Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0111/2026-S3 Sucre, 6 de marzo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 44297-2022-89-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 241/2021 de 2 de noviembre, cursante de fs. 300 a 308 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nadia Alejandra Cruz Tarifa, Defensora del Pueblo a.i del Estado Plurinacional de Bolivia contra Silvia Zuazo Aramayo, Responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Yapacaní; Verónica Hurtado Gil, Directora de Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz; y, Mario Herbas Borja, Director Médico del Hospital de la Mujer "Dr. Percy Boland Rodríguez", todos del citado departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 28 de octubre de 2021, cursante de fs. 23 a 31, la accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
La niña AA, provenía de un hogar disfuncional, su padre biológico, enfrentaba un proceso penal por el delito de violación contra su hija adolescente BB -hermana mayor de AA-; por otra parte, su madre solía viajar constantemente junto a su nueva pareja a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, evidenciando una ausencia significativa en el cuidado de la menor AA, dejándola a cargo de una persona ajena a su núcleo familiar, Miguel Santalla Rodríguez, -abuelastro de AA, investigado por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente y detenido preventivamente- quien en reiteradas ocasiones abusó sexualmente de ella.
AA, de once años, no informó a su madre este hecho por temor a ser culpada, como ocurrió cuando su hermana mayor BB denunció la violación por parte de su padre; sin embargo, ante el retraso de su menstruación y al percibir movimientos en su vientre, decidió contarle lo sucedido a su prima; quien a su vez, se lo comunicó a su madre -tía de AA-, quien finalmente puso el caso en conocimiento de las autoridades del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Yapacaní del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-.
Una vez que el caso estuvo en conocimiento de la referida DNA, esta instancia llevó a cabo la primera entrevista psicológica; durante la misma, la niña AA detalló las agresiones sexuales que recibió y expresó lo siguiente respecto a su embarazo: "Yo no quiero estar embarazada, quiero estudiar, me da miedo como se mueve (llora)..." (sic).
En 22 de octubre de 2021, la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento del hecho, inmediatamente coordinó con la DNA del GAM de Yapacaní, evidenciando que la niña manifestó su voluntad de interrumpir el embarazo; por lo que, se dispuso su internación en el Hospital de la Mujer "Dr. Percy Boland Rodríguez", por la necesidad de realizar la interrupción legal del embarazo; habiéndose iniciado el procedimiento, con una dosis de mifepristona -esteroide clasificado como agente antiprogestacional y antiglucocorticoide-.
De manera intempestiva, el 23 de octubre del mismo año, la Defensoría del Pueblo se contactó con su progenitora, quien les comunicó la decisión de continuar con el embarazo y afirmó que el día anterior, en horarios no autorizados, miembros de grupos religiosos visitaron el referido hospital y le realizaron promesas consistentes en brindar a la niña AA apoyo psicológico, espiritual, humano y económico en el Centro de Formación para Madres Adolescentes "Madre María"; así como, garantizar la educación y crianza, incluso después del nacimiento del neonato; por esa razón, la madre de AA; en complicidad con el grupo religioso y la aquiescencia de los médicos de dicho Hospital, hicieron firmar a la víctima un supuesto consentimiento, en el que expresaba su deseo de continuar con el embarazo, sin que ésta tuviera conocimiento de lo que firmaba.
Ante esa situación, la Defensoría del Pueblo promovió una reunión a efectos que se le volviera a informar a la niña y a la madre sobre la interrupción legal del embarazo, los peligros que conlleva la suspensión del tratamiento y los riesgos para su vida.
Posteriormente, el 25 de octubre de 2021, se gestionó una nueva valoración psicológica, realizada por el Servicio Integral Municipal (SLIM) del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, en la que la niña manifestó: "...sí, pero yo cambi?é? de opinión porque me dijeron que lo pondrían en un frasco y yo ya me imagin?é? c?ó?mo lo iban a poner en pedazos, y eso me dio miedo, eso hablaron ahí abajo, dijeron que tenía que comprar frasco y sal para poner ahí al bebé y ya yo me imaginé cosas, ponerlo en un frasco me daba pena" (sic), concluyéndose lo siguiente: " La víctima fue influenciada con opiniones direccionadas, el lenguaje y el discurso que usa no son propios de ella" (sic).
El 26 del mismo mes y año, se realizó una reunión interinstitucional, oportunidad en la que la DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz asumió responsabilidad sobre la niña AA, quien fue dada de alta a horas 16:00 y trasladada al Centro de Formación para Madres Adolescentes "Madre María", medida adoptada sin tener definido si se practicaba la intervención legal del embarazo, con la finalidad que de manera forzada concluyera con el mismo, sin consideración de su vida ni de su salud.
