Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0108/2026-S1 Sucre, 19 de febrero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 68701-2024-138-AAC Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 09/2024 de 30 de octubre, cursante de fs. 865 a 870 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mary Alina Tapia Rivas contra María Fernanda Zeballos Ibañez, Gerente Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.) del Banco PRODEM Sociedad Anónima (S.A.).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La accionante por memoriales presentados el 3 y 23 de octubre de 2024, cursantes de fs. 507 a 528 vta.; y, de 539 a 540 vta.; manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 13 de noviembre de 2005, cuando cumplía su trabajo en el cargo de Servicio al Cliente en la Sucursal PRODEM S.A. Uyuni del departamento de Potosí, trasladando una remesa a la empresa "San Cristóbal" del referido departamento, sufrió un gravísimo accidente de trabajo en la movilidad de la indicada entidad bancaria, con vuelque de campana donde falleció una de sus compañeras, sufriendo múltiples fracturas en sus extremidades inferiores, así como en la columna, siendo sometida a varias cirugías que provocaron una disminución en sus capacidades motrices y un franco deterioro de su movilidad física; a pesar de ello, se reincorporó a su fuente laboral, anteponiendo su institución. Posteriormente, se postuló al cargo de Supervisora Operativa de la Agencia de PRODEM de Uyuni de igual departamento, el cual ganó; empero, debido a su condición no pudo resistir más los dolores, teniendo que solicitar vacación por treinta días, en la que se sometió a revisiones médicas necesarias siendo operada nuevamente, requiriendo más tiempo en su recuperación, regresando al trabajo en condiciones muy deplorables; a pesar de ello, RR.HH. de la referida entidad bancaria y conociendo su estado de salud, solo se avocó a pedir sus bajas médicas; además, de recibir amenazas y sugerencias como dejar el cargo o que le bajarían a otro cargo de menor jerarquía, lo cual no aceptó debido a que estaba a cargo de su madre de ochenta y dos años de edad y una hija que estaba estudiando; asimismo, necesitaba tener ingresos económicos para cubrir los gastos médicos de su recuperación.
Lo descrito, detonó en el primer acto arbitrario con la entrega de un memorando de llamada de atención, luego el segundo memorando de amonestación, con el objeto de forzar y justificar un despido de su fuente laboral, advirtiéndole que, en caso de acumular tres memorandos se procedería a su desvinculación automática como establecía el reglamento interno; por lo que, para no llegar a ese extremo debió renunciar de una vez, así continuó el acoso laboral, la violencia y amedrentamiento, hasta que el 9 de marzo de 2024, fue notificada con el tercer Memorando RHS/PTS 025/2024 de igual fecha, por supuesta reincidencia en las faltas, además de anunciarles con iniciar un proceso administrativo con la probabilidad de perder su fuente laboral, el quinquenio y demás beneficios; razón por la cual, impugnó el referido Memorando, solicitando se deje sin efecto y se adopten las medidas de protección para evitar la violencia sistemática de parte de la abogada de la sucursal Uyuni y demás funcionarios. Dicha impugnación fue resuelta el 18 del señalado mes de 2024, por el Encargado de Operaciones de la Sucursal Potosí del Banco PRODEM S.A., ratificando la llamada de atención y con referencia a las medidas de protección, señaló que se conformaría una Comisión Mixta instruida por la gerencia para que haga cumplir plenamente sus derechos laborales, sin pronunciarse a través de una resolución debidamente fundamentada y congruente sobre los motivos de la impugnación. En esa misma fecha, la citada Comisión Mixta pronunció el Auto de Apertura de Proceso Interno 001/2024 de igual fecha, forzando supuestas faltas graves y muy graves previstas por los arts. 126.7, 10, 13 y 15 y 127.6 y 20 del Reglamento Interno de Trabajo (RIT) del Banco PRODEM. S.A., omitiendo identificar de manera precisa cuáles fueron los hechos concretos sindicados para una defensa adecuada; razón por la cual, el 21 de marzo de 2024, denunció la inobservancia de las reglas tercera y cuarta de las "Reglas de Brasilia", sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, pidiendo que en el proceso disciplinario se tome en cuenta los factores vulnerabilidad y fragilidad manifiesta, a raíz del accidente laboral que sufrió, quedando con múltiples fracturas y secuelas irreversibles que la dejaron discapacitada, además de sufrir malos tratos y presiones para que renuncie, recibiendo una serie de advertencias, hostigamientos y memorandos por parte de sus superiores y de la abogada de la institución quienes insistieron que la procesarían administrativa y penalmente por incumplimiento a sus obligaciones, siendo víctima de un patrón de violencia que la puso en una situación de indefensión.
