0112/2022-S2

El impetrante de tutela a través de su abogado, reiteró el contenido del memorial de la acción de amparo constitucional, y ampliándolo señaló que:

1. a)El art. 320.II del CPP, establece que si un juez se allana a la recusación, el trámite será el de la excusa; en el presente caso, existiría un allanamiento a la recusación; ya que, el Juez recusado reconoció la relación con su abogado; por ende, habría una amistad estrecha, y de confianza entre ambos, debiendo aplicar el Tribunal demandado el art. 318 del citado Código; y,
2. b)Mediante informe de 28 de octubre de 2020, la aludida autoridad reconoció la causal de excusa, debiendo ser resuelta en el plazo de veinticuatro horas establecidas por ley; empero, de manera errada los demandados le dieron un trámite distinto, pese a que la acusación particular interpuso la recusación y hasta el 5 de diciembre del referido año, no fue dilucidada resultando en una dilación ilegal.

Claudio Tórrez Fernández, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 19 de enero de 2021, cursante a fs. 73 y vta., manifestó que:

1. 1)Antes de decretarse la cuarentena rígida el 2020, el proceso penal de referencia se encontraba en fase de exposición de alegatos y conclusiones y, emisión de sentencia; actuados que hasta la fecha de interposición de la acción tutelar no se llevaron a cabo debido a la actitud dilatoria, principalmente del acusado por la ausencia sistemática de sus abogados patrocinantes;
2. 2)Este se apersonó con Raúl Fernando Ferreira Gonzales, como nuevo defensor, quién pretendió que el Tribunal a su cargo realice el mencionado acto procesal sin la presencia del Fiscal de Materia, arguyendo haber retirado la acusación formal contra su defendido; petición desestimada con la determinación de ratificarse tal extremo en audiencia de juicio oral; sin que en esa oportunidad hiciera observación alguna respecto a la supuesta amistad íntima con su abogado; infiriendo que esta acción de defensa sería solo con fines dilatorios;
3. 3)El art. 320.II.2 del CPP, dispone que: "...'Cuando se trate de una o un Juez que integre un Tribunal, el rechazo se formulará ante el mismo Tribunal (...)'..." (sic); en el caso, el Juez recusado no se allanó, sino mediante su informe rechazó la recusación por falta de prueba que demostraba la supuesta relación de amistad íntima que medie con el abogado del peticionante de tutela; y,
4. 4)Su despacho estaba conformado por Solveiga Evelyn Pinto Michel -Jueza-; por tanto, innecesaria su convocatoria ante su obligación de participar en el trámite y emitir la resolución de recusación; además, de estar dirigido el informe de la autoridad recusada también a ella, extrañando la denuncia de supuesta falta de convocatoria; por ende, al no haber vulnerado ningún derecho constitucional, solicitó se deniegue la tutela.

Solveiga Evelyn Pinto Michel, Jueza del precitado Tribunal, a través de informe escrito presentado el 19 de enero de 2021, cursante a fs. 61 y vta., manifestó que:

1. i)Ante la recusación planteada por el accionante fue convocada por su homólogo Claudio Tórrez Fernández, Presidente de ese cuerpo colegiado; si bien, no fue parte del Tribunal de juicio, desde octubre de 2019, sería integrante de ese despacho;
2. ii)Por decreto de 10 de noviembre de 2020, se convocó a un miembro del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, para conformar el Tribunal de recusación, entendiendo que con uno solo de ellos se constituiría el quórum correspondiente, y posteriormente integrado con la participación de Armando Herrera Huarachi, Juez de ese Tribunal;
3. iii)Con la referida providencia se procedió con la notificación a los miembros del citado Tribunal de Sentencia; ya que, el Juez convocado debió ser designado conforme al orden de turno acorde con su organización interna; sin que ello, signifique vulneración de derecho alguno, menos del juez natural;
4. iv)Respecto a la causal invocada de recusación y el trámite que debió imprimirse; el Juez demandado no aceptó el aludido incidente, citando el inciso 11) del art. 316 del Código Adjetivo Penal, que establece como causal de recusación: "...el tener una amistad íntima, que se exteriorice por frecuencia de trato o enemistad manifiesta con alguno de los interesados o de las partes..." (sic); asimismo, advirtió no haberse adjuntado prueba que demostraría tal extremo, rechazando la solicitud presentada; no pudiendo darse el trámite de la excusa pretendido por el peticionante de tutela al no cumplir con el art. 320.II del CPP;
5. v)La providencia señalada tuvo carácter de reiteración; por cuanto, ya existió una convocatoria incluyéndola para resolver la recusación, cuyo trámite sería sumarísimo y no tendría que ver con la causa principal; y,
6. vi)En relación a la demora no le correspondía informar porque no sería presidente del Tribunal de recusación; por ende, solicitó se deniegue la tutela.