Los actos señalados evidencian una falta de debida diligencia por parte de los encargados del Hospital de la Mujer "Dr. Percy Boland Rodríguez" y el incumplimiento de las funciones de la DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, que no actuó conforme al mandato del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, sino como un observador de lo que estaba aconteciendo; además de una madre que permitió que AA fuera influenciada por los miembros de la Iglesia.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de los derechos a la vida, salud, dignidad, proyecto de vida, e interés superior de los niños, niñas y adolescentes de AA, citando al efecto los arts. 15.I y 61 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que:
- a)Se adopten las medidas necesarias para que la niña AA sea valorada por un médico especialista;
- b)Se le informe de manera objetiva, transparente y sin presión, para que AA tome conciencia de su estado de salud y pueda manifestar su voluntad en forma libre, plena e informada, respecto a la prosecución o no de la interrupción legal del embarazo; y,
- c)La DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz asuma medidas de protección necesarias para la niña AA.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 2 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 263 a 299, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La accionante, a través de su abogado, conforme el acta de audiencia, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, manifestó:
- 1)La niña AA viene de una familia disfuncional; pues, su padre agredió sexualmente a su hermana mayor BB y se encuentra privado de libertad;
- 2)Su madre rehízo su vida con una nueva pareja, Juan Carlos Santalla, cuyo padre, Miguel Santalla Rodríguez, -abuelastro- sería el agresor sexual de AA -de 11 años de edad-; quien, en el momento de presentación de la presente acción tutelar, llevaba veintitrés semanas de gestación;
- 3)La tía de AA presentó la denuncia por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente en contra de Miguel Santalla Rodríguez el 19 de octubre de 2021; en la misma fecha, la psicóloga de la DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, realizó la primera entrevista a la niña AA, oportunidad en la cual ésta manifestó su decisión de interrumpir su embarazo;
- 4)El 22 de igual mes y año, AA fue trasladada al Hospital de la Mujer "Dr. Percy Boland Rodríguez", donde se inició el procedimiento de la interrupción legal del embarazo -ingesta de la primera dosis de medicamento-; sin embargo, en pleno procedimiento, supuestos grupos religiosos ingresaron al referido Hospital y prometieron brindar cuidado, apoyo psicológico e inclusive ofrecieron dádivas económicas y protección después del nacimiento;
- 5)El 23 del mismo mes y año, mediante videos obtenidos, se evidenció que AA recibió la visita de una persona de un grupo religioso; y más tarde, por la madrugada, su madre informó que ésta continuaría con el embarazo y ambas firmaron un consentimiento viciado en sentido de continuar con el embarazo;
- 6)El 25 del citado mes y año, el SLIM del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz , a insistencia de la Defensoría del Pueblo, realizó una valoración psicológica de la niña AA, concluyendo, que fue influenciada por opiniones interesadas, provocando su cambio de opinión; puesto que, buscando asustarla, le dijeron que pondrían en un frasco con sal al bebé, provocándole temor al imaginárselo en pedazos;
- 7)El 26 del referido mes y año, se llevó a cabo una reunión interinstitucional en la que estuvieron presentes personeros de las siguientes instituciones: Ministerio de Salud, Gobernación de Santa Cruz, DNA y SLIM del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, Dirección de Maternidad del Hospital de la Mujer "Dr. Percy Boland Rodríguez" y la Defensoría del Pueblo; en aquella oportunidad, acordaron el traslado de la niña AA al Centro de Formación para Madres Adolescentes "Madre María" -perteneciente a la Iglesia Católica-, medida que fue adoptada sin definir si se daría curso al embarazo o a su interrupción legal;
- 8)Se omitió el deber de protección por parte de la DNA del GAM de Yapacaní y del GAM de Santa Cruz, que estuvieron todo el tiempo ausentes; y,
- 9)El personal de maternidad, permitió el ingreso de personas externas al centro de salud, influenciando la información que se dio a AA, provocando un consentimiento viciado -según informes que se le realizaron, ésta señaló que no tenía conocimiento de lo que le hicieron firmar- y autorizó su salida, poniendo en riesgo su salud y su vida.