Es más, la Comisión Mixta de PRODEM S.A., le inició un nuevo proceso a través del Auto de Apertura e Inicio de Proceso Interno 001/2024, por las mismas faltas y hechos por las que fue sancionada en el Memorando RHS/PTS 025/2024; con base en el Informe DO-SP 008/2024 de 12 marzo, evacuado por el Encargado de Operaciones de la Sucursal de Potosí, constituyendo una grave vulneración al principio de no bis in idem, por si fuera poco el 22 de marzo de 2024, el Tribunal Disciplinario pronunció la Resolución Administrativa (RA) 01/2024, determinando la existencia de responsabilidad, imponiéndole la sanción de desvinculación laboral por reincidencia en las faltas, sin derecho a desahucio ni indemnización, recibiendo una doble sanción, razón por la cual el 28 de marzo de 2024, formuló recurso de apelación denunciando varios agravios; a pesar de los argumentos expuestos la Gerente Nacional hoy accionada, emitió la RA de Apelación 02/2024 de 2 de abril, confirmando la RA 01/2024, con criterios restrictivos al derecho de acceso a la justicia de las mujeres trabajadoras discapacitadas y declarando su ejecutoria, ordenando se emita el memorando de desvinculación, sin pronunciarse de manera fundamentada, motivada y congruente sobre las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, sin cumplir con un análisis pertinente sobre la estabilidad laboral reforzada de las personas que sufren de una discapacidad, sin aplicar el enfoque de género diferenciado, incurriendo claramente en una incongruencia omisiva, dejando sin respuesta a varios de los argumentos planteados en el mencionado recurso de apelación.
- a)La accionante considera que la RA de Apelación 02/2024, vulneró su derecho al debido proceso vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad con relación a las mujeres trabajadoras discapacitadas y enfermas, en los siguientes elementos:
- 1)A la congruencia y pertinencia; puesto que, la Gerente Nacional ahora accionada no se pronunció con pertinencia sobre la problemática planteada en el primer agravio del recurso de apelación referido al defecto absoluto; porque el Auto de Apertura e Inicio de Proceso Interno 001/2024, base del proceso que incumple lo dispuesto por el art. 8.2.b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); ya que, no establece de manera clara, precisa, concreta y detallada "cuál es el hecho o hechos"; por lo que, es denunciada y procesada para poder defenderse adecuadamente, indicando solamente que estaría procesada por la contravención de los arts. 126.7, 10, 13 y 15 y 127.6 y 20 del RIT, lo cual no fue motivo del agravio;
- 2)A la congruencia externa vinculada a la fundamentación y motivación respecto al segundo motivo del recurso de apelación, en la que la Gerente Nacional ahora accionada rehúye analizar el problema jurídico planteado con argumentos generales y ambiguos como la responsabilidad objetiva; ya que, no existe un pronunciamiento fundamentado, motivado y congruente con relación a la omisión del Tribunal inferior de realizar la valoración descriptiva y luego intelectiva de las pruebas de descargo que ofreció; no se tomó, en cuenta la calificación de la entidad central interna de procesos administrativos, operativos y de seguridad, tampoco el trabajo de archivo que realizó;
