Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0110/2019-S2 Sucre, 5 de abril de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad
Expediente: 26491-2018-53-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 10/2018 de 13 de noviembre, cursante de fs. 113 a 116, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz y Jeaneth Laura Calle en representación sin mandato de Waldo Rocha Fernández contra Román Castro Quisberth, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 12 de noviembre de 2018, cursante de fs. 70 a 80 vta., el accionante a través de sus representantes expuso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción El 26 de julio de 2018, fue aprehendido a raíz de una intervención policial preventiva de acción directa; sin embargo, el Ministerio Público, mediante Resolución de imputación formal 51/2018 de 27 de igual mes, le atribuyó la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado; y, puesto su caso a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- a través de la Resolución 243/2018 de 27 de julio, dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, consistentes en detención domiciliaria con salida laboral, arraigo, prohibición de acercarse a impuestos nacionales y la presentación de dos garantes, que debían ser cumplidas en el plazo de tres días; es decir, hasta el 1 de agosto de 2018.
Posteriormente, al hoy accionante y a los demás imputados se les volvió a recibir su declaración informativa, (ante la ampliación de querella presentada por Servicio de Impuestos Nacionales por los tipos penales: falsedad material, falsificación de sellos, papel sellado y timbres y robo agravado); no obstante, a que la etapa preliminar precluyó -con la imputación formal y la celebración de la audiencia de medidas cautelares-; sin embargo, el Ministerio Público presentó nueva imputación formal 53/2018 de 27 de julio -según aclaró es una fotocopia de la anterior con la añadidura de nuevos tipos penales-, puesta en conocimiento de la misma autoridad jurisdiccional el 30 de julio de 2018; señalándose audiencia de consideración de medidas cautelares para el 31 de similar mes y año, dando lugar al doble procesamiento por un mismo hecho. Concluida la precitada audiencia, se pronunció la Resolución 248/2018 de 31 de julio, que ordenó su detención preventiva en la cárcel de San Pedro de la ciudad Nuestra Señora de La Paz. Su defensa, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa debido a que los hechos relatados en la ampliación de la imputación no eran suficientes para generar certeza por ser subjetivos; sin embargo, el incidente no fue admitido por presunta inobservancia del plazo establecido en el art. 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Contra esa decisión interpuso recurso de reposición, también rechazado por Auto de 2 de octubre de 2018, con el mismo argumento; sin considerar que asumió conocimiento de la segunda imputación en la audiencia de consideración de medidas cautelares de 30 de julio de similiar año, cuando lo que le correspondía al Juez de garantías era hacer uso de su potestad de control rechazando la nueva solicitud de audiencia de medidas cautelares por haber precluído el derecho del Ministerio Público.
Agregó que no correspondía la interposición del incidente de aprehensión ilegal, debido a que cuando estuvo privado de libertad en celdas judiciales no tenía la calidad de aprehendido pues estaba dando cumplimiento a las exigencias impuestas para gozar de las medidas sustitutivas dispuestas en su favor; tampoco era viable interponer ninguna de las excepciones contenidas en el art. 308 del CPP para denunciar la vulneración del debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de legalidad; y, en tales circunstancias únicamente era viable la interposición del incidente de actividad procesal defectuosa.
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
El accionante a través de sus representantes consideró lesionados sus derechos al debido proceso, a la libertad, y los principios de seguridad jurídica, de legalidad y preclusión, citando al efecto los arts. 23, 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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