I.2.2. Informe de la parte demandada
Silvia Zuazo Aramayo, representante de la DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, expresó lo siguiente:
- i)El 19 de octubre de 2021 se realizó la denuncia por violación, efectuada por la tía de la víctima, la niña AA fue internada en el Hospital de la Mujer "Dr. Percy Boland Rodríguez" por estar embarazada y para que se le aplicara el procedimiento de interrupción legal del embarazo;
- ii)El 23 de igual mes y año, la madre presentó una carta firmada desistiendo de la interrupción legal del embarazo; razón por la cual, se hizo una junta con los médicos de la dirección de maternidad del referido Hospital y representantes de la iglesia católica, en la que la DNA no participó;
- iii)En forma posterior, el personal de la DNA intentó comunicarse con la madre de AA sin ningún éxito, confiando en la protección que el citado Hospital debió brindar a la víctima y a su familia; además, los miembros de la iglesia no ingresaron en horario de visitas, a pesar de tratarse de un hecho delicado del que el Hospital tenía pleno conocimiento;
- iv)El 25 del citado mes y año, el equipo multidisciplinario de la DNA se constituyó en el Hospital, donde se reunieron con el director Mario Herbas Borja -codemandado-, quien informó que se suspendió la interrupción legal del embarazo, debido a que la madre de AA desistió del procedimiento, no pudiéndose realizar ninguna intervención sin el consentimiento de la familia;
- v)El prenombrado Hospital no cumplió con la -de 5 de febrero-; puesto que, según la misma, no se precisa el consentimiento de la familia, basta con el consentimiento de la niña; por ello, debieron haber procedido con la interrupción legal del embarazo; sin embargo, el referido hospital no lo hizo así;
- vi)El informe psicológico de 25 del citado mes y año, realizado por la psicóloga del SLIM del GAM de Yapacaní del citado departamento, donde se determinó que AA cambió su decisión por el temor que le ocasionó la visita de los personeros de la iglesia católica;
- vii)A fin de prevenir un mayor daño psicológico, debido a que AA se encontraba emocionalmente inestable y temerosa por las visitas que recibía, el 26 del referido mes y año, después de una reunión interinstitucional, se determinó el traslado de AA del Hospital al Centro de Formación para Madres Adolescentes "Madre María"; y,
- viii)El 29 de igual mes y año se presentó una ampliación de denuncia en contra de la madre de AA por el delito de violación agravada en grado de encubrimiento, debido a su falta de apoyo en este proceso, por evidenciar mayor preocupación por la repercusión que lo sucedido podría tener en su pareja -hijo del agresor-, en lugar de preocuparse por su hija.
Mario Herbas Borja, representante del Hospital de la Mujer "Dr. Percy Boland Rodríguez", manifestó lo siguiente:
- a)Cuando AA fue internada, la profesional del equipo de contención multidisciplinario de dicha Institución les explicó a ella y a su madre todo el procedimiento de intervención legal del embarazo, verificando que se contara con todos los requisitos que prevé el procedimiento técnico para la aplicación de los servicios de salud, en el marco de la -de 5 de febrero-;
- b)La niña AA y su madre decidieron no continuar con dicho procedimiento; por lo que, se les explicó que al haberse iniciado con dicho tratamiento, tendría que quedarse en observaciones para ver su evolución;
- c)De acuerdo con el informe de 25 de octubre de 2021, emitido por la psicóloga del SLIM, se tiene que la víctima decidió continuar con la gestación;
- d)Ninguna persona puede ser sometida a intervención quirúrgica si no manifiesta su consentimiento o terceros legalmente interesados, salvo peligro inminente de vida; en el caso concreto, la paciente cambió de parecer, produciéndose un impedimento por el tema de la voluntad;
- e)Por datos de la historia clínica -instrumento médico legal de atención a la paciente- el Hospital cumplió con todos los protocolos; pues, fue monitoreada y asistida por parte de la institución en todo momento y se le realizaron todos los estudios necesarios, evitando cualquier riesgo;
- f)El Hospital tiene un modelo de atención a las víctimas de violencia sexual y se basa en el cumplimiento de las leyes y la jurisprudencia constitucional vigente;
- g)Se solicitó una auditoría médica y de acuerdo a ello se podrán establecer las responsabilidades;
- h)En el Hospital se tienen circulares, dirigidas a la guardia de vigilancia, donde se regula el ingreso de usuarios, pacientes, funcionarios, visitas o proveedores particulares que ingresan a oficinas de la administración; y,
- i)Hubo negligencia por parte de la DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz en el seguimiento de la paciente, aunque manifiesten el personal del Hospital les pidió que se fueran, les correspondía a ellos exigir quedarse y realizar el acompañamiento respectivo.