- 3)Vulneró la congruencia externa vinculada a la fundamentación y motivación al abordar las cuestiones del tercer motivo del recurso de apelación, referido a que la RA 01/2024, es lesivo a la presunción de inocencia y debido proceso sustantivo; por lo que, el denunciante no acreditó con pruebas los hechos contenidos en el Informe DO-SP 008/2024, ni las faltas atribuidas en el referido Auto de Apertura e Inicio de Proceso Interno, recibiendo una doble sanción por los mismos hechos; aparte de que la supuesta contravención del art. 126 del RIT del Banco PRODEM S.A., no fue parte del citado Auto de inicio del proceso, siendo introducido de oficio por los miembros de la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A.; lo cual, no fue analizado ni respondido por la Gerente Nacional hoy accionada incurriendo en incongruencia omisiva externa;
- 4)Existe insuficiente fundamentación y motivación con respecto al cuarto motivo de agravio del recurso de apelación; por cuanto, no se pronunció sobre la situación de vulnerabilidad y fragilidad manifiesta a causa del accidente laboral que tuvo, tampoco se pronunció sobre el incumplimiento de la jurisprudencia vinculante y obligatoria sobre la estabilidad laboral y reforzada de las personas con discapacidad o enfermas; lo propio sobre su denuncia de vulneración al debido proceso sustantivo y verdad material; y, finalmente no se tomó en cuenta su condición de mujer sola y discapacitada;
- 5)Se incurrió en insuficiente fundamentación y motivación cuando se abordó el quinto motivo del recurso de apelación; ya que, no se explica en qué parte de la resolución del Tribunal de primera instancia consta el juicio de subsunción del hecho a las faltas disciplinarias atribuidas, considerando que no se identificaron los hechos en el Auto de Apertura e Inicio del Proceso Interno 001/2024, en el que solamente se citaron los artículos de las supuestas faltas disciplinarias;
- 6)Se observó falta de fundamentación y motivación en sujeción al bloque de constitucionalidad respecto al sexto motivo del recurso de apelación vinculado a la excepción del non bis in ídem y la omisión de realizar el control de convencionalidad del art. 126 parte final del Reglamento interno del PRODEM S.A.;
- 7)Se incurre en omisión de pronunciamiento respecto al control de convencionalidad de oficio solicitada en el sexto motivo del recurso de apelación con respecto a los arts. 126 y 127 del RIT del Banco PRODEM S.A., vinculado al non bis in ídem; ya que, serían abiertamente convencionales; y,
- 8)Con respecto al octavo motivo del recurso de apelación, la Gerente Nacional hoy accionada, con criterios restrictivos de los derechos de las mujeres concluyó que resultaba infundada la denuncia de violencia y acoso laboral presentada por su persona, careciendo de sustento probatorio, incumpliendo así las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Boliviano, conforme al art. 87.4 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; y,
- b)La RA de Apelación 02/2024, vulneró el derecho al trabajo y la inamovilidad laboral de una persona discapacitada, afectando por conexión el derecho a la vida, la salud y seguridad social.
I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso reforzado vinculado al principio de interdicción de la arbitrariedad en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y pertinencia; así como, el derecho al trabajo y la inamovilidad laboral por discapacidad con afectación al derecho a la vida, salud y seguridad social; citando al efecto los arts. 46, 70, 71 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 7 inc. d) del Protocolo Adicional de la CADH.
