Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0108/2026-S3 Sucre, 6 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 42480-2021-85-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 124/21 de 20 de agosto de 2021, cursante de fs. 372 vta. a 378 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ángel Vidal Paz Paz en representación de Agroindustrial y Comercial Sociedad de Responsabilidad Limitada (AGROINCO S.R.L.) contra Mirian Rosell Terrazas y Marisol Ortiz Hurtado, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 9 de agosto de 2021, cursantes de fs. 335 a 352, el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso ejecutivo, seguido por AGROINCO S.R.L. contra Rafael Pérez Vásquez y Lina Moscoso Villalba, tramitado en el Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, causa 95/2012, se dispuso el embargo y remate de un inmueble registrado bajo la Matrícula Computarizada de Folio Real 7.10.3.01.0000595.
Dentro de dicho proceso ejecutivo, Industria de Aceite Sociedad Anónima (S.A.), interpuso tercería de derecho preferente, alegando tener gravámenes anteriores sobre el mismo inmueble y solicitando el pago preferente de su crédito, amparándose en una sentencia ejecutoriada emitida en el proceso coactivo tramitado en el Juzgado Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz seguido por Industria de Aceite S.A. contra Rafael Pérez Vásquez y Lina Moscoso Villalba, causa 178/14.
Ante dicha tercería, AGROINCO S.R.L. se apersonó al proceso coactivo tramitado en el citado Juzgado Público Civil y Comercial, en calidad de tercero con interés legítimo y planteó incidente de nulidad de obrados, hasta la Sentencia Coactiva de 4 de noviembre de 2014, denunciando la vulneración de su derecho al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, al haberse otorgado fuerza coactiva a documentos que -según lo expuesto- no cumplían los requisitos exigidos por los arts. 48 y 49 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar -Ley 1760 de 28 de febrero de 1997-, particularmente en cuanto a la inexistencia de suma líquida y exigible y, a la obligación legal del juez de examinar el título base de la demanda antes de conferirle fuerza coactiva.
El referido incidente fue rechazado mediante Auto 50-20 de 20 de marzo de 2020 y su complementación de 31 de julio de 2020, resoluciones que fueron apeladas por AGROINCO S.R.L. y resueltas por las autoridades ahora demandadas mediante Auto de Vista 15 de 13 de enero de 2021, que confirmó las resoluciones impugnadas, resolución que dio lugar a la presente acción de amparo constitucional, por considerar que dicha decisión vulneró sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica.
En dicho Auto de Vista se denota la existencia de una motivación insuficiente, irrazonable e incongruente, al haberse sustentado la confirmación de las resoluciones apeladas basándose en argumentos expuestos por la parte coactivante en su memorial de contestación, que había sido expresamente rechazado por extemporáneo, aspecto que -según se alegó- afectó su derecho a la defensa al introducir consideraciones que no podían ser válidamente analizadas ni valoradas.
Asimismo, se denunció que, el Tribunal de alzada incurrió en una incorrecta interpretación del régimen del proceso coactivo, previsto en la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, al sostener que el juez coactivo no podía examinar los documentos base de la demanda, pese a que el art. 49.II de dicha norma impone de manera expresa la obligación de verificar la concurrencia de los requisitos legales para otorgar fuerza coactiva, omitiendo pronunciarse de forma fundada sobre los agravios vinculados a la falta de fuerza coactiva de los documentos presentados.
Se expuso que los documentos base de la sentencia coactiva carecían de fuerza coactiva, debido a que el único instrumento inscrito en Derechos Reales, identificado como Instrumento Público 367/2005, se encontraba resuelto de pleno derecho por la existencia de una cláusula resolutoria expresa, que posteriormente se produjo una novación objetiva, mediante el Instrumento Público 498/2010, extinguiéndose las garantías reales anteriores, que no existía suma líquida y exigible, que no se acreditó el desembolso efectivo de los supuestos préstamos, conforme a lo exigido por el art. 1331 del Código de Comercio (Ccom), y que el pago pactado en los contratos debía realizarse en especie y no en dinero.
Se denuncia que tales extremos fácticos y probatorios no fueron valorados por el Tribunal de alzada, incurriéndose en una omisión de valoración probatoria y en una motivación insuficiente, al no analizar los instrumentos públicos ofrecidos, la inexistencia real del crédito reclamado ni la incidencia de la novación objetiva, afectando el principio de verdad material y el derecho al debido proceso. De igual forma, se denuncia que el Auto de Vista 15 de 13 de enero de 2021 limitó indebidamente el análisis del incidente de nulidad al principio de especificidad, omitiendo considerar otros principios desarrollados por la jurisprudencia constitucional, como la trascendencia, la existencia de indefensión, el perjuicio cierto y el oportuno reclamo, sosteniéndose la concurrencia de una nulidad implícita por haberse dictado la sentencia coactiva con vulneración de derechos fundamentales.
Se alega además que el Auto de Vista negó implícitamente la posibilidad de retrotraer el proceso bajo el argumento de que la sentencia coactiva se encontraba en ejecución y revestía la calidad de cosa juzgada, sin considerar que la jurisprudencia constitucional reconoce la figura de la cosa juzgada aparente cuando una resolución ha sido dictada con vulneración del debido proceso, incluso en etapa de ejecución de sentencia, aspecto que -según se afirmó- no fue debidamente fundamentado.
Finalmente, se denuncia que el Auto de Vista, ahora cuestionado, incurrió en una fundamentación ultra petita, al sostener que la vía adecuada para cuestionar los agravios denunciados de su parte era un proceso ordinario de nulidad de documentos, pese a que en ningún momento se solicitó la nulidad de documentos, sino la nulidad de obrados, por la vulneración de derechos fundamentales, por lo que claramente dentro de dicha resolución se han resuelto sobre extremos que no fueron planteados, afectando con ello el principio de congruencia.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
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