I.2.3. Intervención del tercero interesado
Elisa Sánchez Cardozo, madre de la niña AA, a través de su abogado, manifestó lo siguiente:
- 1)Desconocía la gestación en la que se encontraba su hija;
- 2)Después de la denuncia, se la trasladó al referido Hospital para que se iniciara el procedimiento de intervención legal de embarazo, sólo se les informó sobre una sola alternativa, jamás se le informó que habría posibilidad de no abortar;
- 3)La DNA de Yapacaní dio información parcializada, dirigida a una sola decisión; pues, se le indicó que había que comprar un frasco con agua y sangre para poner al niño luego de la intervención, para proceder a realizar las pruebas de ADN y determinar la paternidad del violador;
- 4)Recibieron una llamada en la que las amenazaron con que si procedían con el aborto, irían presas;
- 5)Es falso que la iglesia católica u otras instituciones incidieron en su voluntad, ya que ella -como madre- y AA tomaron la decisión de continuar con el embarazo juntas, para posteriormente proceder con la adopción;
- 6)Ni la iglesia ni grupos religiosos decidieron dónde ingresaría AA, esa fue decisión de la citada DNA;
- 7)Su hija fue trasladada al Centro de Formación para Madres Adolescentes "Madre María", una institución que goza de prestigio nacional por el trabajo que realizan;
- 8)Se debe tener en cuenta que conforme a protocolo, sólo se procede a la interrupción legal del embarazo cuando hay consentimiento de la mujer, que en este caso no se dio; y,
- 9)Solicita se respete la voluntad manifiesta de AA, quien rechazó la interrupción del embarazo y se reconozca que no se le dio una información correcta, sino sesgada.
I.2.4. Intervención del Ministerio Público
Verónica Miranda, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías informó que:
- i)Se siguió con todos los actos investigativos, emitiéndose medidas de protección en favor de la víctima;
- ii)En las medidas de protección, se estableció que las autoridades estatales realizarían la ponderación que sea conveniente; y,
- iii)Que un informe de la junta médica señalaría cuan viable es o no el embarazo de la niña AA.
I.2.4. Resolución
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 241/2021 de 2 de noviembre, cursante de fs. 300 a 308 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que:
- a)La DNA del GAM de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, en coordinación con el Ministerio de Salud, organicen un equipo médico del más alto nivel compuesto por los profesionales y especialistas más destacados para realizar una valoración integral de la niña AA y emitan un criterio científico en el plazo de veinticuatro horas para que sea puesto en conocimiento de quienes deben dar el consentimiento informado;
- b)El Ministerio de Salud, en colaboración con la Defensoría del Pueblo, garanticen que no exista ningún tipo de influencia externa en la niña y se le garantice el acompañamiento de técnicos, especialistas y psicólogos;
- c)El Viceministerio de Comunicación emita un comunicado para evitar el manejo y tratamiento irresponsable de la información del presente caso; y,
- d)El Fiscal General del Estado y el Fiscal Departamental de Santa Cruz informen sobre el avance del proceso de investigación abierto contra el agresor, con base a los siguientes fundamentos:
- 1)la madre y la niña aceptaron que se practicara la interrupción legal del embarazo -procedimiento al que se dio inicio-;
- 2)No se logra comprender el papel que realizaron los personeros de la iglesia católica, que participaron en una junta médica, aspecto que debe ser considerado por el Ministerio Público;
- 3)El 23 de octubre de 2021 se decidió continuar con el embarazo, presentando una carta firmada por la madre y la víctima;
- 4)El consentimiento libre implica la inexistencia de algún tipo de injerencia religiosa, política u otra, situación que no sucedió en el presente caso, correspondiendo al Ministerio Público desentrañar lo sucedido;
- 5)No puede determinar si hubo o no responsabilidad del Hospital;
- 6)A estas alturas del proceso de gestación, existió un riesgo a la vida de la niña y la única forma de dar un criterio científico sería a través de la ciencia médica;
- 7)La DNA amplió la denuncia en contra de la madre, por lo que debió ser diligente en su actuación, debió de haberse valido de todos los instrumentos legales para evitar el contacto de la víctima con terceros y protegerla;
- 8)Se vició el consentimiento libre e informado, existiendo una afectación del derecho a la salud y la vida de la AA; y,
- 9)No corresponde pronunciarse sobre la decisión de continuar o no con el embarazo.
I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TC-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
II. CONCLUSIONES
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Se tiene que el 19 de octubre de 2021, Silvia Sánchez Cardozo -tía de la niña AA de once años de edad- presentó denuncia por el delito de violación contra Miguel Santalla Rodríguez -abuelastro de AA- (fs. 382); por informe ecográfico obstétrico y certificado médico legal, se estableció que AA tenía una gestación de veinte semanas y seis días (fs. 383 y 385).
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