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:
- i)Dejar sin efecto la RA de Apelación 02/2024 de 2 de abril, pronunciada por la Gerente Nacional ahora accionada y se ordene emitir una nueva resolución administrativa que resuelva con enfoque integral, perspectiva de género, interseccionalizado y diferenciado, además la fiscalización de oficio del proceso y el control de convencionalidad dada la existencia de graves irregularidades y vulneraciones a los derechos de la mujer trabajadora, discapacitada y enferma garantizando el debido proceso sustantivo como la inamovilidad laboral reforzada por discapacidad;
- ii)Restituir inmediatamente a su fuente laboral acorde a sus circunstancias especiales de discapacidad y enfermedades; así como, el pago de los salarios devengados dejados de percibir a partir de su ilegal desvinculación, el pago de todas las prestaciones de salud y seguridad social que le corresponde;
- iii)Ordenar la reparación integral del daño, por el arbitrario y sistemático quebrantamiento de sus derechos humanos, por parte de la Gerente Nacional ahora accionada suscribiente de la RA de Apelación 02/2024 y se condene a la reparación integral del daño por los actos averiguados en ejecución de la referida Resolución Administrativa;
- iv)Disponer la condenación de costas con la finalidad de que no se vuelvan a repetir actos de abuso contra derechos fundamentales y garantías constitucionales de las mujeres;
- v)Disponer la adopción de medidas de protección prohibiendo expresamente a la referida Gerente Nacional y demás funcionarios de la entidad bancaria, se abstengan de hostigar, intimidar, amenazar o amedrentar directamente a su persona en su trabajo, poniendo en peligro su salud o cualquier otra forma de violencia contra su integridad;
- vi)Ordenar la investigación, procesamiento y sanción disciplinaria de los funcionarios que realizaron actos de amedrentamiento, acoso, amenazas y de presión, exigiendo que su persona renuncie al cargo sin tomar en cuenta su situación de discapacidad y fragilidad manifiesta; y,
- vii)Se exhorte a la mencionada Gerente Nacional, para que en casos de violencia de género, acoso laboral y violencia hacia la mujer adopte medidas eficaces con enfoque de género diferenciado e interseccionalidad, para sancionar a los responsables dentro de la institución.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia pública el 30 de octubre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 859 a 864 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que:
- a)La Gerente Nacional hoy accionada, al pronunciar la RA de Apelación 02/2024, lo hizo vulnerando el derecho al debido proceso reforzado de las personas con discapacidad, el derecho al trabajo y a la inamovilidad laboral que se encuentra vinculado a los derechos a la vida, la salud y seguridad social; por lo que, en la acción de defensa se muestra que dicha decisión generó consecuencias perjudiciales; puesto que, se debe entender que nadie se encuentra por encima de la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad;
- b)No se pueden desconocer los derechos reforzados de los que gozan las mujeres discapacitadas y trabajadoras como en el presente caso, no se puede eludir que su persona, sufrió un grave accidente de trabajo en un vehículo del Banco PRODEM S.A., con vuelque de campana donde incluso falleció una persona y ese accidente le ocasionó múltiples fracturas en sus extremidades inferiores; por lo que, tiene una afectación incluso en su columna vertebral; razón por la cual, fue sometida a una serie de tratamientos y cirugías absolutamente delicadas que devinieron en una discapacidad;
- c)La discapacidad que tiene emerge de una actividad laboral, aspecto que nunca fue tomado en cuenta por la Gerente Nacional ahora accionada, que además debe no solo resolver nuevamente el recurso de apelación, si no debe realizar una fiscalización adecuada al proceso, sino también al acoso laboral que ha estado sufriendo; puesto que, le pidieron que renuncie a su cargo y de esto deviene el primer acto arbitrario que fue la emisión del primer memorando de llamada de atención con la finalidad de forzar que su persona se vaya de su trabajo;
