0111/2022-RCA

Solicita se conceda la tutela y se disponga:

1. a)Ordenar a la "...Titular del Juzgado Público Civil y Comercial..." (sic), regularice procedimiento admitiendo o desestimando la demanda de 1 de julio de 2016, dejando sin efecto el Auto de 16 de marzo de 2022, que ordenó el desapoderamiento;
2. b)Constatar si por segunda vez la demandante inicio proceso civil por la misma causa;
3. c)Se verifique la Sentencia de 12 de enero de 2011; pronunciada por el Juzgado Público Civil y Comercial Octavo del departamento de Cochabamba, además si al momento de formular el proceso civil en su contra, Severina López Vda. de Tapia acompañó el folio real actualizado.

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, por decreto de 28 de abril de 2022, cursante a fs. 743, de acuerdo al art. 33.4, 5 y 8 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, lo dispuesto en el art. 30.1 del citado Código, con carácter previo otorgó el plazo de tres días para cumplir con las siguientes observaciones:

1. 1)Indicar a los terceros interesados;
2. 2)Especificar de manera clara y precisa los hechos que eventualmente habrían ocurrido y que lesionarían sus derechos, además la relación de causalidad entre estos y los derechos que alega como vulnerados y que eventualmente serán objeto de tutela, relacionado con las autoridades demandadas;
3. 3)Solicita se deje sin efecto la orden de desapoderamiento, Auto de Vista de 23 de noviembre de 2018, Sentencia de 20 de noviembre de 2017 y Auto de Admisión de 19 de octubre de 2016; sin embargo en su petitorio entre otros pide se admita o desestime la demanda de 1 de julio de igual año, las que resultan diferentes, debiendo aclarar esa situación; y,
4. 4)Señalar si contra el Auto de 13 de marzo de 2022, interpuso alguna reclamación ante la misma autoridad.

La citada Sala, mediante Resolución de 9 de mayo de 2022, cursante de fs. 752 a 754 vta., declaró la improcedencia de la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)La accionante alega que dentro el proceso civil de nulidad de Escritura Pública y reivindicación seguido por Severina López Vda. de Tapia contra la ahora accionante se pronunció Sentencia de 20 de noviembre de 2017, que declaró improbada tanto la demanda y la reconvención, determinación que fue apelada por la nombrada, la cual fue resuelta por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista 153/2018, que revocó la referida Sentencia, y declaró probada la demanda de nulidad de Escritura Pública 368/2001 e improbada la reconvención de pago de daños y perjuicios opuesta por Antonia Toro Veliz;
2. ii)En la fase de ejecución del indicado fallo, la Jueza Pública Civil y Comercial Novena del citado departamento emitió el Auto de 16 de marzo de 2022, ordenando el desapoderamiento respecto del bien inmueble motivo del mencionado proceso civil contra la ahora accionante, los ocupantes y poseedores, determinación que fue apelada por la misma, siendo admitida por providencia de 28 de abril de igual año, a ese efecto la Jueza demandada dispuso se remita antecedentes ante la autoridad superior en grado en efecto devolutivo;
3. iii)De acuerdo al petitorio de esta acción de defensa, la impetrante de tutela pretende se deje sin efecto el aludido Auto; vale decir, al formular la apelación contra esa determinación que ordenó el desapoderamiento, utilizó un medio de impugnación idóneo; por lo que, al estar pendiente de resolución el recurso interpuesto, se incumplió con el principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, enmarcándose en la subregla de improcedencia por subsidiariedad descrito en el "numeral 2 inc. b)" establecida en la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, que prevé que esta acción será improcedente cuando se haya utilizado un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, encontrándose pendiente de resolución; y,
4. iv)Si bien la acción de amparo constitucional es un medio de defensa que tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinja, suprima o amenace restringir o suprimir los derechos fundamentales de las personas; empero, no procede cuando existe otro medio o recurso legal para la protección de los derechos y garantías presuntamente restringidos, suprimidos o amenazados; por lo que, corresponde declarar la improcedencia de la acción tutelar por inobservar el principio de subsidiariedad. Además, no se demostró que el acto vulneratorio de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales sea irreparable o irremediable para la otorgación de una tutela provisional o directa.

Refiere que:

1. a)En el proceso que se le sigue en la vía ordinaria se presentaron innumerables errores, así el Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Primero del departamento de Cochabamba, emitió el Auto de 13 de julio de 2016, disponiendo que no se puede admitir una nueva demanda por los mismos hechos, por expresa prohibición de art. 116.4 del CPC; sin embargo, su similar Noveno, de manera ilegal admitió dicha demanda, siendo que no correspondía, porque era la misma pretensión;
2. b)Se emitió Sentencia declarando improbada la demanda, sin que la demandante haya aportado prueba y la Sala Civil Primera del citado Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, revocó la referida Sentencia, con base a apreciaciones de la demandada, de donde sostiene que jamás debía admitirse la misma, por esos hechos le niegan el acceso a la justica y lesionaron su derecho al debido proceso; y,
3. c)Pese a la apelación que presentó contra el Auto de 16 de marzo de 2022, el Juez se ratificó en la orden de desapoderamiento sin respetar su apelación pendiente de resolución y finalmente, en cuanto al principio de inmediatez, señala que acudió a la justicia constitucional para que se respeten sus derechos fundamentales; puesto que, en la vía ordinaria fueron vulnerados.