0111/2022-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0111/2022-S3 Sucre, 24 de marzo de 2022

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 31095-2019-63-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 106/2021 de 18 de octubre, cursante de fs. 252 a 256 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oscar Daniel Arancibia Bracamonte, entonces; y, Frida Luisa Ayala Alvarez, actual, ambos Gerentes Regionales Oruro a.i. de la Aduana Nacional (AN) contra Filimón Condori Calizaya y José Carlos Montoya Condori, actuales; y, Osvaldo Fernández Quispe, ex, todos Vocales de la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; Carlos Orellana Quentasi, actual; y, Antonio Menacho Aillón, ex, ambos Jueces de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario Tercero de la Capital del referido departamento. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Mediante memoriales presentados el 13 de septiembre de 2019 y 4 de octubre de 2021, cursantes de fs. 118 a 127 vta.; y, 166 y vta., la parte accionante manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Como antecedentes refiere que, en aplicación de los arts. 32 de la Ley General de Aduanas (LGA) -Ley 1990 de 28 de julio de 1999-; y, 3.III del Reglamento al Código Tributario -Decreto Supremo (DS) 27310 de 9 de enero de 2004- los servicios logístico, de almacenaje y de asistencia de control de tránsito pueden ser otorgados en concesión por la AN mediante resolución de directorio, lo cual no afecta ni limita las funciones de fiscalización y control de dicha entidad. De esta manera, el concesionario del servicio de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) -ahora empresa tercera interesada- está sometido a la supra referida normativa, al Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros, aprobado mediante Resolución de Directorio RD-01-006-12, y al contrato de concesión de los servicios de administración de depósitos de aduanas y control de tránsito, además de los procedimientos emitidos por la ANB y todas las disposiciones legales aplicables; es decir que, los concesionarios tienen el deber de cumplir con las disposiciones legales aplicables a su actividad, siendo sujeta a fiscalización, control y regulación. En ese marco, previo trámite administrativo, se emitió la Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR 026/2013 de 7 de mayo, por la cual se declaró probada la infracción administrativa del concesionario de DAB -ahora empresa tercera interesada-, por haber incumplido las obligaciones establecidas en el art. 83.2 del Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros, constituyendo una infracción aduanera; asimismo, dispuso la aplicación de una multa que asciende a "...3.939.72 UFV's (Tres mil novecientos treinta y nueve 72/100 Unidades de Fomento a la Vivienda)" (sic); dicha determinación fue confirmada por Resolución de Recurso de Revocatoria AN GROGR ULEOR 018/2013 de 19 de junio y Resolución -de Recurso Jerárquico- RD 03-036-13 de 6 de noviembre de 2013; en base a ello, mediante nota CITE AN GROGR ULEOR 020/2014 de 20 de enero, se conminó al referido concesionario al pago de la indicada multa dentro del plazo de diez días, con la advertencia de procederse a la ejecución coactiva en sede judicial, conforme el art. 114 del DS 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-; sin embargo, el mencionado concesionario no contestó al requerimiento en sentido alguno ni efectuó el pago de la cantidad adeudada. Ante ello, se planteó demanda coactiva fiscal por memorial de 20 de abril de 2015, que posteriormente fue modificada como demanda de ejecución de cobro coactivo, siendo admitida por Auto 31 de 22 de mayo de igual año, emitiéndose la "NOTA DE CARGO" por la suma supra indicada; sin embargo, por Auto 39/2016 de 22 de septiembre, Antonio Menacho Aillón, ex Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario Tercero de la Capital del departamento de Oruro -hoy coaccionado-, resolvió declarar probada la nulidad de obrados planteada por la parte demandada -ahora empresa tercera interesada- y la incompetencia en razón de la materia, disponiendo la remisión de la causa al juez competente de turno en materia civil y comercial; determinación contra la cual, se interpuso recurso de apelación, al pretenderse desconocer competencia para sustanciar el proceso instaurado, cuando según el estado procesal ya se encontraba para la emisión de informe técnico y posterior sentencia; no obstante, Filimón Condori Calizaya y Osvaldo Fernández Quispe, actual y ex Vocales de la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionados-, en total desacato al marco constitucional y jurisprudencial, emitieron Auto de Vista AV-SECCASA 27/2019 de 14 de marzo, confirmando el fallo impugnado, con falta de la debida motivación, fundamentación y congruencia, toda vez que, no consideraron aspectos de orden legal, como los arts. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 11 y 12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, que establecen y reconocen a una determinada autoridad judicial para el conocimiento y resolución de una controversia, siendo un derecho constitucional del justiciable que su conflicto sea resuelto por un juez natural, competente, independiente e imparcial; y, la jurisdicción como potestad del Estado de administrar justicia es de orden público, indelegable y solo emana de la ley, por ello, cuando se emite una resolución por una autoridad sin jurisdicción o sin competencia que emane de la ley, sus actos son nulos. En igual sentido, ante la situación de que la competencia de la autoridad judicial esté discutida, el art. 17 del Código Procesal Civil (CPC) -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013-, prevé la posibilidad de promover conflicto de competencia; bajo dichos parámetros se tiene el Auto de Sala Plena 05/2017 de 24 de marzo, emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que analizó las situaciones de las jurisdicciones especiales que deben ser reguladas por la ley específica, como la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo -Ley 620 de 29 de diciembre de 2014-, pero que la regulación no fue completa; por lo que, conforme la Disposición Transitoria Décima de la Ley 025, que señala: "Los juzgado y salas en materia administrativa, coactiva, tributaria y fiscal continuarán ejerciendo sus competencias hasta que sean reguladas por la Ley como jurisdicción especializada".