Leonardo Guillermo Gutiérrez Mendieta, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la misma Capital y departamento, mediante informe escrito presentado el 19 de enero de 2021, cursante a fs. 63 y vta., manifestó que:

1. a)En conocimiento del incidente de recusación en su contra, dentro del plazo legal, prestó el informe correspondiente, rechazándolo en aplicación del art. 320.II.3 del CPP, referente a la falta de prueba; ya que, a tiempo de suscitar el incidente no se demostró el cumplimiento de los parámetros establecidos para la causal invocada en el art. 316 inc. 11) del citado Código; es decir, probar una amistad íntima y si bien admitió que Raúl Fernando Ferreira Gonzales fue su abogado defensor dentro de un proceso penal; extremo que no determinaba que una relación contractual de servicio o cualquier otra de índole formal, se adecuaba al significado real de una amistad íntima exteriorizada por frecuencia de trato; en ese sentido, actuó dentro de los marcos de la verdad y transparencia, carente de vulneración de derecho ni garantía constitucional alguno; y,
2. b)Si existiera incumplimiento de plazos, participación irregular de la Jueza codemandada, así como, una inadecuada fundamentación o motivación, no sería atingente a su persona.

Armando Herrera Huarachi, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 19 de enero de 2021, cursante a fs. 71 y vta., y en audiencia de garantías, manifestó que:

1. 1)El 12 de noviembre de 2020, fue convocado por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la citada Capital y departamento para resolver la recusación presentada por el accionante y una vez analizados sus antecedentes, emitieron el Auto Interlocutorio 101/2020 de rechazo; fallo que cumplió con todos los requisitos de forma y contenido, así como, de argumentación, fundamentación y motivación necesarios, coherentes conforme a lo razonado por la 0SC 1365/2005-R de 30 de octubre;
2. 2)No podía cambiarse el trámite de la recusación por el de excusa, pretendido en la acción de amparo constitucional, ni el juzgador darle un trámite distinto; puesto que, el primero se halla reservado a las partes y el segundo a la autoridad jurisdiccional;
3. 3)El 13 de noviembre de 2020, se dictó el referido Auto Interlocutorio; es decir, dentro del plazo establecido por el art. 320 del CPP, la dilación o la demora en las notificaciones, ya no alcanzaba a sus responsabilidades;
4. 4)No podría adivinar que se presentaron recusaciones en las causas que tramita el aludido Tribunal, al que solo acudiría si existiera alguna convocatoria; y,
5. 5)Los principios de Bangalore, respecto de un delito inexistente serán analizados por el tribunal que efectuó el juzgamiento de dicho proceso, pues no le correspondería analizar como Juez convocado, sino la causal de recusación sobreviviente; cuya documentación luego de extraviada, fue complementada mediante otro memorial; sin embargo, el trámite de recusación sería inmediato, en el que se debió presentar prueba para exigir el cumplimiento de plazos, como deber de sujeto procesal y conforme lo establecido por la SC "2275/2010"; por ende, al no haber vulnerado derecho alguno, solicitó se deniegue la tutela impetrada, mas aún si este mecanismo de defensa no estuvo dentro de los alcances del art. 128 de la CPE.

