actos de investigación, la complejidad de los mismos y la imposibilidad de efectuarlos en un tiempo anticipado; y,
3. c)La decisión vinculada a la libertad, debe ser debatida con la defensa y no puede considerarse el decreto un Auto Interlocutorio, puesto que no existió sustanciación del mismo para disponer arbitrariamente la ampliación del plazo.

El impetrante de tutela a través de su abogado ratificó íntegramente los términos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia señaló que:

1. 1)En cuanto a la subsidiariedad excepcional exigida en las acciones de libertad, se establece que las resoluciones emitidas no han sido dictadas en una audiencia cautelar, sino que resuelven un memorial presentado por el Ministerio Público en el que se solicitó la ampliación de la detención preventiva, no siendo posible exigirse el cumplimiento de la subsidiariedad excepcional porque no se trata de la resolución dictada en una audiencia de medidas cautelares, y dicho memorial resuelto mediante decreto de 6 de mayo de 2020 señaló que: "...en mérito al memorial fundamentado de solicitud de ampliación a la detención preventiva del señor Roger Tito Garandillas, argumentando la complejidad de la presente causa y la necesidad de llevar actos investigativos consistentes en el registro del lugar del hecho, registro de inspección ocular, requerimientos al contrato y requerimientos objetos de efectivización de una auditoría forense, por tanto la suscrita juez de materia, en cumplimiento al art. 233 de la ley 1173, dispone la ampliación de la detención preventiva" (sic); posteriormente, ante ese decreto el accionante planteó recurso de reposición en el entendido de que la decisión asumida por la Jueza demandada fue a través de un decreto y no así de un Auto Interlocutorio, llegando a esa conclusión ya que el art. 123 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece la diferencia entre el decreto de mero trámite y autos interlocutorios, disponiendo que estos últimos resuelven los trámites incidentales que requieran sustanciación y en el presente caso, no existió dicha sustanciación porque no se ha notificado a la otra parte, no se realizó una audiencia al efecto para que exista contradicción y así se emita una Auto Interlocutorio, pues el decreto de 6 de mayo de 2020 es simplemente una respuesta a la solicitud individual del Ministerio Público, por ello se considera que es una providencia;
2. 2)Consiguientemente, considerando que se trataba de un decreto el emitido el 6 de mayo de 2020, planteó en su contra un recurso de reposición, ante ello la autoridad demandada emitió un segundo decreto, cuya data es de 11 de ese mes y año, por el cual se rechazó el recurso de reposición, aseverando que la decisión impugnada no era un decreto de mero trámite, sino un Auto interlocutorio y que en consecuencia no correspondía el planteamiento de un recurso de reposición en su contra; agotando de esta forma la vía ordinaria. No obstante, cabe aclarar que la "SCP 1005/2019 de 21 de noviembre" señaló que la acción de libertad puede ser presentada de manera directa sin ser exigible que previamente se interponga recurso de reposición para cumplir con el principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; a pesar de ello, el impetrante de tutela agotó la vía ordinaria, a través del recurso de reposición, en ese marco no es correcto el informe de la autoridad demandada a tiempo de sustentar la imposibilidad de plantear esta acción tutelar por subsidiariedad; y,
3. 3)En consecuencia, los decretos de la demandada transgreden el derecho a la libertad porque el Ministerio Público no solicitó un mayor plazo para seguir investigando, sino que solicitó se lo mantenga detenido por dos meses más, afectando su derecho a la libertad, siendo una decisión que debió ser asumida en una audiencia y no, mediante un simple decreto, además el medio para ello, es un trámite incidental resuelto en una audiencia donde intervengan todas las partes y donde el imputado pueda asumir defensa, pues por la forma en que se procedió no fue escuchado, afectando su derecho a la defensa y su derecho a la fundamentación.

Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz, a través de informe escrito cursante a fs. 60 y vta. solicitó se deniegue la tutela solicitada en base a los siguientes fundamentos:

1. i)El 10 de enero de 2020, mediante Resolución 10/20, se dispuso la detención preventiva de Tito Roger Garandillas por el plazo de cinco meses, es decir, hasta el 10 de junio del señalado año por estar concurrentes los arts. 233.1 y 2, 234.1 y 2, 235.2 del CPP, Resolución que fue confirmada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto 29/2020;
2. ii)El 6 de mayo de 2020, previa efectivización de la audiencia de cesación a la detención preventiva motivada por el accionante, el Ministerio Público formula requerimiento fundamentado de solicitud de ampliación de detención preventiva por el plazo de cuatro meses, argumentando la complejidad de la causa y la necesidad de llevar adelante actos pendientes es decir: Registro de lugar del hecho en instalaciones de la Fuerza Aérea Boliviana y Empresa "Catic"; Requerimiento a contrato ATE/BOK/11M 005; Requerimientos dirigidos al Ministerio de Planificación sobre informe del convenio de préstamo y Recepción de declaración informativa de los coimputados Cecilia Chacón, ex Ministra de Defensa, entre otros;
3. iii)El 6 de mayo de 2020, se emitió Auto fundamentado de ampliación de plazo de detención preventiva al amparo del art. 233 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de de 3 de mayo de 2019 -, mismo que de forma textual refiere "El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso, la ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por este", por tal disposición legal se tiene que dicho artículo no contempla de forma tácita expresa o específica, la consideración de ampliación de detención preventiva mediante audiencia pública;
4. iv)El 8 de mayo de 2020, el accionante formuló recurso de reposición al Auto Fundamentado de Ampliación de plazo de detención preventiva de 6 del mencionado mes y año, inobservando lo establecido por el art. 401 del CPP que establece que el recurso de reposición procederá únicamente contra providencias de mero trámite a fin de que el mismo juez o tribunal advertido de su error las revoque o modifique, disposición por la cual se declaró inadmisible el recurso presentado; y,
5. v)En audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva de 6 de mayo de 2020, se motivó por parte del Ministerio Público, Ministerio de Gobierno y Transparencia, Requerimiento y Auto Fundamentado de ampliación de plazo de detención preventiva, misma resolución de cesación que fue objeto de recurso de apelación en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que mediante Auto 136/2020 confirma la determinación dispuesta.

La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, mediante Resolución 064/2020 de 16 de mayo, cursante de fs. 12 a 14 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de 6 de mayo de 2020, debiendo en consecuencia la autoridad demandada convocar a las partes a una audiencia oral pública y contradictoria, para resolver la solicitud de ampliación del plazo, sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. a)La Comisión de Fiscales del Ministerio Público, solicitó a la Jueza ahora demandada, la ampliación del plazo de dos meses de la detención preventiva del ahora accionante, solicitud que fue decretada ampliando el plazo de duración por dos meses. Sin embargo dicha solicitud de ampliación no fue puesta a conocimiento del ahora impetrante de tutela ni de las otras partes y mucho menos fue resuelta en audiencia oral pública y contradictoria, donde las partes, debieron estar presentes para debatir la situación legal del imputado; considerando que el Código de Procedimiento Penal, se caracteriza por el sistema adversarial, aplicando los principios de oralidad, publicidad e inmediación;
2. b)Entonces, la solicitud debió ser sustanciada en audiencia pública, con presencia de las partes, pues en dicha audiencia se decidirá si procede o no la solicitud dictando un auto interlocutorio en base a la prueba presentada por el Ministerio Público, estableciendo que bajo ninguna circunstancia se puede decidir sin previa sustanciación como ocurría en el sistema inquisitivo, de lo contrario se estaría ingresando a un arbitrio judicial reprochable vulnerando el estado de indefensión del justiciable; y,
3. c)Respecto al recurso de reposición, se tiene que el art. 401 del CPP, expresa que "...procederá solamente contra las providencias de mero trámite, a fin de que el mismo juez o tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique" empero cuando la norma dice "contra las providencias de mero trámite" refiere a un simple auto que no merece sustanciación, es decir en aquellos casos donde no existe un debate público de las partes, situación no sucedida en el presente caso. I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

II.1. De conformidad al acta de audiencia pública de 16 de mayo de 2020 para considerar la presente acción de libertad, se tiene que en su parte pertinente Tito Roger Gandarillas Salazar -ahora accionante- señaló:

1. 1)En cuanto a la subsidiariedad excepcional exigida en las acciones de libertad, se establece que las resoluciones emitidas no han sido dictadas en una audiencia cautelar, sino que resuelven un memorial presentado por el Ministerio Público en el que se solicitó la ampliación de la detención preventiva, no siendo posible exigirse el cumplimiento de la subsidiariedad excepcional porque no se trata de la resolución dictada en una audiencia de medidas cautelares, y dicho memorial resuelto mediante decreto de 6 de mayo de 2020 señaló que: "...en mérito al memorial fundamentado de solicitud de ampliación a la detención preventiva del señor Roger Tito Garandillas, argumentando la complejidad de la presente causa y la necesidad de llevar actos investigativos consistentes en el registro del lugar del hecho, registro de inspección ocular, requerimientos al contrato y requerimientos objetos de efectivización de una auditoría forense, por tanto la suscrita juez de materia, en cumplimiento al art. 233 de la ley 1173, dispone la ampliación de la detención preventiva" (sic); luego, ante ese decreto el ahora impetrante de tutela planteó recurso de reposición en el entendido de que la decisión asumida por Claudia Marcela Castro Dorado, Claudia Marcela Castro Dorado, Jueza de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada- fue a través de un decreto y no así de un Auto Interlocutorio, llegando a esa conclusión ya que el art. 123 del CPP establece la diferencia entre el decreto de mero trámite y autos interlocutorios, disponiendo que estos últimos resuelven los trámites incidentales que requieran sustanciación y en el presente caso, no existió dicha sustanciación porque no se notificó a la otra parte, no se realizó una audiencia al efecto para que exista contradicción y así se emita una Auto Interlocutorio, pues el decreto de 6 de mayo de 2020 es simplemente una respuesta a la solicitud individual del Ministerio Público, por ello se considera que es una providencia (fs. 8 a 11 vta.).

II.2. De conformidad al Informe presentado por la Jueza ahora demandada de 16 de mayo de 2020, se tiene que la misma en su parte pertinente señaló:

1. i)El 6 del referido mes y año, previa efectivización de la audiencia de cesación a la detención preventiva motivada por el peticionante de tutela, el Ministerio Público formula requerimiento fundamentado de solicitud de ampliación de detención preventiva por el plazo de cuatro meses, argumentando la complejidad de la causa y la necesidad de llevar adelante actos pendientes es decir: Registro de lugar del hecho en instalaciones de la Fuerza Aérea Boliviana y Empresa "Catic"; Requerimiento al contrato ATE/BOK/11M 005; Requerimientos dirigidos al Ministerio de Planificación sobre informe del Convenio de préstamo y Recepción de declaración informativa de los coimputados María Cecilia Chacón Rendón, ex Ministra de Defensa, entre otros;
2. ii)El 6 de mayo de 2020, se emitió Auto fundamentado de ampliación de plazo de detención preventiva al amparo del art. 233 de la Ley 1173, mismo que de forma textual refiere: "El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso, la ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por este" (énfasis agregado), por tal disposición legal se tiene que dicho artículo no contempla de forma tácita expresa o específica, la consideración de ampliación de detención preventiva mediante audiencia pública; y,
3. iii)El 8 de mayo de 2020, el accionante formuló recurso de reposición al Auto Fundamentado de Ampliación de plazo de detención preventiva de 6 del mencionado mes y año, inobservando lo establecido por el art. 401 del CPP que establece que el recurso de reposición procederá únicamente contra providencias de mero trámite a fin de que el mismo juez o tribunal advertido de su error las revoque o modifique, disposición por la cual se declaró inadmisible el recurso presentado (fs. 60 y vta.).

El accionante denuncia la lesión a su derecho a la libertad; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y otros, la Jueza ahora demandada, mediante decreto de 6 de mayo de 2020, dispuso la ampliación de su detención preventiva por dos meses incurriendo en los siguientes agravios:

1. a)No consideró que toda decisión que se refiera a la libertad, debe ser resuelta en audiencia pública que permita el ejercicio de su derecho a la defensa, debiendo emitirse una decisión debidamente fundada y motivada, en la que se desarrolle los motivos por los cuales no pudieron efectuarse esos actos de investigación, la complejidad de los mismos y la imposibilidad de efectuarlos en un tiempo anticipado; y,
2. b)La decisión vinculada a la libertad, debió ser debatida con la defensa, no pudiendo considerarse Auto Interlocutorio a la resolución emitida, puesto que no existió sustanciación de la misma, para disponer arbitrariamente la ampliación del plazo.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. 1)Trámite ante el cumplimiento del plazo de la detención preventiva; y,
2. 2)Análisis del caso concreto.