Resalta que, con la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, el Tribunal Supremo de Justicia, ante la ausencia de una ley que establezca la jurisdicción especializada y la autoridad competente para conocer este tipo de procesos, generó líneas jurisprudenciales reencausando su sustanciación, como el Auto Supremo (AS) 405/2012 de 1 de noviembre.

Asimismo, respecto al Instructivo 014/2015 de 31 de agosto, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, que fue el sustento del ex Juez ahora coaccionado para apartarse del caso, el cual instruye a todos los Jueces de Instrucción, Partido o Mixtos que tengan competencia en materia civil y comercial, tramiten demandas ejecutivas civiles, que se originen en resoluciones administrativas que adquirieron firmeza y que tengan la calidad de título ejecutivo, también dispone que: '"en apego al Art. 24 de la CPE Y 15.1.III de la LOJ, de manera fundamentada y motivada, deben argumentar las razones de su decisión e indicar cuál es la materia o autoridad judicial o administrativa competente para ejecutar la obligación contenida en la resolución administrativa firma"' (sic).

Por otro lado, se debe tener presente que la naturaleza jurídica del proceso ejecutivo civil, si bien puede asemejarse a la ejecución de un título administrativo, empero no es lo mismo, por lo que los jueces civiles no tienen competencia para conocer demandas emergentes de contratos administrativos, debiéndose considerar que el Instructivo 014/2015, no se encuentra sustentado en un Acuerdo o Circular emitido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia o que faculte una ley expresa, no teniendo fuerza de regulación, más aun cuando permite que pueda fundamentarse un razonamiento diferente; por consiguiente, la competencia la tiene la jurisdicción especializada en temas administrativos, tal cual dispuso el Auto de Sala Plena 05/2017 y la SCP 0459/2017-S1 de 31 de mayo, mismos que no fueron considerados.

Así, la Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR 026/2013, cuya ejecución de cobro coactivo es pretendido, emerge del incumplimiento de la obligación que tiene la empresa ahora tercera interesada como concesionaria, constituyendo suficiente título ejecutivo que le asigna el art. 55 de la LPA, de conformidad con lo previsto en los arts. 108 del Código Tributario Boliviano (CTB); y, 114 del DS 27113; situación que fue omitida sobre todo lo realizado por la administración aduanera, lo cual está sujeto a lo establecido por el art. 4 inc. c) de la LPA.