Carol Jackeline Medrano López -en su condición de víctima dentro del proceso penal-, mediante su abogado en audiencia de garantías refirió que:

1. i)La acción de amparo constitucional fue interpuesta por tres motivos: transgresión al juez natural, por retardación de justicia y falta de convocatoria; supuestamente en razón de no haberse efectuado una adecuada convocatoria; sin embargo, el 29 de octubre de 2020, se realizó la misma sin direccionar quien debía conformarlo; ya que, según el accionante presentó su recusación el 27 de similar mes y año, resuelta por Auto Interlocutorio 101/2020; mismo que pidió se anule; lo que, no sería viable porque no señaló contra que autoridad del Tribunal demandado fue planteada, argumentando escueta y genéricamente su pretensión;
2. ii)En la vía procesal ordinaria, no existirían "complementaciones, declaraciones" a la presentación de un incidente de recusación y en el caso de referencia, el peticionante de tutela no adjuntó prueba alguna, ni explicó que era por una causal sobreviniente; asimismo, observó que dicho trámite fue desplegado en etapa de juicio; es decir, fuera del plazo previsto en el art. 319.I.2 del Código Adjetivo Penal y, si bien el Tribunal de recusación de manera objetiva rechazó dicho incidente, correspondía que el impetrante de tutela reclame en audiencia; omisión que trató de subsanar con acciones posteriores siendo su intención dilatar el proceso; y,
3. iii)La jurisdicción constitucional no podría ingresar a analizar la interpretación ordinaria; por cuanto, conforme lo desarrollado por la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, deben cumplirse tres requisitos: por vulneración del derecho a una resolución congruente y motivada; que la valoración probatoria se aparte de los marcos de razonabilidad y equidad; o, que exista incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico; lo que, no ocurrió en el presente caso; por lo que, solicitó se deniegue la tutela; asimismo, se sancione al accionante por su accionar dilatorio.

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 11/2021 de 20 de enero, cursante de fs. 86 a 95 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio 101/2020, debiendo en consecuencia el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital de dicho departamento, dictar uno nuevo en el plazo de cuarenta y ocho horas hábiles, a partir de la emisión del referido fallo, con el quórum correspondiente. Con base en los siguientes fundamentos:

