Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0110/2021-CA Sucre, 8 de abril de 2021
Expediente: 38806-2021-78-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución RA-PE 03-033-21 de 22 de marzo de 2021, cursante de fs. 100 a 116, pronunciada por Karina Liliana Serrudo Miranda, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Roger Sánchez Iriarte, demandando la inconstitucionalidad de la Disposición Final Séptima parágrafo II de la Ley 1356 del Presupuesto General del Estado Gestión 2021 en el texto:"...por lo cual su calidad de servidores públicos de carrera administrativa queda suprimida a partir de la puesta en vigencia de la presente Ley" (sic), por ser presuntamente contrario a los arts. 12.I, 115.II, 117.I, 123, 196.II, 221.I, 233 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 15 de marzo de 2021, cursante de fs. 86 a 98, el accionante señala que mediante Resolución Administrativa (RA) de la Superintendencia del Servicio Civil SSC-010-2002, como parte del proceso de institucionalización se le asignó el Código de Servidor Público de Carrera 395-TC-0702 de 16 de julio del citado año, al amparo del art. 5.d) de la Ley 2027 (Estatuto del Funcionario Público); sin embargo, el 4 de marzo de 2021 fue notificado con el memorándum Cite 2765/2021 de 1 de marzo, emitido por la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia, comunicándole el retiro de la institución a partir del 6 del citado mes y año.
El 9 de marzo de 2021, dentro del plazo establecido por el art. 30.II del Decreto Supremo (DS) 26319, la Resolución Ministerial (RM) 014/10 de 18 de enero de 2010 del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social; y, Circular de la Aduana Nacional de Bolivia "177/2020", interpuso Recurso de Revocatoria contra citado memorándum de retiro, debido a la violación de sus derechos al debido proceso, trabajo, salud, los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la Ley, y, la naturaleza jurídica de la Ley del Presupuesto General del Estado que modifica la Ley 2027 y sus derechos reglamentarios, incurriendo en error de interpretación e incorrecta aplicación de la Ley 1356, encontrándose el proceso impugnatorio bajo la competencia de la Aduana Nacional de Bolivia y sin que se haya declarado la firmeza del mencionado memorándum; es decir que, la Resolución del proceso administrativo depende y está en función de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada.
La Disposición Final Séptima parágrafo II de la Ley 1356, al haber suprimido la carrera administrativa vulneró el art. 12.I de la CPE, al haber concentrado en una Ley presupuestaria promovida por el Órgano Ejecutivo de tratamiento especial, contextos que correspondían ser tratados por el procedimiento legislativo, quebrantando los derechos adquiridos de los funcionarios que pertenecen a la carrera administrativa y que se materializa en el retiro directo del personal de carrera, aspecto incompatible con la Norma Suprema.
Señala que, se infringió el debido proceso, el derecho inviolable a la defensa y a ser oído en un proceso previo, porque con la supresión de la carrera administrativa se cuartó los derechos obtenidos por los funcionarios de carrera, con anterioridad a la aprobación de la Ley 1356, implicando la imposición de una sanción sin la existencia de un juicio previo en el que las partes puedan ejercer plenamente sus derechos sin dar la oportunidad a reclamo, dejando en total indefensión a los servidores públicos sometidos a la legislación garantizada por el art. 223 de la CPE, transgrediendo el art. 115.II, 117.I, 119 de la Norma Suprema y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
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