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TCP

0111/2026-O

Tribunal Constitucional Plurinacional
24 de marzo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Auto Const. P. 0111/2026-O

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0111/2026-O Sucre, 24 de marzo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 48842-2022-98-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 89/2026 de 6 de marzo, cursante de fs. 271 a 274, que resolvió la queja por incumplimiento de la , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jaime Toro Luna contra Enrique Leaño Palenque, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Sucre.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la queja por incumplimiento

Por memorial presentado el 11 de febrero de 2026, cursante de fs. 254 a 258 vta., Jaime Toro Luna, formuló queja por incumplimiento de la , manifestando lo siguiente:

En mérito a la tutela concedida por la jurisdicción constitucional, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico 05/2024 de 26 de febrero, la cual fue dejada sin efecto por , por no haber dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, conminando a la autoridad demandada a emitir una nueva resolución conforme a los lineamientos de la misma; no obstante, en su lugar se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico 52/2025 de 18 de septiembre, la cual reiteró los mismos vicios previamente identificados, incumpliendo el mandato constitucional.

La , determinó la vulneración del debido proceso en su elemento de congruencia, al evidenciar que la Resolución de Recurso Jerárquico 008/2022 de 15 de marzo, omitió pronunciarse sobre agravios esenciales, tales como la contradicción normativa entre reglamentos aplicados, la falta de definición de su calidad jurídica como trabajador sujeto a la Ley General del Trabajo (LGT), la mención incongruente de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- y la omisión de valoración adecuada de la prueba.

En ese contexto, la nueva Resolución de Recurso Jerárquico 52/2025 incurre nuevamente en incongruencia omisiva, particularmente al no resolver el agravio referido a la contradicción normativa, limitándose a afirmar la vigencia del Reglamento Interno de Personal (RIP) del GAM de Sucre, aprobado mediante Decreto Edil 23/2020 de 30 de octubre, sin justificar su aplicación respecto a sanciones impuestas con base en un reglamento previamente abrogado; asimismo, refiere que la autoridad accionada reitera su calificación como servidor público sin efectuar un análisis real de su condición jurídica ni de las funciones desempeñadas, omitiendo considerar la aplicación de la Ley 321 de 20 de diciembre de 2012 y la prueba documental correspondiente, lo que reproduce la incongruencia advertida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la emisión de la primera Resolución de Recurso Jerárquico impugnado.

De igual forma, la autoridad demandada se negó a realizar una valoración integral de la prueba, particularmente de las comunicaciones internas que sustentan las llamadas de atención, bajo el argumento de que dichas actuaciones habrían adquirido firmeza, lo cual vulneraría el debido proceso y el principio de legalidad; en esa línea, argumentó que las sanciones disciplinarias que dieron lugar al proceso administrativo fueron impuestas con base en un reglamento abrogado, lo que determinaría la invalidez de dichas actuaciones y la atipicidad de la conducta atribuida, extremo que no habría sido considerado en la nueva resolución.

Finalmente, si bien la Resolución de Recurso Jerárquico 52/2025 excluye la referencia a la Ley 348, sostiene que los demás agravios no fueron resueltos conforme a los lineamientos de la , introduciéndose incluso argumentos ajenos -como la supuesta preclusión de su derecho a impugnar las sanciones- sin atender el fondo de lo reclamado.

I.1.1. Petitorio

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