Carlos Orellana Quentasi, actual Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario Tercero de la Capital del departamento de Oruro, por informe escrito cursante de fs. 181 a 182, manifestó que, asumió la titularidad de dicho despacho judicial el 7 de diciembre de 2020, en tal sentido no emitió el Auto 39/2016 -cuestionado-, pero en función al principio de responsabilidad señala que, de la revisión de antecedentes se advierte que el ex Juez ahora coaccionado, basó su decisión en el Instructivo 014/2015, por lo que, se evidencia que se dio cumplimiento al mismo, sin que se vulnere el derecho reclamado; por consiguiente, se debe denegar la tutela solicitada.

Osvaldo Fernández Quispe, ex Vocal de la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no se hizo presente en la audiencia de esta acción de amparo constitucional ni remitió informe alguno pese a su citación cursante a fs. 173.

Antonio Menacho Aillón, ex Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario Tercero de la Capital del departamento de Oruro, no se hizo presente en la audiencia de esta acción de amparo constitucional ni remitió informe alguno pese a su citación cursante a fs. 174.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de ejecución de cobro coactivo incoado por la AN Regional Oruro -hoy parte accionante- contra la Empresa Pública Nacional Estratégica DAB -ahora empresa tercera interesada-, mediante Auto 39/2016 de 22 de septiembre, emitido por Antonio Menacho Aillón, ex Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario Tercero de la Capital del departamento de Oruro -hoy coaccionado- se determinó declarar la nulidad de obrados planteada por la parte demandada y en consiguiente la incompetencia en razón de materia en la causa, disponiendo que la demanda sea remitida al Juez competente de turno en materia civil y comercial, y que con los cambios procedimentales se denominan en Juzgados Públicos en materia civil y comercial (fs. 62 a 64 vta.); ante cuya determinación la parte hoy impetrante de tutela planteó recurso de apelación por memorial presentado el 28 de septiembre de 2016 (fs. 66 a 67 vta.). II.2. Cursa Auto de Vista AV-SECCASA 27/2019 de 14 de marzo, por el que Filimon Condori Calizaya y Osvaldo Fernández Quispe, actual y ex Vocales de la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionados-, determinaron confirmar el Auto 39/2016 (fs. 75 a 79 vta.); mismo que le fue notificado a la parte hoy accionante el 15 de marzo de 2019 (fs. 80).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Al respecto, la SCP 0274/2019-S1 de 22 de mayo, sostuvo qué: "Sobre el presupuesto de procedencia de la subsidiariedad el AC 0054/2018-RCA de 15 de febrero, bajo la previsión normativa contenida en el art. 129 de la CPE, sostuvo que: "...la acción de amparo constitucional se activa siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados y podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; así lo determina el AC 0196/2014-RCA de 7 de agosto, cuando señala que: 'Se encuentra regida por los principios de subsidiariedad e inmediatez; el primero de ellos, referido a que las partes están obligadas a agotar todos los mecanismos de impugnación intraprocesales, previo a acudir a la jurisdicción constitucional; dado que se trata de una acción que no forma parte de los procesos ordinarios ni administrativos, y por ende, no es sustitutiva de otros medios o recursos legales; es decir, su finalidad no es sustituir o reemplazar mecanismos estipulados en el ordenamiento jurídico; y el segundo, consistente en el plazo de caducidad, que obliga a que se haga uso del mismo, dentro de los seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada con la última decisión administrativa o judicial.

Bajo ese marco jurídico, se entiende que quien considere que sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales fueron menoscabados o amenazados, debe previamente reclamar dicha lesión ante las autoridades judiciales o administrativas para su restablecimiento, agotando los mecanismos legales idóneos para el efecto, de manera que ésta pueda adoptar las medidas tendientes a prevenir o en su caso corregir la restricción o supresión alegadas, y en caso de no obtener la reparación alegada, entonces recién corresponderá trasladar su reclamo ante este órgano de justicia constitucional, dentro de los términos establecidos en las normas constitucionales'''".

