0113/2019-CA

Mediante "Auto Definitivo" 10/2016 de 22 de marzo de 2016, cursante de fs. 27 a 28, el Juez Agroambiental de Montero del departamento de Santa Cruz, declinó competencia en la demanda ejecutiva interpuesta por Mario Fabricio Castro Cordero, Director General Ejecutivo a.i del Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) contra Freddy Bravo Mamani, en representación de la Comunidad Campesina de Productores Agropecuarios Piraí, Encarnación Apaza de Bravo, Rosa Colque Montaño, Flaviano Salazar Saavedra, David Salazar Colque, Roberto Castillo Durán, Paulina Flores Carbajal y Jhovana Bravo Apaza, ordenando la remisión del expediente ante el Juez Público Civil y Comercial de Turno de Montero; señalando los siguientes argumentos:

1. a)Inicialmente la demanda ejecutiva fue planteada ante el Juez Público Civil y Comercial Quinto del departamento de Santa Cruz, quien mediante Auto Definitivo de 15 de octubre de 2015, declinó competencia ante el Juzgado Agroambiental de la misma ciudad; recibidos los antecedentes dicha autoridad por Auto 03/2016 de 26 de febrero, se declaró incompetente para conocer y resolver la citada demanda ejecutiva y dispuso la remisión al Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de Montero;
2. b)Tanto la jurisdicción como la competencia están establecidos la Constitución Política del Estado y en los arts. 11 y 12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), y no de la voluntad del juzgador público; la competencia en razón de territorio se ampliará únicamente por consentimiento expreso o tácito de las partes exceptuando lo dispuesto en leyes especiales;
3. c)Si bien es cierto que, es de competencia de los jueces agroambientales conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria de acuerdo al art. 39.8 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), modificada y ampliada por el art. 23 de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria -Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006-; sin embargo, el proceso ejecutivo que forma parte del proceso de estructura monitoria se encuentra reglado y previsto en los arts. 375, 376 inc. 1), 377, 378, 379, 380 y ss. del Código Procesal Civil (CPC), que es de aplicación y competencia jurisdiccional ordinaria civil-comercial, y no así de la jurisdicción agroambiental, teniendo en cuenta que aún no existe un procedimiento específico para sustanciar una acción ejecutiva agroambiental, y la competencia asignada a los jueces agroambientales en el art. 152.12 de la LOJ, aún no está en vigencia conforme lo reconoció y estableció expresamente el Tribunal Agroambiental mediante el "A.N.A. S2da 030/2015 de 27 de mayo"; y,
4. d)Debe tenerse en cuenta que según la Disposición Transitoria Tercera parágrafo V del CPC, señala que: "Todas las competencias y atribuciones conferidas en otras normas a las Juezas y Jueces de Instrucción y Partido en lo Civil y Comercial, pasarán a ser competencia y atribución de Juezas y Jueces Públicos en materia Civil y Comercial, no pudiendo alegarse falta de competencia", actuar en contrario sería vulnerar el principio de legalidad.