- d)Al no aceptar la presión vino el segundo acto arbitrario fue del 9 de marzo de 2024, donde le entregan el tercer memorando de amonestación; por lo que, dichos acontecimientos y actos arbitrarios responden a un plan deliberadamente para presionar y exigir su renuncia generando de manera maliciosa se acumulen durante el año, para dar lugar a una falta gravísima, que es justamente la razón del porqué se la destituyó;
- e)Cuando le entregaron el tercer memorando impugnó, recibiendo como respuesta una simple ratificación de llamada de atención sin justificación, sin pronunciarse sobre algún argumento válido; posteriormente, el 18 de marzo del mismo año, vino el cuarto acto arbitrario; puesto que, como no renunció y siguiendo el patrón de acoso, amedrentamiento para inducir a la renuncia, no solo de sus superiores, sino de la Asesora Legal de la hoy tercera interesa, se conformó la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A., emitiendo el Auto de Apertura e inicio de Proceso Interno 001/2024, que fue deliberadamente direccionado al fin señalado;
- f)Cuando las cosas se hacen mal y maliciosamente como en el presente caso, emitiendo el referido Auto de Apertura como en cualquier tipo de proceso que es una forma de ejercicio del ius puniendi, emitiéndose el Auto que marcó el inicio y fue la base del proceso; por lo tanto, se debe establecer claramente cuáles son los hechos concretos en su contenido y espacio temporal; es decir, se debe identificar y describir los hechos; y, a qué tipo de falta disciplinaria le corresponde, notificando a su persona para que pueda defenderse y ejercitar su derecho de manera adecuada;
- g)En el presente caso se puede observar un defecto insalvable, porque el citado Auto de Apertura carece de determinación de hechos que sean objeto de proceso disciplinario; puesto que, simplemente como lo reconocen solo mencionaron artículos del reglamento en los que hubiese incurrido; empero, no se llegó a identificar de manera clara y precisa los hechos;
- h)El 21 de marzo de 2024, la accionante denunció las referidas irregularidades y pidió la aplicación de las "Reglas de Brasilia", porque se encuentra en una situación de vulnerabilidad y fragilidad manifiesta, a vista de los propios funcionarios y superiores de la mencionada entidad financiera, porque ellos se percataron que, desde el accidente su persona se encuentra discapacitada físicamente y no se requiere de un Carnet de Discapacidad, como se expuso con criterios absolutamente contraproducentes a los derechos que exigen;
- i)Se debe entender que la jurisprudencia constitucional, establece claramente que cualquier medio probatorio, incluso a la luz de la verdad material que salte a la vista y determine discapacidad debe ser considerada en esa situación; por lo que, se pidió que apliquen el enfoque de género por su condición de mujer diferenciado interseccional, incluso aplicado en cualquier circunstancia tomando en cuenta que es una madre trabajadora única que sostiene su familia;
- j)Cuando se emitió la RA 01/2024, donde determinaron su responsabilidad, le impusieron una sanción de destitución laboral por reincidencia en conducta laboral sin derechos, con una actitud totalmente arbitraria la desvincularon, sin derecho al desahucio ni indemnización; por lo que, no se pueden validar dichos actos abusivos que incurren en la decisión llena de irregularidades;
- k)Se planteó el recurso de apelación, denunciando ante la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A., todas las irregularidades; sin embargo, no se pronunciaron sobre la actividad procesal defectuosa; ya que, no se describió de manera concreta cuál es el hecho o los hechos por los que se le estaba procesando entre otros argumentos y de alguna manera poder defenderse sobre los mismos; sin embargo, a pesar de ello se emitió una decisión sancionatoria que carece de una debida fundamentación y motivación respecto al principio "NEMBES IN IDE" que vulnera el principio de legalidad y la prohibición de doble juzgamiento; y,
- l)A pesar de los argumentos expuestos, se emitió la RA de Apelación 02/2024, pronunciada por la Gerente Nacional ahora accionada, quien con criterios absolutamente restrictivos confirmó la RA 01/2024, declarando su ejecutoria y ordeno se expida el memorando de desvinculación, con una evidente falta al debido proceso; ya que, no existe una debida fundamentación motivación o congruencia, con relación a todos los actos denunciados denotando una clara vulneración a los derechos humanos; puesto que, no se consideró su situación especial de mujer trabajadora con discapacidad.
I.2.2. Informe de las autoridades accionadas
María Fernanda Zeballos Ibáñez, Gerente Nacional de RR.HH. del Banco PRODEM S.A., por informe presentado el 30 de octubre de 2024, cursante de fs. 808 a 818, manifestó que:
- 1)La accionante acude a la acción de amparo constitucional con los mismos argumentos expuestos dentro del proceso administrativo interno seguido en su contra, que fue concluido en todas sus instancias y que derivó en su desvinculación laboral por demostrarse que incurrió en infracción grave establecida por el art. 126 parte final, así como en las infracciones muy graves previstas por el art. 127.6 y 20 del RIT; por consiguiente, se determinó como sanción el retiro o desvinculación laboral;
- 2)Se observa la falta de identificación clara de los hechos concretos, como la vinculación o nexo causal con los derechos supuestamente vulnerados, con la debida relevancia constitucional; puesto que, la acción de defensa presentada se asemeja a los diferentes memoriales presentados ante la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A., dentro de la instauración del proceso administrativo interno donde la accionante simplemente expresó su disconformidad con lo determinado en primera y segunda instancia;
- 3)En virtud al Informe DO-SP 008/2024, con la referencia: Plan e incumplimiento Mary Alina Tapia Rivas -accionante-, presentado por el Encargado de Operaciones del Banco PRODEM S.A. Sucursal Potosí, donde se desarrollaron los antecedentes, incumplimientos identificados e infracciones que hubiese cometido la nombrada, iniciándose el proceso administrativo interno dentro de los alcances del Capítulo IV del RIT, conformándose para tal efecto la referida Comisión Mixta;
- 4)Se emitió el Auto de Apertura e Inicio de Proceso Interno 001/2024, donde se describe de manera concisa los antecedentes que ameritaron dicho proceso; es así, que el 19 de marzo de 2024, la accionante solicitó diferimiento de la declaración informativa para la tarde, llevándose a cabo la misma conforme se evidencia de las respuestas a las preguntas, habiendo en consecuencia asumido defensa irrestricta y teniendo conocimiento pleno de las presuntas infracciones y sobre las cuales estaba siendo procesada;
- 5)Posteriormente, la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A., le comunicó a la accionante la suspensión de funciones con goce de haberes, otorgándole el plazo de dos días para presentar sus descargos; por lo que, asumiendo defensa el 21 de igual mes y año, presentó un memorial haciendo referencia al accidente de tránsito de 2005 y expresando su estado de vulnerabilidad y discapacidad; puesto que, una vez concluido el periodo de prueba se emitió la RA 01/2024, determinando la existencia de responsabilidad administrativa de la nombrada por cometer faltas graves y muy graves, en consecuencia se determinó su desvinculación laboral;
- 6)El 28 de marzo de 2024, la accionante planteó recurso de apelación contra la referida Resolución Administrativa, siendo concedido ante la Gerente Nacional ahora accionada, quien emitió la RA de Apelación 02/2024, resolviendo todos los puntos cuestionados por la nombrada con plena subsunción de los hechos acontecidos y explicando claramente por qué se decidió ratificar la referida Resolución Administrativa;
- 7)Se pretende hacer ver que existiría una vulneración del principio non bis in ídem, cuando la acción de amparo constitucional no tutela principios de manera directa, sino los derechos fundamentales y garantías constitucionales, aparte de que dichos aspectos ya fueron dilucidados y resueltos en la RA 01/2024, donde se señaló que las infracciones cometidas por la accionante fueron graves y muy graves, aplicándose el principio de taxatividad como elemento esencial del principio de legalidad de la potestad administrativa sancionadora;
- 8)La nombrada señaló que tiene cierto grado de discapacidad por efecto de un accidente anterior y que por eso gozaría de inamovilidad laboral absoluta, no pudiendo ser retirada jamás de la entidad bancaria, al respecto la mencionada Resolución Administrativa resolvió con suficiente fundamentación y motivación razonable, indicando que no acreditó documentalmente esa condición; es decir, con el respectivo carnet de discapacidad vigente y registrado en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad-SIPRNPCD emitido por el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEPIS) o el Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS), entidades que son las únicas que pueden acreditar una condición de esa naturaleza;
- 9)Se debe considerar que el art. 124 del RIT del Banco PRODEM S.A., establece de manera clara que el trabajador que no cumpla con las obligaciones y responsabilidades asignadas a su cargo o que vulnere normas estatutarias, reglamentarias o legales, se hará pasible a las medidas disciplinarias; por lo que, se debe entender que el Banco PRODEM S.A. en su condición de empleador le asiste el derecho de imponer reglas a la actividad laboral, así como el poder disciplinario a sus trabajadores; y,
- 10)De manera clara se pretende que la jurisdicción constitucional revise la legalidad del proceso administrativo interno, pretendiendo la nulidad de todas las actuaciones procesales, dejando sin efecto el memorando de desvinculación laboral, desconociendo el principio de subsidiariedad que rige a la presente acción de defensa; ya que, no puede definir derechos ni analizar hechos controvertidos, siendo de competencia de la jurisdicción ordinaria; es decir, la judicatura laboral o a través de los Juzgados de Trabajo y Seguridad Social.