1. a)Respecto a la vulneración al juez natural en su vertiente de imparcialidad; el citado Auto Interlocutorio, no ingresó en ningún momento al análisis de lo que se constituyó la recusación; es decir, no indicó cuál el objeto de ese instituto ni señaló para qué sirve; cuáles serían sus elementos, ni mencionó cómo fue que la recusación estaba mal formulada o no era adecuada a los hechos fácticos o legales;
2. b)Con relación a la causal invocada por el art. 316 inc. 11) del CPP, referida a la amistad que podría existir; ese elemento no fue evocado en el informe emitido por el Juez recusado, menos analizado por el Tribunal demandado al resolver el incidente planteado, que omisivamente sin conocer mayores antecedentes, no valoró dicho documento, señalándolo únicamente de manera enunciativa; o sea, no hizo un análisis objetivo, pese a que de forma clara sostuvo que fue un hecho que no se podría negar; empero, a tiempo de dictar el Auto Interlocutorio cuestionado y aludir a este, refirió aspectos que no fueron solicitados, además, de insertar apreciaciones que no se encontrarían establecidas de manera inteligible dentro de dicha literal, asignándole una interpretación y afirmaciones que no correspondían; por otra parte, en sus considerandos tampoco ingresó en ninguna valoración del mismo, constituyéndose en una prueba absolutamente cabal e idónea, que debió ser considerada a tiempo de dictarse la resolución atingente;
3. c)Respecto de la lesión a los derechos a la motivación y fundamentación como componente del debido proceso; el Auto Interlocutorio 101/2020, explicó que no tomo en cuenta el informe del Juez recusado, literal esencial al momento de considerar el criterio de la referida autoridad, ingresando en una falta de motivación; asimismo, señaló de forma genérica la norma procesal; por lo que, no podía ser motivo para rechazar una recusación la consideración subjetiva del Tribunal demandado, que simplemente la consideró como una actitud dilatoria; consecuentemente, al tratarse de un incidente especializado, correspondía pronunciarse sobre el fondo de la pretensión, como sería la recusación, la verificación de la imparcialidad de la prueba y la valoración del informe; no así, de forma directa deducir que ese instituto era un acto dilatorio; consecuentemente, entre la petición y la resolución, en el fundamento de esa causa se encontraría una incongruencia interna; por otro lado, tampoco entró en un análisis pormenorizado conforme previene el art. 320.II del Código Adjetivo Penal, cuando nos da el trámite de un procedimiento de recusación; por lo que, en el caso, "...al haberse señalado y evidenciado que existe una omisión en la fundamentación y motivación, de esta resolución, que deben necesariamente ingresar en valoración de prueba, circunscribirse al pronunciamiento, de lo que se ha solicitado en relación al fundamento de la recusación, misma se entiende que hay una lesión al debido proceso en su vertiente de motivación y congruencia" (sic);
4. d)En relación a que este trámite se habría desarrollado fuera de la ley; de acuerdo a precedentes emitidos anteriormente por el citado Tribunal Departamental de Justicia y otros; el art. 320 del CPP, no solamente establece el procedimiento, sino también los tiempos para su resolución; en el caso, transcurrió superabundantemente el plazo previsto en el citado artículo, teniéndose inclusive el pronunciamiento expreso de la hoy tercera interesada, cuando indicó que estarían fuera de plazo para resolver ese incidente de recusación; aspecto que también se constituiría en una vulneración al debido proceso; y,
5. e)Sobre la observación de cómo se señaló el llamamiento, y por qué se convocó a un juez de otro tribunal para resolver la recusación; la parte demandada justificó que fue porque constituían quórum suficiente; empero, el Auto Supremo 931/2016-RRC de 24 de noviembre, en su ratio decidendi, determinó de forma clara que la exclusión de un juez "técnico" en un tribunal de sentencia, hace quórum con los otros dos restantes, para que estos puedan desarrollar el juicio oral, lo prosigan y concluyan, conforme los arts. 5 de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal (LDESP); 60 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); y, 318 del CPP; es decir, que los juicios podrían desarrollarse con solamente dos jueces; por lo que, en todo caso si el Tribunal de Sentencia demandado, contaba con ese quórum, por analogía podía desarrollar no solamente un juicio, sino también un incidente especializado; lo que, no justificó mayor dilación en su trámite; máxime si la misma parte demandada a tiempo de desarrollar la audiencia estableció que el juez "técnico" que lo conformaba, podía igualmente participar en la resolución de la recusación; por ende, al haber sido pronunciada la Resolución cuestionada con falta de motivación, fundamentación y congruencia, otorgó la tutela solicitada.

El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la "legalidad", a la defensa, al juez imparcial, al "recurso efectivo" y al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y "coherencia"; alegando que:

1. 1)Las autoridades demandadas a través del Auto Interlocutorio 101/2020 de 13 de noviembre, rechazaron su incidente de recusación promovido contra uno de los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, por la causal prevista en el art. 316 inc. 11) del CPP, pronunciando una determinación carente de la debida fundamentación y motivación; por cuanto, pese a que el Juez recusado en su informe de 28 de octubre de idéntico año, admitió las causales y motivos de la recusación, indicaron que no acompañó prueba idónea, concluyendo con la consideración de no haberse propuesto claramente si la causal invocada tenía el carácter sobreviniente, y que además su pretensión fue formulada de manera dilatoria, fuera del plazo establecido por ley;
2. 2)Indebidamente convocaron a todos los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal siguiente en número para la resolución de su incidente; sin embargo, suscribió la Jueza codemandada, no emplazada; y,
3. 3)Emitieron el precitado fallo, fuera del plazo determinado para el efecto, contraviniendo lo previsto en el art. 130 del CPP lesionando sus derechos invocados.