III.2. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso

Respecto a la fundamentación y motivación de las resoluciones, sobre la temática la SCP 0753/2019-S1 de 26 de agosto, refirio qué: "La SCP 1250/2015-S3 de 9 de diciembre, sobre este particular señaló: "El derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el art. 115.II de la CPE, el cual dispone: 'El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones', a su vez, el art. 117.I de la misma Norma Suprema, señala: 'Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso...'. Es así que, el debido proceso en cuanto a su núcleo esencial y los elementos constitutivos del mismo, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, entre otras, a través de la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, que señaló: 'La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el debido proceso, consagrado como garantía constitucional por el art. 16 de la CPEabrg ahora por el art. 115.II de la CPE, y como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), consiste en el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar y precisando que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras'. En relación a la motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso, este Tribunal, en la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, incidió en lo siguiente: '...la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo', requisito que tiene mayor importancia en los tribunales de última instancia". En ese contexto, los entendimientos reiterados ampliamente por la jurisprudencia constitucional resultan aplicables a todos los fallos que resuelven cuestiones de fondo, indistintamente si son emitidos por autoridades judiciales, administrativas o por el Ministerio Público, siendo deber de las mismas cumplir indefectiblemente con las exigencias de la motivación y fundamentación como elementos del debido proceso, entre otros. Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: '...la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión'. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática"; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos de hecho por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan. Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas relevantes del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión, así en el caso concreto de un proceso penal, la fundamentación se constituye en una garantía de observancia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos de ser juzgados por las normas vigentes que rigen los procesos a los cuales están sometidos"" (las negrillas fueron añadidas). Por su parte, la SCP 0619/2018-S1 de 11 de octubre, en lo concerniente al principio de congruencia, señalo qué: "Al respecto la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, estableció que: "Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: 'la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes'. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: '...amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión'"". III.3. Análisis del caso concreto

Identificado el objeto procesal concierne ingresar a resolver cada una de las problemáticas delimitadas precedentemente según corresponda.

En cuanto a la emisión del Auto 39/2016

Sobre el particular, la parte impetrante de tutela alega que, Antonio Menacho Aillón, ex Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario Tercero de la Capital del departamento de Oruro -hoy coaccionado-, mediante Auto 39/2016 de 22 de septiembre (Conclusión II.1), de forma indebida declaró probada la nulidad de obrados planteada por la parte demandada -ahora empresa tercera interesada- y en su efecto la incompetencia en razón de materia, disponiendo la remisión de la causa ante el Juez competente de turno en materia civil y comercial, pretendiendo desconocer con esta actuación su competencia para sustanciar el proceso instaurado, cuando de acuerdo al estado procesal ya se encontraba para la emisión de informe técnico y posterior sentencia, además de basarse en el Instructivo 014/2015 de 31 de agosto, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia.

Al respecto, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, dentro del diseño dogmático y de condiciones de procedencia de este mecanismo de protección constitucional se tiene que observar el principio de subsidiariedad, por cuanto su activación está supeditada al agotamiento previo de las vías de impugnación intra procesales.

En este sentido, el cuestionamiento constitucional formulado en relación a la presunta actuación lesiva del ex Juez ahora coaccionado, que conoció el proceso de ejecución de cobro coactivo -del cual deviene esta acción tutelar, no puede ser objeto de análisis por esta jurisdicción constitucional, en razón a que la misma tiene dentro del diseño procesal especial la posibilidad de activar el recurso de apelación, que en definitiva fue promovido, como en efecto correspondía, por la parte demandante -hoy parte accionante- en procura de la reparación de los agravios que hubiese sufrido, y que conforme se tiene de antecedentes fue resuelto a través del Auto de Vista AV-SECCASA 27/2019 emitida por Filimon Condori Calizaya y Osvaldo Fernández Quispe, actual y ex Vocales de la Sala Especializada Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionados-, que también es objeto de reclamación, y a partir del cual partirá el examen a realizarse en el presente fallo constitucional; por lo que, en aplicación del principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional, corresponde denegar la tutela impetrada, respecto a la autoridad judicial a quo coaccionada.

Respecto al Auto de Vista AV-SECCASA 27/2019

En virtud al marco de la denuncia constitucional planteada, corresponde inicialmente conocer el contenido del Auto de Vista AV-SECCASA 27/2019, por el que se determinó confirmar el Auto 39/2016 (Conclusión II.2), siendo este el siguiente: