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TCP

0108/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
20 de febrero de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0108/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0108/2026-S2 Sucre, 20 de febrero de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 58873-2023-118-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 192/2023 de 22 de septiembre, cursante de fs. 164 a 168, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Delia Humerez Ramírez contra Giovanna Nancy Cortes Zambrana, Gerente Regional La Paz a.i. de la Aduana Nacional (AN); y, Juan Reynaldo Yujra Segales, Director General Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 29 de agosto y 13 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 52 a 63 y 66 a 69, la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Su esposo falleció el 21 de febrero de 1996. Durante la vigencia de su matrimonio, adquirieron un camión marca Volvo, modelo 1982, color blanco, 17 toneladas, amparado en la póliza de importación 1155656, con placa de circulación TCB-043. Posteriormente, el 25 de julio de ese mismo año, dicho vehículo fue vendido a Juan Paco Cruz, quien desde entonces se encontraría en posesión del mismo.

Sin embargo, varios años después del fallecimiento de su esposo, el 18 de septiembre de 2001, la Gerencia Regional La Paz de la AN, inició un proceso administrativo contra el nombrado, declarando probada la infracción en su contra. En ese marco, dispuso la notificación de su esposo el 19 de octubre del mismo año, cinco años después de fallecer.

Posteriormente, el 11 de julio de 2003, la Administración Aduanera emitió el Pliego de Cargo 017/2003, con el propósito de cobrar coactivamente el monto de Bs79 681,60.- (setenta y nueve mil seiscientos ochenta y un 60/100 bolivianos), por concepto de adeudo tributario dispuesto en la Resolución Administrativa GRLGR-03-00249 de 16 de noviembre de 2001. No obstante, al intentar practicarse la notificación correspondiente, el servidor público encargado de dicha diligencia mediante representación, dejó constancia que: "'CUYO DOMICILIO NO PUDO SER ENCONTRADO NI HABIDO'" (sic), el 10 de septiembre de 2003. En mérito a dicha representación, la Administración Aduanera dispuso la notificación mediante edictos, la cual se practicó recién el 29 de octubre y 4 de noviembre de 2014; es decir, después de más de diez años. El 15 de marzo de 2023, mediante Oficio AN/GRLPZ/UJ/0F/1400/2023, la Gerencia Regional La Paz de la AN solicitó al Director Ejecutivo de la ASFI, la retención de fondos existentes en su cuenta bancaria, recursos que utiliza para solventar sus necesidades básicas. Al tomar conocimiento de dicha retención, presentó reclamo ante la ASFI, haciendo conocer que su esposo había fallecido antes del inicio del proceso sancionatorio; sin embargo, se le indicó que debía acudir a la AN, y posteriormente nuevamente a la ASFI, generándose una situación de incertidumbre y falta de solución a su reclamo.

Ante esta situación, el 18 de mayo de 2023, presentó memorial planteando incidente de nulidad de la retención de fondos por falta de legitimación del sujeto pasivo; no obstante, la Administración Aduanera respondió mediante Proveído AN/GRLPZ/UJ/PROV/248/2023 de 19 de julio, rechazando su pretensión, por lo que, reiteró su solicitud mediante un nuevo memorial, requiriendo un pronunciamiento expreso mediante Auto motivado; sin embargo, a través de Proveído AN/GRLPZ/UJ/PROV/281/2023 de 16 de agosto, se le indicó que debía estar al proveído anterior.

Tanto la ASFI como la AN, al negarse a levantar la orden de retención de fondos, le ocasionan una afectación directa, puesto que, desde marzo de 2023, se encuentra impedida de acceder a su cuenta bancaria. En ese sentido, su derecho a la propiedad privada se encuentra lesionado como consecuencia de las vías y medidas de hecho en las que habrían incurrido dichas entidades.

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