Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0107/2026-CA Sucre, 27 de marzo de 2026
Expediente: 82535-2026-166-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz
En consulta la Resolución de 11 de marzo de 2026, cursante de fs. 3 a 4 pronunciada por Gary Deiby Chávez Calle, Director Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por la que rechazó la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Sandy Galvis Céspedes de Bascopé demandando la inconstitucionalidad del art. 15 del Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra -Decreto Edil 57/2022 de 22 de enero- por ser presuntamente contrario a los arts. 14.III y IV, 24, 109, 115, 120.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 10 de marzo de 2026, cursante de fs. 5 a 10 vta., la accionante indica que a primera vista se puede advertir que el art. 15 del Reglamento Interno de Personal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, carece de taxatividad y precisión; ya que, no establece el alcance de los términos de provocación y promoción, siendo términos generales que se pueden manejar de manera discrecional. Asimismo, resulta inconstitucional que la entidad quiera reglamentar la vida de sus trabajadores fuera de la entidad, en la esfera de su comportamiento privado en horarios que no son laborales; por lo que, no puede estar inserta como obligación de índole laboral, la ley establece los deberes que tienen los servidores públicos; en ese entendido, la parte patronal no tiene tuición para reglar obligaciones más allá de lo que la ley señala.
En materia sancionatoria, rige el principio de taxatividad y legalidad, lo que implica que las faltas deben estar debidamente legisladas de manera concreta y lejos de subjetividades que pudieran constituirse en carta blanca para sancionar indebidamente cualquier conducta, la , estableció aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta en cualquier sustanciación del proceso y que no han sido cumplidos, que son:
- a)La sujeción a los principios que rigen la acción disciplinaria como la legalidad procesal; por la cual, tanto los juzgadores como los administrados tienen que adecuar sus actuaciones al marco legal vigente, en todas las etapas del sumario;
- b)La tipicidad que regula que las conductas reprochadas por omisión o comisión deben encontrarse previamente descritas en normas específicas, así como la sanción que corresponde a faltas disciplinarias o contravenciones administrativas;
- c)La culpabilidad por el que el juez o autoridad disciplinaria tiene que determinar la culpabilidad del administrado y si fue a título de dolo o culpa;
- d)La proporcionalidad, remarca que en mérito a las agravantes y atenuantes, se determinará la imposición de la sanción la cual debe ser proporcional a la comisión de la falta o contravención;
- e)El respeto a la garantía del debido proceso, según se tiene previsto en el art. 115.I de la CPE, así como la defensa, una justicia oportuna, transparente y sin dilaciones, entendiendo que el derecho a la defensa asumida por los administrados, no solamente corresponden a la fase investigativa o sumarial, sino a las instancias prevista en norma expresa; toda vez que, recurrir a la opinión del juez ad quem permite al servidor público continuar con su defensa, la misma tiene que ser irrestricta; y,
- f)Todas las resoluciones deben contener la suficiente fundamentación y la identificación de los motivos por los que el juez o la autoridad administrativa tomaron determinada decisión; además, de manera congruente con lo que se procesó y lo que se resolvió, permitiendo de esa manera a los procesados, no solamente conocer los motivos y fundamentos de la decisión; sino, que los mismos pueden ser controvertidos en recurso ulterior.
En lo relativo a la legalidad formal y taxatividad, la , concluyó que: "El debido proceso es una garantía constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es también aplicable a los procesos administrativos y a todos aquellos procesos disciplinarios de carácter sancionatorio que se presentan en todas las esferas institucionales, sean éstas públicas o privadas, dentro de las cuáles se tenga que llegar a un fallo o resolución, decisión que en definitiva surte efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas. El proceso administrativo sancionatorio al igual que el procedimiento penal, debe hallarse impregnado de todos los elementos del debido proceso, que den ser respetados en su contenido esencial, en cuanto:
- a)al juez natural,
- b)legalidad formal,
- c)tipicidad,
- d)equidad, y,
- e)defensa irrestrica. Eduardo García Eterria, en relación al proceso administrativo sancionador, ha señalado: '...La doctrina en materia de derecho sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste no tiene una esencia diferente a la del derecho penal general y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas, la administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal'" (sic.)
I.2. Respuesta a la acción
No se corrió en traslado la acción de inconstitucionalidad concreta, al ser solo el accionante la parte involucrada y el Director Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, quien estableció la sanción y ante quien se presentó la acción normativa; por lo que, no existe respuesta a la referida acción.
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