Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0107/2026-S1 Sucre, 19 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 66644-2024-134-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 207/2024 de 13 de agosto, cursante de fs. 216 a 222 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Alfredo Tapia Cambero contra Teodoro Paul Molina Salazar y Eddy Arequipa Cubillas, Vocales de Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante, por memoriales presentados el 25 de marzo y 19 de abril de 2024, cursantes de fs. 141 a 147; y, 152 a 157 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 10 de junio de 2002, Marianela Gabriela Torrico Riskowsky -ahora tercera interesada- formuló en su contra una demanda de asistencia familiar para el sustento de su hija. Como efecto de la referida demanda y considerando que en ese entonces era estudiante universitario, conciliaron en un monto de Bs250.- (doscientos cincuenta bolivianos), más un tarro de leche al mes, lo que se cumplió de manera esporádica, de acuerdo con sus posibilidades.
A lo largo de quince años, la asistencia fue incrementándose, llegando incluso a reembolsar Bs16 800.- (dieciséis mil ochocientos bolivianos) por los tarros de leche que no pudo entregar, realizando aportes en dinero sin recibos o algún documento suscrito por la demandante.
Pese a la ventaja indebida, continuó cumpliendo con la obligación de asistencia familiar, que fue incrementada a Bs2 000.- (dos mil bolivianos) en mayo de 2017, cuando su hija tenía quince años, pese a ello, la madre continuaba solicitando que se le proporcione los tarros de leche que se fijaron en 2002; ya que, a su parecer, aquella parte de la asistencia no fue dejada sin efecto. En este punto, cabe hacer notar que la demandante ya tenía otro hijo; por lo cual, tenía interés en que se provea la leche.
Por memorial de 30 de junio de 2020, después de concluida la cuarentena rígida, se comunica a la Jueza de la causa que fue obligado a renunciar a su fuente laboral en la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE), además de informar que su hija ya había cumplido la mayoría de edad desde el 1 de noviembre de 2019; por lo que, la citada Jueza tenía conocimiento de ello. Lamentablemente, por negligencia del personal del juzgado, dicho memorial fue archivado y recién puesto a su conocimiento el 9 de abril de 2021, casi un año después.
El 20 de mayo de 2021, la beneficiaria por primera vez se apersonó ante la Jueza de la causa para comunicar que se encontraba estudiando publicidad y marketing desde febrero de dicho año; es decir, recién comenzó sus estudios superiores un año y dos meses después de haber cumplido la mayoría de edad. En dicho memorial, únicamente informó estar estudiando una carrera universitaria, sin presentar un plan de estudios ni acreditar los gastos en los que supuestamente iba a incurrir, peor aún, sin siquiera solicitar de manera expresa que la asistencia familiar se extienda por formación técnica o profesional, tal como lo establece el art. 109 de la Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-.
Pese a no existir ni siquiera una resolución judicial que disponga la extensión de la asistencia familiar para una persona adulta, la beneficiaria y su progenitora el 20 de mayo de 2021, presentaron una liquidación por catorce meses, equivalente a Bs28 000.- (veintiocho mil bolivianos), la cual a pesar de ser observada por su persona a través de varios recursos de reposición fue aprobada por la Jueza de la causa, obligándole al pago de más de un año de asistencia familiar durante el cual su hija ni siquiera estudió.
Lo más alarmante es que, pese a haberse cumplido con lo dispuesto por la Jueza de la causa, bajo alternativa de librarse orden de apremio en su contra, desde julio de 2022 "hasta la fecha" -se entiende de interposición de la presente acción de defensa-, la beneficiaria no efectivizó el cobro del dinero, dando a entender que no necesita el apoyo económico y que cuenta con suficientes recursos para estudiar.
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