I.2.3. Intervención de la tercera interesada
Adriana Coria Mamani, a través de su representante legal en audiencia, manifestó que:
- i)De la interpretación de la demanda planteada por la accionante, se establece que su persona, podría ser afectada con la decisión final que se pueda tomar en la presente acción de defensa;
- ii)No tenía conocimiento del proceso disciplinario suscitado en el Banco PRODEM S.A., con el antecedente de que trabaja desde la gestión 2015; empero, en la sucursal de la ciudad intermedia de Villazón del departamento de Potosí, a raíz de un cargo acéfalo, en el mes de marzo por memorando de 18 de igual mes de 2024, fue designada en el cargo de Supervisor de Operaciones de manera interina;
- iii)Asumió el cargo desde el 19 hasta el 30 del mismo mes y año, de forma temporal y posteriormente se le ratificó con otro memorando de 1 de abril de dicho año, debiendo ejercer el cargo de Supervisor de Operaciones interino desde esa fecha hasta el 6 de abril de ese año;
- iv)Mediante memorandos de 8 al 30 de abril del referido año, definitivamente fue consolidada en dicho puesto; ya que, se le designó de forma titular desde esa fecha hasta la interposición de la presente acción de libertad; en ese sentido, escuchado lo alegado por la accionante así como el Informe de la Gerente Nacional hoy accionada, se entiende que ese informe cumple con todos los requisitos de un proceso administrativo; más aun, cuando se tiene un reglamento interno en la entidad financiera;
- v)El Reglamento Interno de Trabajo se encuentra en vigencia y fue aplicado de manera correcta conforme se expresó en el Informe que presentó la nombrada, puntualizando que existen diferentes vías que pudo utilizar la accionante para hacer valer sus derechos; puesto que, desde la entrega de los memorandos si la accionante consideraba que fueron irregulares o que trataban de destituirla del cargo, pudo recurrir a las instancias pertinentes para desvirtuarlos;
- vi)No presentó ningún recurso en su debido momento para que esos puedan quedar sin efecto, entonces ahí ya se tiene un descuido para poder hacer algo con relación a los extremos que señala, incluso podía recurrir a la Jefatura del Trabajo y otras vías que son pertinentes; ya que, la entidad financiera se somete a la Ley General del Trabajo;
- vii)Revisado el proceso disciplinario se observa que desde ningún punto de vista tiene algún vicio, o que se hubiese vulnerado los derechos más cuando en su art. 34.II la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado -Ley 233 de 13 de abril de 2012- establece la inamovilidad de las personas con discapacidad; empero, toda regla tiene una excepción, que sería el proceso disciplinario, en el cual se cumplió con toda la normativa interna y los Decretos Supremos que regulan; y,
- viii)Por todo lo expuesto se adhieren a lo manifestado por la Gerente Nacional hoy accionada y solicita se deniegue la tutela; puesto que, no se encuentra ningún tipo de vicio o vulnerabilidad a los derechos que se señalan como vulnerados; ya que, solo se cumplió conforme el procedimiento y normas internas.
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